La ex legisladora, que dirigía la rama femenina del PJ santiagueño, permanece detenida hace más de un año en una celda común del Penal de Mujeres y los reclamos de excarcelación fueron sistemáticamente denegados por distintos juzgados.
"La justicia de instrucción en Santiago del Estero es vergonzoza, por la obsecuencia y el servilismo con que se maneja", advirtió el abogado defensor, Francisco Cavallotti, al referirse a la "injusta" la detención de Flores.
El abogado recordó que la justicia "sigue sin resolver las denuncias de torturas, coacción, extorsión y abuso de autoridad aplicadas a Flores por el ex secretario de Seguridad, Jorge D'Amico".
"Todas las acusaciones contra Flores, de las cuales fue procesada y se dictó prisión preventiva, forman parte de una orquestación política, que no tiene otro objetivo que sacarla del medio", explicó Cavallotti.
Asimismo, recordó que de "las 17 denuncias, 15 son iguales, cambian únicamente los nombres de las denunciantes y de los regalos que dicen recibía para dar audiencias la ex legisladora".
En una de las denucias, el juez en lo Criminal y Correccional de V Nominación, José Uñates, determinó que Flores exigió a Silvina Ponce, empleada judicial, la entrega de una lámpara de hierro, un prendedor de cristal y trajes de vestir.
"Flores desplegó una conducta dolosa, ocasionando un perjuicio económico patrimonial, no sólo a la denunciante, sino a muchas mujeres que creyeron en sus influencias políticas", señaló el juez Uñates, en una resolución judicial.
Tras resultar procesada por "extorsiones y exacciones ilegales", Flores se presentó en agosto del año pasado en los Tribunales y en la actualidad está alojada en una celda común del Penal de Mujeres de Santiago del Estero.
Poco antes de las elecciones del 2001, Flores comenzó a ser cuestionada por sus pares del PJ local y fue exonerada por la Cámara de Diputados de Santiago del Estero, en su condición de empleada, función que cumplía antes de acceder a una banca.
También fue expulsada por el Congreso Justicialista durante la designación de los candidatos para las elecciones provinciales, por interpretar que incurrió en "faltas graves, deslealtad y mal desempeño de funciones".
Sopresivamente, Flores fue procesada por los delitos de "exacciones ilegales y extorsión en perjuicio de mujeres del PJ y el Estado provincial" en los juzgados de Instrucción en lo Criminal y Correccional de I, II, IV y V Nominación.
Con anterioridad y a pocos minutos de finalizar su mandato, el 10 de diciembre del 2001, los jueces Uñates, Ramón Gómez y la destituida María Cárdenas de Infante, ordenaron la detención de la ex diputada por el supuesto delito de "exacciones ilegales".
Para la justicia santiagueña, Flores está involucrada en venta de influencias para el otorgamiento de puestos de trabajo y viviendas.
Durante el juicio oral y público, más de un centenar de personas ofrecerá su testimonio, entre ellos testigos del Poder Judicial que involucran a jueces en "la recaudación de dinero" para la compra de regalos a gobernantes y campañas políticas.
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