Destituyen a una jueza en Santiago del Estero

En la última audiencia, realizada en el cuarto piso de los Tribunales santiagueños, la magistrado destituida escuchó de pie el fallo en su contra, dictado por el jury presidido por el titular del Superior Tribunal de Justicia, Ernesto Kozameth.

Cárdenas de Infante fue encontrada culpable en cuatro de las ocho denuncias por "mal desempeño de funciones e ignorancia del derecho", una de las cuales involucraba a su esposo, comisario Daniel Infante, en el robo y posterior venta de un cargamento de cigarrillos secuestrados.

De esta manera, se hizo lugar al pedido de destitución solicitado por el fiscal Edgardo Nazar, durante un proceso judicial que se inició hace cinco meses con la suspensión provisoria de la jueza en el ejercicio de sus funciones.

Entre las acusaciones a Cárdenas de Infante, que hace diez años y antes de asumir de jueza fue sometida a un juicio oral y público acusada de "usurpar una vivienda" y fue absuelta por el beneficio de la duda, figuran la desaparición de 1.200 dólares secuestrados a detenidos en una causa por robo a mano armada.

Asimismo, la denuncia por un procedimiento considerado "irregular" por el depósito de 1.500 pesos a plazo fijo en un banco privado y no oficial, incautados a Marcela Adamo.

"En la causa se dictó falta de mérito a Adamo y aún no logró la restitución de los 1.500 dólares secuestrados, porque fueron depositados por la jueza en un banco privado y quedaron atrapados por el corralito", denunció la abogada Raquel Llobet.

Causa principal
En la principal causa del juicio político, Cárdenas de Infante fue encontrada culpable por la instrucción judicial en la que varios jefes policiales fueron involucrados por robo y venta de cigarrillos secuestrados en un asalto en la ruta nacional 34.

Se trata del comisario José Ramírez, subcomisario Juan Loto y oficial inspector Rubén Vivas, afectados a la División Delitos Comunes, procesados por los delitos de "hurto calificado y abuso de autoridad en concurso ideal".

El proceso judicial se inició cuando el jefe de la División Investigaciones, comisario Luis Díaz, denunció la desaparición de más de un centenar de cajas de cigarrillos en el juzgado dirigido por Cárdenas de Infante.

En el proceso judicial más cuestionado, que derivó en la sanción disciplinaria y posterior pedido de juicio político, la jueza indagó como testigo a su esposo, comisario Daniel Infante, al que otros policías lo involucraron en el robo de cigarrillos.

Al pedido de destitución, también se sumaron denuncias de empresarios que dirigían la auditoría externa del Instituto de la Obra Social del Empleado Público (IOSEP), causa en la que se detectó una millonaria defraudación en perjuicio del Estado provincial.

Tras la última audiencia, la abogada defensora de la jueza destituida, Silvia Abalovich de Ferreyra Lesye, calificó de "arbitrario e injusto" el fallo y que se mostró "sorprendida" porque fue adoptado por unanimidad.

"El jury estaba integrado por abogados independientes y otros que no lo son, pero evidentemente hubo mucha presión, en un momento especial y de incertidumbre institucional, en una Argentina que necesita de un cambio para que las instituciones funcionen con independencia", añadió.

Para finalizar, la letrada anunció que aguardan "los resultados de un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación que puede cambiar la decisión de destituir a la magistrado".