Los presidentes de las filiales filiales del BBVA y el Grupo Santander en el país sudamericano serán citados a declarar como imputados "en los primeros días de marzo", según informó el Tribunal 44 de control en un comunicado.
Además, se ha dictado la misma medida contra el ex presidente del Banco Central Diego Luis Castellanos; Juan Carlos Escotet, de Banesco; Gustavo Marturet, del Mercantil; e Ignacio Salvatierra, directivo de Unibanca y presidente del Consejo Bancario Nacional.
El tribunal explicó que la decisión ha sido adoptada tres semanas después de que la Fiscalía General abriera un proceso judicial por la presunta participación de los banqueros en supuestos "créditos indexados", un tipo de préstamo que prevé una tasa de interés que se ajusta de acuerdo a los ingresos de los clientes.
El proceso judicial comenzó después de que el diputado oficialista Darío Vivas, del Movimiento Quinta República (MVR, el partido del presidente, Hugo Chávez), presentara una denuncia en julio de 2003 contra varios bancos por haber cometido un presunto "delito de usura".
El Ministerio Público explicó que "numerosos deudores manifestaron la existencia de usura en el cobro de los créditos indexados". "Se generaban pagos excesivos al cobrárseles intereses sobre intereses", añadió la Fiscalía.
Para la apertura del proceso, la Fiscalía analizó los créditos hipotecarios que otorgaron los ocho bancos implicados en el caso entre enero de 1996 y julio de 2001.
El Tribunal Supremo de Justicia prohibió en enero de 2002 otorgar los "créditos indexados", que son conocidos también como "créditos mexicanos", alegando que vulneran las leyes venezolanas porque implican el cobro de intereses sobre intereses.
Fuentes financieras venezolanas consultadas por Europa Press recordaron que el sector financiero nacional siempre ha operado según las reglas financieras del país ya que los citados créditos se otorgaron antes de que fueran prohibidos por el Tribunal Supremo.
Recientemente, los opositores al Gobierno de Chávez aseguraron que la investigación judicial es un intento de intimidar a los banqueros en momentos que el mandatario venezolano exige a las instituciones financieras que aumenten la cartera de créditos en favor de una serie de pequeñas empresas.
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