Destituyeron al jefe y el subjefe de la comisaría de Caseros

El jefe y el subjefe de la comisaría primera de Tres de Febrero, situada en la localidad de Caseros, fueron relevados ayer de sus cargos a raíz de las amenazas que recibió un suboficial de la Policía Bonaerense que denunció a tres superiores por liberar a dos traficantes de droga supuestamente a cambio de una coima.

La medida fue dispuesta por el ministro de Seguridad provincial, León Arslanián, quien ordenó el desplazamiento del titular de la dependencia, el comisario Raúl Omar Aguirre y su segundo, el oficial inspector Víctor Daniel Melgar.

Según se informó oficialmente, los oficiales fueron separados de sus cargos "por no ajustarse a los lineamientos y perfil que exige el ministro al personal policial".

Al frente de la dependencia quedó una mujer: la subcomisario Graciela Luján González, quien era hasta ayer segunda jefa de la seccional.

Arslanián se amparó en la flamante ley de Emergencia Policial sancionada recientemente por la Legislatura provincial, que le permite dictar la prescindibilidad de efectivos de la fuerza.

El Subsecretario de Seguridad bonaerense, Martín Arias Duval, y el Director General de Coordinación Operativa de la Policía provincial, comisario general Esteban Lamardo, viajaron desde La Plata hasta la comisaría de Caseros, en la calle San Jorge 2631 de esa localidad, para cumplimentar personalmente la medida.

"Estos dos efectivos están sometidos a un sumario administrativo en la oficina de Asuntos Internos por hechos de público conocimiento con relación a supuestas amenazas que sufriera un testigo, Nahuel Suárez", dijo Arias Duval en declaraciones a la prensa desde la seccional donde se encargó de notificar a los funcionarios de sus respectivos desplazamientos.

Los desplazamientos obedecen a las amenazas sufridas días atrás por el cabo primero Suárez (29), quien en el año 2000 denunció que tres de sus superiores liberaron, a cambio de 6.000 pesos, a dos hombres que él mismo había detenido por tráfico de drogas, y que destruyeron las pruebas que los implicaban.

Los denunciados son el comisario Eduardo Luenzo (por entonces titular de la seccional), el oficial inspector Daniel Insaurralde, jefe de calle, y el sargento ayudante Pedro Florentín, quienes fueron condenados el martes por el Tribunal Oral Federal 4 de San Martín.

Suárez -quien se desempeñaba en la comisaría 10ma.- y otro compañero habían detenido a los dos hombres cuando circulaban en un automóvil Volkswagen Senda, en cuyo interior se encontraron dos kilos de marihuana, pero después los superiores del cabo primero los dejaron libres.

A raíz de la denuncia, los efectivos fueron detenidos y procesados por la Justicia, y puestos en disponibilidad preventiva por el entonces ministro de Seguridad bonaerense Aldo Rico.

La instrucción de la causa la llevó el juez federal de San Martín Hugo Gurruchaga, quien imputó a los acusados la presunta comisión de delitos de cohecho, coacción, destrucción de documento público e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Desde el momento en que hizo la primera denuncia hasta el presente, Suárez fue amenazado en cinco oportunidades, por lo que se iniciaron distintas causas penales en la Justicia Federal y se dispuso su traslado a la Cámara Penal de San Martín.

La última de las amenazas, según la denuncia, ocurrió el 21 de abril último, un día antes de declarar contra sus ex jefes en el juicio, cuando Suárez se encontraba en Caseros acompañado por tres custodios de la Prefectura que le asignaron, y fueron interceptados por un grupo de policías, uno de los cuales -un oficial- le apuntó con una escopeta en la cara y la cargó.