Un subcomisario de la Policía Federal fue citado a indagatoria por el presunto delito de cohecho, en el marco de la investigación por el posible pago de coimas para evitar controles del boliche República Cromañón antes del incendio en el que murieron 193 personas, informaron fuentes judiciales.
Se trata de Carlos Rubén Díaz, de la seccional séptima, cuya declaración indagatoria ante el juez de instrucción porteño, Julio Lucini, al igual que la del empresario Omar Chabán, fue fijada para el 23 de este mes.
Además de esas medidas, el próximo viernes el magistrado tiene previsto comenzar a indagar a ex funcionarios del Gobierno de la Ciudad por supuesta falta de control del local ubicado en Mitre 3.066 de la Capital Federal.
El juez citó a la ex subsecretaria de Control Comunal, Fabiana Fizsbin; al ex director general de Fiscalización y Control, Gustavo Torres, y a la ex directora adjunta del organismo, Ana María Fernández, responsables de la inspección y supervisión de ese tipo de locales, para interrogarlos sobre la forma como habrían dado cumplimiento a sus deberes específicos.
En este marco, el subcomisario Díaz fue convocado a declarar por cohecho pasivo (recibir coimas) ya que otros imputados y algunos testigos lo mencionaron como recibiendo dinero de Chabán.
Por esa misma razón Chabán, el primero de los procesados con prisión preventiva, fue citado como hipotético autor de cohecho activo, o sea quien entregó el dinero a Díaz.
Es que en ruedas de reconocimientos de personas ordenadas por Lucini, Díaz habría sido identificado por lo menos por tres testigos, entre ellos ex empleados de República Cromañón.
El sindicado manager del grupo "Callejeros", Diego Argañaraz, procesado por "homicidio doloso", declaró que un estrecho colaborador de Chabán, Raúl Villarreal, detenido con prisión preventiva, le pagaba coimas a la policía.
Argañaraz y Villarreal fueron careados y, mientras el primero insistió con su versión, el colaborador de Chabán la rechazó y negó haber tomado contacto con miembros de la Policía Federal.
Una ex empleada del boliche, Ana Sandoval, dijo haber visto papeles manuscritos que referían que la policía recibía 100 pesos por cada 500 jóvenes que ingresaban a la discoteca.
Otra testigo acotó que, entre los gastos que los responsables de Cromañón anotaban para ser cubiertos figuraban los montos a entregar a efectivos policiales.
La joven, Viviana Cozodoy, agregó que durante los recitales pasaba por el lugar un patrullero de la seccional séptima del que bajaban "uno o dos" policías, que eran atendidos por Chabán o Villarreal.
La testigo mencionó la misma cifra por cantidad de público que Sandoval y destacó que en una ocasión hubo que duplicar la suma porque hubo un corte de calle a la altura de la discoteca.
En tanto, Argañaraz, Villareal y Lorenzo Bussi, este último control del grupo Callejeros, apelaron los procesamientos que les dictó días atrás el juez Lucini.
Villareal quedó detenido con prisión preventiva al igual que su patrón, Chabán, ya que la calificación legal que pesa sobre ellos los puede dejar hasta 50 años presos.
Argañaráz y Bussi fueron procesados por "homicidio culposo", un delito que les permite estar excacelados hasta un potencial juicio oral.