La Cámara en lo Penal Económico confirmó la continuidad de la investigación contra el director técnico de fútbol Daniel Alberto Passarella y avaló la realización del juicio oral por el supuesto contrabando de un yate que compró en Estados Unidos en 1997, al rechazar un planteo de prescripción interpuesto por la defensa del ex jugador y entrenador de la selección argentina.
La resolución que acelera el juicio oral a Passarella por un delito que tiene un máximo de 10 años de prisión, fue adoptada por la Sala B de la Cámara integrada por los camaristas Marcos Grabivker, Carlos Pizzatelli y Roberto Hornos y confirmó una decisión del renunciante juez del fuero Julio Speroni.
Según surge del fallo al que tuvo acceso Infobae.com, los abogados de Passarella consideraron que el hecho que se le imputa al ex técnico de River, debía subsumirse en un articulo del Código Aduanero menos gravoso al asignado por la fiscalía, lo que permitiría obtener la prescripción.
Esos argumentos fueron rechazados por la justicia, al tomar en consideración la fecha en la cual el juez Speroni citó a Passarella a prestar declaración indagatoria (el 11 de febrero de 1998), lo que constituye el primer acto procesal como para interrumpir la prescripción, la del pedido de elevación a juicio (16 de diciembre de 2004) y la pena que podría corresponderle por el delito.
A partir de la decisión de la Cámara, el caso está listo para ser sometido a juicio oral y público por el delito de contrabando previsto, según el pedido de elevación de la fiscalía, en el artículo 865 del Código Aduanero que tiene una pena de entre 4 y 10 años de prisión.
En 1997, el entonces director de la Administración Federal de Ingresos Públicos de Argentina (AFIP), Carlos Silvani, acusó a Passarella de haber declarado la compra de la embarcación en 70.000 dólares cuando en realidad habría pagado 161.000 más otros 60.000 por arreglos y equipos para la misma.
La AFIP lo acusó de evasión de impuestos, de factura falsa y luego se inició la causa judicial por contrabando que recayó en el juez Speroni.
En la investigación también fueron procesados Claudio Crosta, un presunto gestor en la importación e inscripción del yate , y Raúl Fernández, un agente de Aduanas que suscribió la documentación para esa operación.
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