El del Correo Argentino es un "caso puntual"

Distintas voces del Gobierno defendieron la postura de no privatizar el Correo Argentino y volvieron a poner sobre la mesa la polémica sobre la renegociación o no de los contratos con las empresas privatizadas.

Sin embargo, dos funcionarios del Ejecutivo pusieron paños fríos para tranquilizar a las empresas, aduciendo que el Correo es un caso "particular", lo que no implica un tendencia a la reestatización.

En esa línea, el ministro de Planificación Julio De Vido señaló el viernes que ?por el momento, no está considerada la posibilidad de volver a privatizar el Correo por la excelente gestión y los resultados que se lograron desde la gestión estatal, luego de quitarle la concesión al Grupo Macri, en 2003.

Del mismo modo, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, señaló: "El del Correo Argentino es un caso muy particular y es una demostración de que algunos entes en manos del Estado pueden funcionar eficientemente", manifestó Tomada en declaraciones radiales.

"Lo que no hay ahora es el 'pre-juicio' de que algo en manos del Estado es necesariamente ineficiente y de que algo en manos privadas es necesariamente eficiente", continuó el funcionario, tras lo cual destacó que "los resultados" de las operaciones del operador postal en manos públicas.

El Gobierno, a través del ministro de Planificación, Julio de Vido, había descartado ayer la posibilidad de volver a privatizar el Correo Argentino, luego de exhibir una ganancia bruta de 99 millones de pesos durante la gestión estatal desde fines del 2003.

"No está siendo considerada esa posibilidad por la excelente gestión que se está llevando adelante y por los resultados", afirmó el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, tras presentar en Casa Rosada el balance del correo oficial entre noviembre del 2003 y diciembre del 2004.

El correo oficial fue re-estatizado el 19 de noviembre del 2003 luego de que se decidiera rescindir el contrato a la Sociedad Macri (SOCMA) por una millonaria deuda en concepto de canon que la concesionaria debía pagar al Estado.