Todos conocemos el cuento del Gran Bonete: ?Yo señor, no señor. Yo señor, no señor. Pues entonces, ¿quién??. Comprendemos claramente que el juego se basa en eludir la responsabilidad. Los hechos violentos de las últimas semanas, donde varios grupos piqueteros cometieron una serie de delitos que culminaron con la toma de comisarías, tuvieron un doble impacto en la ciudadanía. Por un lado esta observa asombrada de que el Estado no reacciona y que las máximas autoridades del Ejecutivo parecen desentenderse del problema deslindando la responsabilidad en el Poder Judicial y bajando una clara línea de no actuar contra quienes cometieron los desmanes. Nadie cuestiona el derecho que tenemos los ciudadanos a manifestarnos y protestar, pero nuestro derecho termina donde viola el derecho de otros, donde viola la ley. Acaso pueden aplicarse las leyes de manera distinta según qué ciudadano está involucrado en un delito.
El dilema sobre los piqueteros sintetiza brutalmente gran parte de los graves problemas del país. Por un lado, la marginación de sectores importantes de la población y la falta de oportunidades laborales. Junto a esta realidad, las prácticas clientelistas de quienes intermedian con las necesidades de la gente y utilizan la extorsión como método de recaudación y acumulación de poder político. Dura lex, sed lex decían los romanos. La ley, aun cuando estricta debe ser aplicada, ya que diferencia el estado de derecho del estado de barbarie.
?Nos estamos convirtiendo en un país violento? afirmó el propio ministro de Defensa, José Pampuro, en una declaración realista y obvia. Y es en la crisis cuando más se debe fortalecer las instituciones. Si éstas no son confiables, ¿quién aplicará las leyes?
Cuando la metodología de paralizar sistemáticamente el espacio público confrontando argentinos en tránsito para cubrir sus necesidades con compatriotas subvencionados por debajo de las suyas dejó de ser una protesta legítima para convertirse en método de extorsión violenta (toma de edificios, boleterías, comisarías, agresión y vandalización de la propiedad), las autoridades tuvieron la oportunidad de imponer la ley y el orden, como es su deber. En cambio evidenciaron debilidad, por un lado pactando prebendas para evitar supuestos "males mayores" y por el otro fragmentando la capacidad de mando de las instituciones que deben mantener la cohesión social. La teoría de resolver el dilema piquetero por cansancio se demostró absurda ya que nadie se cansa de no trabajar y mucho menos de recibir premios y no castigos por su accionar extorsivo.
La policía y la Justicia son las encargadas de velar por el cumplimiento de la ley, pero si se ven a sí mismas constantemente descalificadas por el Ejecutivo, ¿que queda de su capacidad de acción y credibilidad? Es claro que ambas instituciones adolecen de fallas, de inversión operativa, de capacitación y de transparencia en su funcionamiento, pero convertirlas frente a la sociedad en las principales gestoras de la crisis de inseguridad sólo agrava el problema. Las purgas generalizadas en la policía en las cuales se ha dado de baja por igual a delincuentes y a calificadas autoridades policiales son un mensaje funesto hacia la institución y sin duda coartan su desempeño. Por otro lado, cuando no se juzga y castiga efectivamente a los policías corruptos se está confundiendo a la población que ya no sabe quién es quién en las calles, cada día más peligrosas y violentas.
En la toma de dos comisarías la semana última está autograficada la situación: ante el arrebato civil que buscaba justicia por mano propia, la policía no tenía ninguna capacidad de acción. En el caso de Tres Arroyos, se lo destituyó al comisario por no actuar. En la comisaría de la Boca, al estar liderada la revuelta por el piquetero que goza del favor del gobierno, según fue manifestado públicamente, aun cuando los desmanes acaecidos violan numerosas leyes, se pretendió camuflar la acción de ?mediación pacífica? menospreciando el sentido común de la ciudadanía que vio claramente los hechos por TV. Ese mismo día D?Elía, el piquetero ?bueno?, aplaudía a Hebe de Bonafini, que parada a su lado arengaba a ?clavar el cuchillo hasta el hueso? e incitaba a destruir ?todas las comisarías?.
Nos preguntamos entonces, ¿se está armando una ?Armada Brancaleone? propia para dirimir el poder entre facciones partidarias con la ciudadanía como rehén? Es posible que en un momento favorable de las variables económicas, cuando están los recursos para resolver muchos de los problemas sociales de fondo que incluyen la recapacitación y modernización de las instituciones, se disgregue a la ciudadanía azuzando el fuego entre ?victimas y verdugos?. Los reclamos sociales son más que comprensibles, demasiados compatriotas tienen carencias, impotencia y desesperación, pero aún así deben expresarse dentro de la ley civilizada, no la de la selva.
El Estado posee todo un andamiaje de acciones preventivas para evitar el desborde y cuando se viola la ley, ordenar "no reprimir" o no "judicializar" es violar el orden jurídico de la Nación que está por encima de la decisión de las autoridades. Su responsabilidad es velar por que la metodología aplicada se ajuste a derecho, pero los tres poderes son autónomos y así están obligados a actuar según nuestra Constitución. La ley nos obliga a todos por igual, las autoridades que juran por Dios y la Patria hacerla cumplir no deberían ceder en la práctica política al juego del Gran Bonete porque entonces cuando nadie es responsable de nada , ¿quién se hace responsable de preservar la democracia y sus instituciones?
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