Quitan concesión a Suez y el servicio de agua vuelve a manos del Estado

El ministro de Planificación, Julio De Vido, anunció el martes "la rescisión del contrato de Aguas Argentinas, por culpa del concesionario" e informó que la empresa Aguas y Saneamientos Argentinos (AYSA) se hará cargo de la prestación del servicio de agua potable y clocacas en la Capital Federal y el conurbano bonaerense.

De Vido formuló el anuncio durante una conferencia de prensa brindada en Casa de Gobierno, luego que el presidente Néstor Kirchner tomara la decisión de dar de baja la concesión.

El ministro anunció también que Carlos Ben, actual integrante del directorio de Aguas, será el titular de la flamante empresa, en la que los trabajadores seguirán manteniendo el 10 por ciento del capital accionario.

La rescisión del contrato con Aguas Argentinas se realizará mediante un decreto de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo, que posteriormente será enviado al Congreso para su ratificación.

De Vido indicó que serán puestas en funciones -en la sede de la empresa Tucumán 752- la nuevas autoridades.

En cuanto a las tarifas, quedó descartado cualquier posible incremento, al señalar el ministro que, en materia tarifaria, "se va a seguir la misma política de los ultimos dos años y medio".

En AYSA, el Estado tendrá en sus manos el 90 por ciento del capital accionario, en tanto los trabajadores conservaran el 10 por ciento que poseen en la actualidad a través del Programa de Propiedad Participada (PPP).

Al referirse a una posible reprivatización del servicio de Aguas, De Vido se limitó a decir que "la empresa hoy es estatal, mañana veremos", tras lo cual brindó garantías sobre la continuidad laboral del personal.

El detonante de la medida conocida el martes, según De Vido, fue la ineficiencia de la empresa para resolver la contaminación de nitratos que se detectó en algunos pozos de agua del sur del conurbano, que fueron habilitados este verano para resolver una bajas en la provisión.

Sin embargo, la empresa arrastraba problemas desde el 2001 con la congelación de tarifas y según De Vido, "siempre le interesó más hablar de aumento de tarifa" que de aspectos vinculados al servicio.

"Esta demostrado que no dio una solución definitiva al problema de los nitratos a pesar de toda la cooperación, asistencia que ha recibido del Estado", dijo el ministro, al tiempo que aseguró que en este caso "el Estado debe reaccionar con severidad".

En consecuencia concluyó que "la empresa no puede continuar al frente del servicio de provisión de agua".

De Vido fundamentó la decisión del Gobierno, en la necesidad de priorizar la defensa de los sectores más necesitados de la población y en defensa de los "abusos" cometidos por la firma concesionaria.

"El Estado argentino debe protejer de manera prioritaria los más indefensos frente a los abusos comentido por la empresa Aguas Argentina y la medida se tomó considerando que el acceso al agua es considerado un derecho humano que debe estar basado en la justicia social y requiere que esta realice actitudes positivas", dijo el alto funcionario.

El ministro, acompañado por el gobernador bonaerense, Felipe Solá, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Telerman, y el secretario de Obras Públicas, José López, detalló los elementos tomados en cuenta por el Estado para dar de baja la concesión por "incumplimiento".

De Vido calificó de "tendencioso" al modo de plantear la rescisión por parte de la empresa y recordó de ésta se "beneficio" con los sucesivos incrementos que se le otorgaron durante los primeros años de la concesión, cuando María Julia Alsogaray era secretaria de Medioambiente.

"El aumento tarifario del que se benefició Aguas Aregentinas en sucesivas renegociaciones en el inicio de la concesión, descartan obtáculos económicos para la realización de obras necesarias y comprometidas hace años", argumentó el ministro.

El ministro añadió que "en todo caso si esto realmente existiera, sólo son impedimientos que se debieron basicamente al modo del endeudamiento externo de la empresa y a la forma de gerenciarse".

De Vido consideró que "la renegociacion del contrato no puede haber implicado excusa alguna para incumplir con las obligaciones. La crisis de 2001 afectó a todos los argentinos y a ninguno de nosotros se nos autoriza a incumplir con nuestras obligaciones, con la ley y con los contratos que tenemos pactados", concluyó.

Asumió Carlos Ben

El secretario de Obras Públicas, José López, puso el martes por la tarde en funciones al nuevo presidente de Agua y Saneamiento Argentinos (AySA), Carlos Ben, y convocó al personal de la empresa a colaborar en "esta nueva etapa que se abre tras la decision del presidente Néstor Kirchner" de rescindir el contrato a Aguas Argentinas.

"Queremos que participen en esta etapa de la empresa que arranca con fuerza y la capitalización necesaria para desarrollar el plan de acción inmediato tendiente a eliminar los nitratos del agua y garantizar así la salud de la población", señalo López, en el acto realizado en la planta potabilizadora General San Martin, ubicada en Figueroa Alcorta y La Pampa.

El funcionario señaló que los objetivos de la nueva empresa son "proveer agua a 2 millones más de ususarios" y "construir cloacas para 4 millones de personas" de Capital Federal y el Gran buenos Aires que fueron marginados del servicio por la empresa francesa.

Asimismo, indicó que AySA contará con los fondos necesarios para el desarrollo de las obras comprometidos por la Nación, la provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires y los municipios de 17 partidos del conurbano bonaerense.

"AySA dispone de 144 millones de pesos para el desarrollo de las obras proyectadas para 2006 y en los próximos 20 días se anunciarán el plan de negocios y el programa de inversiones del próximo quinquenio" afirmó.

Por su parte el secretario general del Sindicato de Empleados de Obras Sanitarias, José Luis Lingeri, destacó el coraje del presidente Kirchner que "con esta medida enfrentó a los intereses de Francia, Reino Unido y España" y comprometió el respaldo de los trabajadores a la nueva etapa de la empresa.

El dirigente justificó el acompañamiento gremial a la privatizacion dispuesta por el gobierno de Carlos Menem como "un momento en la historia, en el que no teníamos alternativa, nos pusieron entre la espada y la pared, nos quitaron la capacidad presupuestaria, nos desprotegieron cuando la obligación del Estado era ser responsable de la salud y el bienestar de la población".

No obstante Lingeri advirtió que "volver a depender del Estado no es reconquistar una beca para cobrar sin esfuerzo" sino la posibilidad de "recuperar la mística del trabajo, la pasión por realizar" con la "seguridad de que esta es la última oportunidad" de savar adelante la empresa.

Tambien Carlos Ben, el flamante presidente de AySA rescató el "orgullo de pertenecer a la empresa por generaciones" para recuperar "el profesionalismo y la pasión que nos permita recuperar el lugar de los pioneros y estar a la altura de las circunstancias" que demandan el nuevo emprendimiento.