El Parlamento de Venezuela, controlado por el régimen chavista, decidió este jueves aplazar la segunda y última discusión del proyecto de ley de amnistía, luego de que surgieran desacuerdos entre los bloques parlamentarios sobre un artículo central del texto, lo que impidió cerrar la aprobación definitiva de la norma en la sesión prevista.
La postergación fue acordada de forma unánime tras un extenso intercambio entre los diputados, cuando la plenaria había avanzado en la revisión del texto hasta el artículo 6. El debate quedó suspendido por diferencias en torno al artículo 7, que establece las condiciones que deberán cumplir las personas beneficiadas para acceder a la amnistía.
El titular de la Asamblea Nacional, el chavista Jorge Rodríguez, confirmó la decisión al cierre de la sesión.
“Continuaremos la discusión en la próxima sesión ordinaria, la semana próxima”, afirmó desde el hemiciclo.
Según lo debatido en sala, el punto de conflicto fue una disposición que exige a las personas procesadas o condenadas presentarse ante instancias judiciales para acogerse a los beneficios de la ley. Ese requisito generó objeciones entre los diputados que sostienen que una amnistía debe implicar la extinción inmediata de las causas penales, sin condiciones adicionales.
El proyecto de ley ya superó su primera discusión, pero requiere una segunda votación favorable para convertirse en ley. La sesión de este jueves había sido convocada precisamente para culminar ese trámite.
La Asamblea Nacional se reúne ordinariamente los días martes y jueves. Sin embargo, debido al feriado de Carnaval, la siguiente sesión ordinaria quedó prevista para el jueves 19 de febrero, fecha en la que se retomará el debate del articulado pendiente.
El texto en discusión se enmarca en el proceso político abierto tras la captura del dictador narco Nicolás Maduro y la tutela de Estados Unidos sobre Delcy Rodríguez para una transición.
Desde entonces, el chavismo impulsa un paquete de medidas orientadas a normalizar la situación institucional y a responder a las presiones internas y externas relacionadas con la situación de los presos políticos.
Borradores recientes del proyecto, conocidos durante esta semana, introducen cambios sustanciales respecto de versiones previas. En particular, dejan de enumerar de manera detallada los delitos considerados de naturaleza política, como instigación, resistencia a la autoridad, rebelión o traición, que en propuestas anteriores aparecían expresamente mencionados.
Las versiones más recientes tampoco incluyen disposiciones para levantar alertas rojas de Interpol, ni contemplan la restitución de bienes incautados a personas detenidas, la anulación de inhabilitaciones para ejercer cargos públicos por motivos políticos o la reversión de sanciones administrativas contra medios de comunicación, aspectos que sí figuraban en borradores iniciales.
De acuerdo con el alcance temporal presentado por el régimen chavista, la amnistía abarcaría hechos ocurridos desde 1999 hasta la actualidad. No obstante, los textos más recientes delimitan el beneficio a episodios específicos de conflictividad política, como el intento de golpe de Estado de 2002 y las protestas registradas en determinados períodos de 2004, 2007, 2013, 2014, 2017, 2019 y 2024.
El fiscal general impuesto por el chavismo, Tarek William Saab, sostuvo esta semana que la ley podría contribuir a la estabilidad interna. “Espero que esto se traduzca en un país cien por ciento pacificado”, declaró.
El proyecto establece que no podrán recibir amnistía quienes hayan sido condenados por violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra, homicidio, narcotráfico ni delitos contra el patrimonio público. En versiones anteriores, también se excluían los casos de corrupción, una categoría que dejó de figurar en los borradores más recientes, sin que se hayan explicado públicamente las razones.
Mientras el debate legislativo quedó en suspenso, en las afueras de la Universidad Central de Venezuela, en Caracas, cientos de estudiantes y familiares de personas detenidas se concentraron para exigir la liberación de los presos políticos y la aprobación de una amnistía sin restricciones.
Organizaciones de defensa de derechos humanos han advertido que el texto, tal como está planteado, no garantiza una amnistía plena. Para que el beneficio sea efectivo, sostienen, debe implicar la eliminación total de cargos, condenas, arrestos domiciliarios y otras medidas judiciales asociadas a causas políticas.
(Con información de EFE y Reuters)
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