El ARI denunció al gobernador bonaerense, Felipe Solá por la compra de harina a una empresa de la que es accionista el ministro de Asuntos Agrarios, Raúl Rivara.
Solá había autorizado al Ministerio de Desarrollo (que encabeza Juan Pablo Cafiero) la ampliación de la compra por contratación directa de 6 millones de kilos de harina de maíz y soja, en la modalidad "contado anticipado".
Las harinas, que serán distribuidas en planes alimentarios destinados a los más necesitados, son provistas por dos empresas, una de las cuales -Rivara SA- tiene como miembro accionario al mencionado titular de la cartera Agrarios, varias veces funcionario y hombre de confianza del gobernador.
Con el titular del bloque, Eduardo Macaluse, a la cabeza diputados nacionales de ARI y la candidata a senadora bonaerense Marta Maffei, autoridades del partido en territorio bonaerense y legisladores provinciales presentarán hoy una denuncia penal contra Solá, aliado del presidente Néstor Kirchner, y su ministro Rivara.
Le imputan a Solá (que regresará hoy al país desde Roma junto al Presidente) haber violado el artículo 248 del Código Penal y haber nombrado a Rivara ministro a pesar de que presuntamente conocía su notorio vínculo con la empresa, creada en 1936, según publicó hoy el diario La Nación.
Rivara, en tanto, es acusado de violar la Constitución provincial y la ley de ministerios, que prohíben taxativamente a un funcionario participar directa o indirectamente de negocios con el Estado.
Si bien Rivara reconoció que es accionista de la empresa, afirmó que no participa de sus decisiones ni integra el directorio desde hace una década. "No me enriquecí con esta concesión; nuestra empresa factura 50 millones de pesos anuales y éste es un monto muy inferior", aseguró, en tanto que adjudicó la denuncia a "motivaciones políticas con origen en la interna de la provincia" (sobre lo que se informa por separado).
En ese sentido, aseguró que la denuncia es política y que no ve contradicción entre ser funcionario y que la empresa que construyó su padre, y de la cual mantiene un 22,5% de las acciones, sea proveedora del Estado.
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