La nacionalidad, en varios casos junto a la religión, se registra como la mayor causa de discriminación en la Argentina, según los datos oficiales que maneja el gobierno.
La discriminación étnica ocupó el 34 por ciento de las denuncias que llegaron al Instituto Nacional contra la Discriminación, Racismo y Xenofobia (INADI) de acuerdo a los últimos registros completos correspondientes al año pasado.
Su director, Enrique Oteiza, afirmó en diálogo con DyN que la mayor parte de las denuncias provienen de "inmigrantes de países vecinos que no tienen aspecto europeo".
"Argentina es el país donde los bolivianos se sienten más discriminados" señaló a esta agencia el presidente de la Federación Integrada de Entidades Bolivianas (FIDEBOL), Luis Moreira.
"Desde la Federación trabajamos con el Gobierno boliviano para concientizar a las autoridades que de ésta no es la Tierra Prometida", dijo Moreira.
Contrariamente, el presidente de la Casa Paraguaya de Buenos Aires, Alejandro Romero, manifestó no haberse sentido discriminado "jamás" por las autoridades y personas de este país y agregó que para los argentinos "sólo hay palabras de agradecimiento".
Romero recordó que "una vez" se sintió discriminado y relató que fue cuando participó como árbitro en un partido de fútbol.
"Me gritaron paraguayo muerto de hambre. Aunque esas cosas son normales en el fútbol", consideró.
Según datos del INDEC a partir del censo nacional de 2001, la cantidad de bolivianos empadronados en el país son 233.464; pero el presidente de FIDEBOL aseguró que la suma de bolivianos "legales" en Argentina es de "aproximadamente un millón 500 mil, más la descendencia".
El organismo también registró el empadronamiento de 325.046 paraguayos, 88.260 peruanos y de un total de 1.041.117 personas del continente americano.
El 20 de enero de este año se promulgó una nueva ley de migraciones que establece que la situación irregular de un extranjero no puede impedir que éste sea admitido en un establecimiento educacional o sanitario y que el Estado argentino deberá implementar medidas para regularizar la situación de los inmigrantes.
Oteiza señaló que las denuncias por discriminación a los extranjeros "este año son menores" por la implementación de la "nueva ley que respeta los derechos humanos de los migrantes".
No obstante, el presidente de la Casa Paraguaya indicó que el departamento de Migraciones "da más facilidades para personas que vienen de países más lejanos".
Por otra parte, el representante para América Latina del Centro Wiesenthal, Sergio Widder, dijo a DyN que "un acto de discriminación hacia un judío es tan importante como diferenciar a un boliviano, un peruano o a un homosexual".
Si bien Moreira hizo la aclaración de que toda discriminación es deplorable, lamentó que cuando hay una segregación hacia las comunidades lationamericanas no hay reacción de parte de la sociedad.
"Cuando se discrimina a un judío la noticia repercute pero cuando se trata de nuestra comunidad nadie se entera", dijo y especuló con que "tal vez sea porque la comunidad israelita tiene más peso".
Normativamente, la Argentina adhiere a todos los Tratados Internacionales sobre no discriminación, como por ejemplo el de la Convención Interamericana contra todas las formas de discriminación hacia las personas discapacitadas; hacia las diferentes razas y las mujeres, entre otros.
Sin bien los Tratados Internacionales tienen mayor jerarquía que las leyes, también la Constitución Argentina prohibe la discriminación hacia los inmigrantes en su artículo 20, y en el 16 exige el respeto a la igualdad de todos los habitantes del país.
Para el presidente del INADI, la existencia de leyes y tratados ratificados permite ubicar a la Argentina entre los países "normativamente mejor, cosa que ayuda a medir cómo estamos en la realidad" debido a la cantidad de denuncias que llegan a la entidad.
Por otra parte, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni, señaló a DyN que "es necesario barrer del derecho positivo toda disposición de carácter discriminador" y agregó que "en lo posible se debería hacer cesar como antijurídica toda discriminación".
En mayo de este año, Norberto Cohenca denunció a la legisladora porteña, Mirtha Onega por "hostigamiento religioso" debido a su condición de judío pero la diputada aún no tuvo ninguna sanción.
Ante el hecho discriminatorio que fue comprobado por la Comisión Investigadora de la Legislatura, Oteiza reclamó a su presidente, Santiago De Estrada, que "se debatiera el tema y se supiera la posición de cada bloque".
Para el representante del Centro Wiesenthal, la falta de quórum para el castigo de Onega dio "un ejemplo pésimo a la sociedad porque la mezquindad partidaria se puso por encima de los valores democráticos".
Oteiza declaró que "la Legislatura porteña tiene una responsabilidad fundamental para la vigencia de los derechos humanos en el territorio de la ciudad".
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