En la actualidad, se calcula que Argentina pierde al año 3.500 millones de dólares en fletes por la vigencia de la normativa firmada por el ex presidente Carlos Menem.
Se espera que Kirchner rubrique el nuevo decreto esta semana en un acto al que asistirán representantes de sindicatos del sector marítimo.
También se prevé que la medida levante fuertes críticas por parte de las cámaras de armadores de buques de carga, que hasta ahora registraban sus embarcaciones con banderas de países como Liberia o Panamá.
El decreto 1772/91, firmado durante la gestión de Menem y a instancias de su entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, creó la figura de la "bandera de conveniencia", que permite a los empresarios de la marina mercante que operan en aguas argentinas registrar sus buques en otros países, con legislaciones tributarias y laborales muy flexibles.
El sistema, que convertía a los barcos en una suerte de "paraísos fiscales" marítimos, hizo perder a Argentina unos 3.500 millones de dólares anuales en concepto de fletes, calculó Omar Suárez, secretario general del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), en diálogo con Infosic.
Según el dirigente, la derogación del decreto obligará a volver a la bandera argentina a "casi todas las embarcaciones de cargas generales, petroleros y graneleros" que operan en el mar, y a "las lanchas de empuje y areneras de los ríos, así como a todas las vinculadas al movimiento portuario de servicios de remolque".
Kirchner había asumido el compromiso de reemplazar la normativa durante la reunión que mantuvo el martes pasado con la nueva conducción de la CGT.
En ese encuentro participaron, entre otros dirigentes, Juan Manuel Palacios, presidente de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) y Suárez, integrante de la misma organización.
El jefe del SOMU admitió que los armadores "se van a quejar y van a amenazar con derivar sus cargas", al explicar que "hasta ahora era mucho más fácil no pagar absolutamente nada".
"Le dije al Presidente que no podíamos darnos el lujo de perder casi 4 mil millones de dólares en fletes y me respondió que estaba más apurado que yo en derogar el decreto. Esto significará la nacionalización de la marina mercante y que los trabajadores marítimos dejemos de ser extranjeros en nuestro propio país", se entusiasmó Suárez.
El líder del Somu comentó que durante la vigencia del decreto 1772 el personal embarcado debió regirse bajo legislaciones laborales mucho más flexibles que la argentina.
En ese sentido, el presidente del Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante, Marcos Castro, comentó que "banderas de conveniencia" como la liberiana o la panameña "cuentan con registros especiales muy baratos y con una legislación laboral casi inexistente".
"Entonces, si un tripulante argentino se desempeña en un buque argentino con bandera de Liberia, desde el punto de vista legal es un trabajador liberiano y para cualquier reclamo debe ir a un juzgado de ese país, cuya legislación no protege nada y que además vive en permanente guerra civil", ejemplificó.
El 3 de septiembre de 1991 Menem y Cavallo firmaron el decreto que establecía el "cese de bandera provisorio" y autorizaba por dos años un régimen de excepciones por fuera de los alcances de la legislación argentina, aunque de hecho el esquema se mantuvo vigente hasta la actualidad.
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