EFE.- Esta decisión marca un hito en la historia boliviana, pues hasta ahora los prefectos eran designados por el presidente de la República, fórmula tradicionalmente criticada por algunas regiones.
La convocatoria se produce después de que el actual mandatario, Carlos Mesa, promulgara un decreto supremo en enero pasado para hacer viable la votación, en respuesta a una ola de protestas sociales en el departamento oriental de Santa Cruz, el puntal de la economía nacional.
El jueves, el Congreso aprobó una ley especial complementaria a la normativa electoral vigente que permitirá la inédita elección y que hoy fue promulgada por el gobernante interino, el presidente del Parlamento, Hormando Vaca Díez, en ausencia de Mesa, quien asistió a las exequias del Papa en el Vaticano.
La promulgación de la nueva legislación tuvo lugar en el Palacio de Gobierno de La Paz, en un acto al que asistieron los ministros de Estado, el presidente de la Cámara de Diputados, Mario Cossío, y los líderes de los principales políticos con representación parlamentaria.
No participó Evo Morales, el líder de los productores de coca y del Movimiento Al socialismo, la segunda fuerza en los últimos comicios generales y primera en los municipales de diciembre pasado.
Morales está en contra de la forma en que se ha decidido llamar a la elección de prefectos, al considerar que ha sido forzada ilegítimamente por los dirigentes empresariales de Santa Cruz, quienes lideraron las protestas de enero pasado en busca de lograr la instalación de autonomías departamentales.
El decreto que hace posible el sufragio responde a la Ley Especial Complementaria al Código Electoral, a la Ley de los Partidos Políticos y a la Ley de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas para la elección de prefectos de departamento.
La norma, forzada por el decreto supremo lanzado por Mesa en enero pasado y por la presión de la región cruceña, autoriza a la Corte Nacional Electoral (CNE) a llevar a cabo el proceso de selección de prefectos "por voto universal directo, libre, obligatorio y secreto".
Prevé además que la convocatoria "será realizada por el Presidente de la República con una anticipación de hasta 120 días a la votación".
Los candidatos deberán ser bolivianos de origen, haber cumplido deberes militares en el caso de los hombres, tener más 25 aÑos de edad, estar inscritos en el registro electoral y no haber tener antecedentes penales, entre otros requisitos.
Para hacer efectivo el sufragio, el Congreso decidió destinar 43 millones de bolivianos (unos 5 millones de dólares) del Tesoro General de la Nación a la CNE y anunció que no habrá subvención económica estatal a los grupos que avalen al postulante al cargo.
Además de permitir la participación de las Agrupaciones Ciudadanas y los Pueblos Indígenas, como ya sucedió en las municipales de diciembre pasado, la nueva normativa establece la posibilidad de que se establezcan alianzas entre estos sectores y los partidos políticos tradicionales.
Las fuerzas políticas, que en la votación municipal registraron sus peores resultados desde el restablecimiento de la democracia en 1982, sufrieron antes un duro golpe en octubre de 2003, cuando una ola de protestas sociales obligó a dimitir al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y puso en tela de juicio el sistema democrático vigente.
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