El Senado aprobó y giró en segunda revisión a la Cámara baja un proyecto que habilita al Estado a pedir la eliminación del secreto bancario, bursátil, fiscal y profesional para aquellos casos en que se investiguen operaciones de lavado de dinero.
El proyecto, que cosechó 45 votos a favor y el único rechazo del justicialista Jorge Yoma (La Rioja), intenta acelerar y garantizar las investigaciones para combatir el lavado de activos, a cargo de la Unidad de Información Financiera (UIF), un ente autárquico que depende del Ministerio de Justicia.
Según la ley, la UIF podrá exigir el levantamiento del secreto bancario, bursátil y fiscal en los casos en que se investiguen operaciones de lavado de dinero.
En el caso del secreto fiscal, cuando la UIF detecta un caso sospechado de lavado de divisas deberá recurrir al juez federal competente, el cual tendrá 30 días para decidir si levanta el secreto o no.
No obstante, si la AFIP detecta una operación sospechosa, podrá compartir el secreto fiscal con la UIF, sin necesidad de recurrir a la Justicia.
Cuando la UIF haya agotado el análisis de la operación sospechosa y surjan elementos suficientes para probar el ilícito deberá enviar la investigación al Ministerio Publico a fines de establecer si corresponde ejercer la acción penal.
Según un estudio del Fondo Monetario Internacional (FMI), se blanquea anualmente alrededor de 4 por ciento del PBI mundial, negocio que mueve entre 600 mil millones y 1.8 billones de dólares por año.
Ahora, el proyecto deberá ser tratado nuevamente por la Cámara de diputados, que decidirá si apoya los cambios que introdujo el Senado o insiste en su sanción original.
Para insistir en su sanción, Diputados deberá aprobar todos los artículos de la norma -menos el segundo-con mas de dos tercios de los legisladores presentes.
Durante el debate, la justicialista Sonia Escudero (Salta) explicó que el proyecto se redactó sobre la base de una serie de recomendaciones que realizó al país el Grupo de Acción Financiera Internacional.
Dicho organismo -que se creó mediante un tratado internacional que Argentina ratificó en el 2000- está integrado en la región por Chile, Brasil, Estados Unidos y Canadá, entre otros países.
El proyecto también modifica los artículos 277 y 278 del Código Penal, estableciendo que cuando las operaciones ilegales superen los 50 mil pesos en ningún caso se podrá aplicar excusas absolutorias.
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