España pedirá a la Argentina la extradición de 39 ex militares

El Tribunal Supremo español anuló la decisión adoptada por el Gobierno de ese país de no pedir a la Argentina la extradición de 39 ex militares y un civil reclamados por el juez Baltasar Garzón, por su presunta participación en crímenes cometidos durante la dictadura militar argentina.

En una sentencia notificada anteayer, el Tribunal Supremo dictamina que el Gobierno español "debe cursar" por la vía diplomática la solicitud de extradición pedida por el magistrado de la Audiencia Nacional.

El alto tribunal entiende que la decisión adoptada por el Gobierno español en el Consejo de Ministros del 29 de agosto de 2003 "no fue conforme a Derecho", según informaron a EFE fuentes jurídicas.

Con esta sentencia, el Tribunal Supremo acepta los recursos interpuestos contra aquella decisión gubernamental por los grupos políticos Izquierda Unida e Iniciativa por Cataluña y por Graciela Palacios de Lois, esposa de un español que estuvo detenido en la ESMA (Escuela Mecánica de la Armada) y presuntamente fue lanzado al mar en uno de los "vuelos de la muerte", en 1976.

El 19 de agosto de 2003 Garzón propuso al Gobierno, que presidía entonces el conservador José María Aznar, que solicitara esas extradiciones, en la causa que instruye contra 40 argentinos reclamados por delitos de genocidio, terrorismo y torturas cometidos allí entre 1976-1983.

Entre los reclamados por Garzón figuran los ex miembros de las Juntas Militares argentinas Jorge Rafael Videla y Emilio Massera, así como el ex general Carlos Suárez Mason, que dirigió el Primer Cuerpo del Ejército durante la dictadura (1976-1983).

También pidió la extradición del abogado Gonzalo Torres de Tolosa, el único civil entre los reclamados, así como del miembro de la Policía Aeronaútica Ernesto Weber y el ex integrante de la Prefectura Naval Juan Antonio Azic.

También reclamó la entrega del marino retirado Alfredo Astiz, conocido como "el ángel de la muerte", de Jorge Isaac Anaya, Antonio Domingo Bussi, Carlos Capdevilla, Carlos Daviou, Adolfo Donda Tigel, Armando Lambruschini, Basilio Lami Dozo, Luis María Mendía, Carlos José Pazo, Antonio Pernías, Jorge Perrén y Pablo García Velazco.

Completan la lista Omar Domingo Rubens, Héctor Mario Schwab, Julio César Coronel, Juan Carlos Trimarco, Albino Zimmermann, Augusto Neme, Luciano Menéndez, Ramón Díaz Bessone, Jorge Olivera y Roberto Heriberto Albornoz.

Todos ellos fueron procesados por Garzón el 2 de noviembre de 1999, que entonces emitió un auto en el que se afirmaba que, en 1975, los militares que derrocaron a la presidenta María Estela Martínez de Perón diseñaron "un plan sistemático de desaparición y eliminación física de ciudadanos" en función de su ideología, raza o religión.

Tras el golpe del 24 de marzo de 1976, aprovecharon "la propia estructura militar de la nación, dividida en seis zonas, a su vez subdivididas en subzonas y áreas" y prepararon en ellas hasta 340 centros clandestinos de detención "que acogerán a las personas cuya detención, desaparición y eliminación se prevé".

La infraestructura se montó para cumplir "el plan trazado de construir una 'Nueva Argentina' purificada de la "contaminación subversiva y atea" y, simultáneamente, dar la sensación de que la violencia en las calles había desaparecido por el accionar antisubversivo del Ejército, ocultando la realidad a la comunidad internacional".

Garzón afirmó que en la Argentina se vivió "una realidad atroz, reflejada en la práctica sistemática de la tortura, el exterminio generalizado, los enterramientos en fosas comunes, los lanzamientos de cadáveres desde aeronaves -conocidos como "vuelos de la muerte"-; las cremaciones de cuerpos".

Se refiere también a "los abusos sexuales y los secuestros de entre 20.000 y 30.000 personas -entre las que se hallan casi 600 españoles y descendientes de españoles-, el saqueo de bienes y la sustracción y consecuente desaparición de varios cientos recién nacidos, que según algunos estudios ascienden a más de 500".