Dos mujeres mestizas fueron acusadas de hacer "brujería" en zona serrana ecuatoriana de Calhuasig Chico contra pobladores que afirman fueron engañados. Las mujeres, retenidas desde hace una semana, esperan ahora su "castigo" de acuerdo a las costumbres indígenas.
En 1996, en esta misma población, incrustada en los páramos andinos, otras dos mujeres acusadas de algo similar, fueron juzgadas por los indígenas. Recibieron semi desnudas y frente a toda la comunidad, un castigo que consistía en baños de agua helada y azotes con ortiga.
El escarmiento público es una forma de aplicar justicia de acuerdo a las costumbres indígenas. Más que el dolor físico, la vergüenza y la exposición a la comunidad representa una muestra de lo que otros pueden recibir, de cometer faltas.
A Calhuasig Chico, un poblado de no más de 200 habitantes, se llega atravesando un largo y sinuoso camino de piedras en medio de las montañas. La capital de provincia más cercana, Ambato, se ubica 30 kilómetros al este.
Este poblado, rodeado de pintorescos cultivos de habas, papas, quinua (su actividad de sustento), tiene una sola calle de tierra a lo largo de la cual se distribuyen no más de 20 casas de cemento con techos de metal o paja.
A las mujeres, Ruth Terán, de 49 años y su hija de 16, las llaman "brujas". El martes, al menos 1.000 indígenas se concentraron en la plaza del pueblo, y en una suerte de asamblea, los dirigentes exhibieron las supuestas pruebas de los actos de brujería: unos libros llamados de "San Gonzalo" con nombres de los presuntos afectados por maleficios y otras herramientas utilizadas para esa clase de prácticas.
Según la creencia popular, en esos libros, terceras personas pagan para inscribir a quienes serán afectados por maleficios. Las supuestas hechiceras se encargan de borrar los nombres a cambio de dinero.
Los familiares de las presuntas brujas retenidas presentaron una denuncia ante un juzgado de Ambato contra el dirigente indígena Antonio Quinatoa, acusándolo de secuestro, pero poco después desistieron de la demanda a la espera de una salida negociada con los indígenas. Quinatoa permanece detenido en Ambato.
Una de las detenidas permanecía en una casa del poblado, pero el dueño del inmueble al percatarse que la hechicera era observada, cerró la puerta.
Pedro, habitante de Calhuasig Chico, quien declinó dar su apellido, dijo que justificaba la retención porque "mucha gente pagó para que las brujas les curen, les borren de los libros de San Gonzalo pero nada pasó".
"Uno ya se murió y otro está mal", señaló, mientras agregó que "hay unos que pagar hasta 4.000 dólares" para recibir los favores de las mujeres.
Otro indígena, Segundo Julián, aseguró que sus dirigentes "dicen que todavía no hay una respuesta, estamos esperando, mientras no liberen a nuestro compañero (Quinatoa), ellas tampoco pueden irse".
Julián, en quichua, comunicaba esa decisión a sus compañeros que estaban congregados y que habían llegado desde otros poblados cercanos. Los habitantes de esta zona viven en condición de pobreza evidente, tienen electricidad pero no agua potable. y los centros de salud más cercanos, están a más de una hora de camino en vehículo y un juzgado a más de dos horas.
La Constitución, aprobada en 1998, estableció que los pueblos indígenas, 7% de acuerdo con el último censo, pueden ejercer justicia "aplicando normas y procedimientos propios para la solución de conflictos internos de conformidad con sus costumbres ... siempre que no sean contrarios a la constitución y las leyes".
Enrique Echeverría, un experto constitucionalista, recalcó que en casos como los de Calhuasig, "se pasan de la raya, porque la ley claramente señala que su justicia (indígena) se limita a asuntos internos".
"Juzgar y sancionar con la privación de la libertad, por ejemplo, es tarea del estado, la constitución prohibe la flagelación, los tormentos y ese tipo de cosas", agregó.