El apoyo del presidente de Argentina, Néstor Kirchner, podría ser decisivo para que la mayoría peronista impulse en el Congreso la anulación de las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que impiden procesar nuevamente en el país a los militares acusados de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar de los años setenta.
Kirchner dijo que las leyes, aprobadas en 1986 y 1987, poco después de los alzamientos de algunos sectores del Ejército de Tierra, "fueron obtenidas bajo la extorsión de un golpe de Estado". Hace un mes, el ex presidente Raúl Alfonsín (1983-1989) admitió también que los proyectos de esas leyes habían sido elaborados "bajo presión" y en condiciones de "emergencia".
Kirchner estima ahora que "si desaparecen las normas que generaron la impunidad", los militares reclamados por el juez español Baltasar Garzón "podrán ser juzgados en Argentina" y se terminará con la "hipocresía" de los que niegan la extradición por cuestiones de soberanía.
Las leyes ya fueron derogadas por el Congreso, pero mantienen su efecto retroactivo si los imputados se acogen al beneficio de "la ley más benigna" al iniciarse el proceso. Las investigaciones siguen en algunos juzgados federales, donde los jueces las declararon nulas.
La Cámara Federal, tribunal de alzada de la provincia de Salta, las consideró inconstitucionales y ordenó el miércoles el arresto del coronel retirado Carlos Mulhal y del mayor, también retirado, Miguel Raúl Gentil, para tomarles declaración sobre el asesinato de 12 prisioneros políticos a los que supuestamente se iba a "trasladar" a la provincia de Córdoba, en 1976.
La Corte Suprema debe resolver sobre los recursos de inconstitucionalidad de las leyes, lo que podría tardar hasta fines de 2003 o comienzos de 2004.
Los diputados peronistas elaboran un proyecto alternativo para anular las leyes, pero quieren mantener la vigencia de los indultos concedidos por el ex presidente Carlos Menem.
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