Mientras CMS Energy sigue la demanda por la pesificación argentina que se tramita en París, y al tiempo que el Gobierno insiste en advertir a los grupos extranjeros que desistan de presentar este tipo de acciones judiciales en tribunales internacionales, el Banco Mundial (BM) acaba de recibir una nueva denuncia.
En esta oportunidad el demandante es Exxon Mobil, controlante de 51% del Area CNQ-10 Chihuidos, propiedad del consorcio Sierra Chata, de Neuquén, y de 23% de Aguarague, en el norte del país. Se trata de dos concesiones proveedoras de gas natural.
Y la causa del nuevo juicio que deberá enfrentar la Argentina en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo controlado por el BM, no difiere de los otros treinta casos que ya fueron presentados en ese tribunal encargado de resolver litigios entre países y grupos multinacionales.
Exxon Mobil consideró que la pesificación perjudicó sus operaciones en el país y violó un tratado bilateral firmado con los Estados Unidos para la protección de inversiones en ambos países.
El holding norteamericano entendió que sus filiales Mobil Exploration and Development Inc. Suc. Argentina y Mobil Argentina S.A. sufrieron una pérdida cercana a los u$s50 millones por la decisión del Gobierno argentino de devaluar el peso a principios de 2002.
Antes de presentar la querella, Exxon Mobil mantuvo un período de seis meses de negociaciones con las autoridades locales, sin haber llegado a ningún acuerdo. Por ese motivo, la casa matriz decidió concurrir al CIADI.
Se trata del caso ARB/04/16, registrado en el organismo arbitral el 5 de agosto. Y es la denuncia número 31 contra la Argentina, de las 78 que se tramitan en total en el tribunal con sede en París. Sin dudas, el país lidera el ranking de naciones más denunciadas ante el CIADI por grupos concesionarios multinacionales que se sintieron perjudicados por la ruptura de contratos o cambios de reglas bruscos o unilaterales generados por la devaluación.
Estado de necesidad
Seguramente, y llegada la hora de argumentar una defensa, el Gobierno argentino apelará a los mismos enunciados que hoy utiliza para defenderse ante CMS. Es decir, que la pesificación fue aplicada producto del estado de necesidad que generó la crisis económica del país.
En Sierra Chata, Mobil es socia de Petrolera Santa Fe, Atalaya Energy, Canadian Hunter Argentina y Total Austral. El grupo firmó en 1995 un contrato por dieciséis años con Metrogas, filial de Gasco, y Eléctrica Santiago, de AES Gener, para el suministro de hasta 5 millones de metros cúbicos de gas natural por día.
Cuando el Gobierno decidió restringir el envío de gas a Chile y aplicar un impuesto de 20% a las exportaciones del combustible, los clientes trasandinos del consorcio entablaron una demanda judicial. Es que la determinación de privilegiar los despachos internos ante una eventual crisis energética obligó a Mobil y sus socios a no respetar los contratos, jugada que le costó una denuncia ante el CIADI que fue encabezada por la generadora de energía chilena AES Gener.
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