La historia de la sirvienta que se convirtió en ministra

Casimira Rodríguez dejó a su familia en el campo a los 13 años de edad, huyéndole a la pobreza, y se fue a trabajar como empleada doméstica en la ciudad.

En lugar de mejorar su condición, se sumergió en una pesadilla, en la que vivió casi como esclava, y observó de primera mano las injusticias que padecen muchos desposeídos en Bolivia.

Rodríguez cocinaba, hacía la limpieza y cuidaba a los niños de una familia de 14 miembros. No se le pagaba y se le permitía salir a la calle sólo para comprar alimentos, según relata.

Luego de dos años, se escapó y demandó a sus empleadores ante un tribunal rural, en busca de los sueldos atrasados. Un juez le dijo que debía tener paciencia. Un cuarto de siglo después, sigue esperando.

Es posible que Rodríguez finalmente sea compensada. Después de todo, es la ministra de Justicia de Bolivia.

El desafío que tiene por delante, no obstante, es mucho más grande: reformar uno de los sistemas judiciales más ineficientes, corruptos y sobrecargados de Latinoamérica.

Rodríguez es una india quechua de 40 años que llegó a encabezar el sindicato de empleadas domésticas. No es abogada ni tiene experiencia en los tribunales. La suya es una presencia que no pasa inadvertida: luce indumentarias tradicionales indias y dos largas trenzas.

Ya lleva tres meses en el gabinete y todavía no presentó un proyecto de reformas.

Sus detractores dicen que carece de la experiencia necesaria. Después de todo, trabajó como empleada doméstica 18 años y estudió antropología en la universidad al mismo tiempo que dirigía el sindicato de ese ramo. El Colegio Nacional de Abogados de Bolivia exigió públicamente su renuncia.

Pero el presidente Evo Morales, con su propuesta izquierdista y de defensa de los indígenas, dijo que piensa mantenerla en el cargo.

Y Rodríguez parece imperturbable. Dice que espera humanizar el sistema judicial y reforzar al mismo tiempo los sistemas tradicionales indios de justicia comunitaria, que responden más a los ancianos que a los tribunales.

"Conozco las leyes así como todos los artículos, pero la vida nos a hecho vivir también la injusticia y podemos sentir el dolor de cada hermano y hermana boliviana, esa sed de justicia", expresó Rodríguez en una reciente entrevista.

La policía boliviana tiene fama de pedir dinero a las víctimas de delitos para proceder con las investigaciones. Los tribunales penales rechazan el 96% de las denuncias y cuando deciden procesar a alguien, las demoras son tales que el sistema ha perdido toda credibilidad, según un estudio realizado en el 2005 por la organización de Washington Parners of the Americas.

Un 64% de los bolivianos tienen poca o ninguna fe en su sistema judicial, según un estudio de febrero de la firma Apoyo Opinión y Mercado. La encuestadora dijo que hace dos años el 84% no confiaba en la justicia.

El hecho de que menos gente exprese desconfianza podría ser un indicio de que la llegada de Evo Morales genera esperanzas. Pero la tarea por delante es monumental.

Para empezar, el sistema judicial estrenado en la década pasada no funciona bien.

Y el hecho de que Bolivia destine apenas el 1% de su presupuesto a la justicia no ayuda mucho.

"Gran parte de los conflictos (legales) que existen no llegan al sistema" judicial, señaló Cristian Riego, director académico de Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), dependiente de la Organización de Estados Americanos.

Los que más sufren son los indígenas y la gente que trabaja en la economía informal.

Rodríguez dijo que tratará de aumentar el presupuesto y de hacer que el sistema judicial satisfaga las necesidades de los pobres, que representan más del 60% de la población boliviana.

También quiere mayor respeto para la justicia comunitaria, que sigue siendo usada en buena parte del país y en la que líderes comunitarios ancianos imparten sentencias que pueden incluir castigos corporales.

"El tema de la justicia comunitaria es tan diferente a la justicia ordinaria; allí no se gasta plata (dinero) y, por más que no sea reconocido legalmente, se resuelve en horas o a lo sumo una semana. Es un poco mas fraternal", manifestó Rodríguez.

Este tipo de pronunciamientos alimentan los pedidos de renuncia.

"No creemos que sea la persona idónea, la persona adecuada, capacitada para generar políticas serias", expresó Jaime Hurtado, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados de Bolivia.

Hurtado opina que Rodríguez no tiene idea de cómo manejar un sistema judicial moderno.

Diana Urioste, secretaria de Coordinación de la Mujer, una entidad sin fines de lucro que agrupa a organizaciones defensoras de los derechos de la mujer, dijo que esas críticas son injustas y a menudo reflejan prejuicios raciales.

"(Rodríguez) Es una persona de una calidad humana muy grande, por lo que conozco es una persona sencilla pero que tiene ideas claras y siempre creo que los sujetos necesitan oportunidades para demostrar realmente de lo que son capaces", declaró Urioste.

Rodríguez vive en un barrio pobre de La Paz, en una oficina de la Federación Nacional de Empleados Domésticos. Sigue presidiendo la Federación de Empleados Domésticos de América Latina y el Caribe.

Rodríguez admite su falta de conocimientos legales, pero justifica su nombramiento diciendo que es parte de una política que busca poner fin a la tradicional hegemonía de la elite de ascendencia europea.

"Es un reconocimiento a un sector que estaba muy postergado, despreciado. Creo que cuesta, ha costado mucho, poner una mujer de pollera, una trabajadora del hogar aquí", declaró Rodríguez.