Italia endurece las penas para el consumo y venta de drogas

La nueva ley equipara las sustancias duras y blandas y prevé castigos de hasta 20 años de cárcel y multas de hasta 260 mil euros. Además establece sanciones para el consumo personal, como permanecer en casa o no frecuentar locales públicos

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(EFE).- La Cámara de Diputados italiana aprobó hoy una norma, criticada por la oposición de centro-izquierda, que equipara las drogas duras y blandas y establece sanciones administrativas para el consumo personal.

La nueva normativa contra las sustancias estupefacientes se incluye en una enmienda del decreto-ley que regula ciertos aspectos de los Juegos Olímpicos de invierno, que comienzan esta semana en Turín, y que fue aprobado por 271 votos a favor y 190 en contra.

La norma establece una tabla única de estupefacientes y prevé penas de seis a 20 años de cárcel y multas de hasta 260.000 euros para quien cultiva, produce, fabrica, extrae, refina, transporta, comercia, vende, ofrece, cede, comercia, compra o está en posesión de drogas, a no ser que sea para uso estrictamente personal.

Sin embargo, los diputados no se pusieron de acuerdo sobre el límite de posesión para uso personal, por lo que será el Ministerio de Salud el encargado de fijar la cantidad.

La posesión de una cantidad de droga dentro del límite del uso estrictamente personal puede suponer la aplicación de sanciones administrativas como la suspensión del carné de conducir o el pasaporte y el permiso de residencia para los no comunitarios.

Si la tenencia de una pequeña cantidad de droga supone una conducta que pueda derivar en un peligro para la seguridad pública, se activan medidas, por un máximo de dos años, como la obligación de presentarse dos veces a la semana ante la Policía, estar en casa a una hora determinada o no poder frecuentar algunos locales públicos.

La norma ofrece al juez la potestad de establecer si se trata de consumo o venta, teniendo en cuenta no sólo los límites de cantidad sino otros elementos.

Dentro del proceso penal y de ejecución de la pena, prevé medidas para facilitar la desintoxicación para los condenados a menos de seis años, como seguir un programa terapéutico.

Este endurecimiento suscitó ayer las protestas del Movimiento Antiprohibición contra la normativa, promovida por la Alianza Nacional, integrada en la coalición de centro-derecha en el poder.

El ministro de Relaciones con el Parlamento, Carlo Giovnardi, mostró su satisfacción por la aprobación, que da una respuesta "firme" al problema de la droga y aseguró que toda la polémica es "infundada".

El jefe del grupo de Democráticos de Izquierda -principal partido de la oposición- en el Parlamento, Luciano Violante, consideró que se trata de una norma "equivocada", tan "genérica" que dará pie a diversas interpretaciones en el país y no supone una verdadera lucha contra la droga ni ayuda a curar la drogodependencia.

Tanto los Verdes como Refundación Comunista quieren que si el centroizquierda gana las elecciones del próximo 9 de abril, tal y como señalan hasta ahora los sondeos, el nuevo gobierno que salga de las urnas anule la norma.

La oposición también ha criticado la forma en que ha sido aprobada ya que el Ejecutivo la incluyó en el decreto-ley que regula ciertos aspectos de los Juegos Olímpicos, para acelerar así el procedimiento.