Una menor de edad, sin permiso de sus padres, había concurrido a un lugar para colocarse un aro en la lengua. El piercing conllevó una infección y, por las complicaciones médicas, parte de la lengua de la jovencita tuvo que ser amputada.
Aunque parezca menos problemático que un tatuaje, un piercing es riesgoso y puede acarrear infecciones como HIV o hepatitis.
En poco tiempo, hacerse un tatuaje o ponerse un arito en la nariz será un trámite más complejo, pero a la postre, más cuidadoso. Varias provincias y municipios argentinos van camino a regular esta modalidad, cuyos principales adeptos van de los 14 a los 30 años.
La polémica también llegó al Senado de la Nación, que tiene en estudio un proyecto presentado en abril por el senador radical por Chubut, Norberto Massoni. La iniciativa reglamenta la actividad de los establecimientos
donde se realizan practicas de tatuajes y piercing.
La finalidad es proteger la salud de los usuarios y los profesionales que lo realizan. "Regulamos las cuestiones de fondo teniendo en cuenta como interés superior la salud pública, dejando a consideración de los municipios las formas de implementación" precisó el senador en un comunicado.
El interés por la normativa se inició por un caso similar a la adolescente internada.
En Buenos Aires, la actividad tuvo un crecimiento del 300 por ciento en los últimos cinco años, según cifras de la Asociación de Tatuadores y Afines de la República Argentina (Atara).
Sin embargo, los casos de infección y problemas médicos tras el tatuaje o el aro también han ido en aumento.
En busca de una regulación
A raíz de la cantidad de casos y denuncias recibidas por las autoridades, Capital Federal y otros distritos avanzan en la reglamentación de una normativa que controle a los tatuadores y piercers.
La Legislatura porteña tiene en estudio un proyecto de ley del diputado por el Partido de la Ciudad, Jorge Giorno.
El proyecto, que según fuentes legislativas aún no tiene despacho de ninguna comisión, prevé una regulación de la actividad que incluye también multas para quienes no cumplan con la norma.
Por ejemplo, la ley propone una profesionalización de los tatuadores y piercers, que deberán recibir cursos, capacitación y una licencia habilitante, similar a la que rige para abrir un consultorio médico.
Hasta ahora, los lugares donde los jóvenes concurren a ponerse aros y tatoos sólo cuentan con habilitación comercial y los encargados de entintar la piel no están en ningún tipo de registro oficial.
Según el proyecto de Giorno, también será obligatorio el uso de guantes, máscaras y material descartable para evitar posibles contagios y para garantizar la asepsia del lugar. Para que se cumplan estos requisitos, se prevén multas desde los 500 a 2000 pesos. También la inhabilitación y la clausura del local.
La Argentina, en vías de poner freno al piercing
Con similitudes al proyecto porteño, algunas provincias ya reglamentaron la actividad. En Santa Fe, por ejemplo, la Cámara de Diputados sancionó un proyecto con normas sanitarias y de prevención para este tipo de establecimientos.
Uno de los pioneros en el tema fue el municipio de Neuquén, que sancionó en 2002 una norma con características parecidas. En Neuquén se castiga con multas que van desde los 250 a los 2.500 pesos a quienes no usen el material descartable o no tengan en condiciones el lugar donde realizan estas prácticas.
Posadas, la capital misionera, tomó el ejemplo: la municipalidad logró sancionar una norma que regula a los piercers; para tatuar o poner aros habrá que tener una licencia especial que será renovable cada dos años.
En Mendoza la regulación está cajoneada. Hace dos años la legislatura provincial tiene un proyecto para controlar esta labor, pero aún falta media sanción. En general, la regulación tiene las mismas bases: el control de comerciantes, clientes y menores.
Cruzando el río también hay antecendentes similares. Uruguay aprobó una norma que prohíbe a menores de 18 años realizarse perforaciones o tatuajes sin autorización de sus padres.
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