El juicio oral y público contra la activista Rocío San Miguel, presidenta de la ONG venezolana Control Ciudadano, fue diferido hasta el 31 de marzo debido a la falta de traslado de los acusados al juzgado, denunció este martes su equipo de defensa.
El abogado Juan Luis González Taguaruco explicó en una publicación en X que el retraso fue causado por el régimen, al no garantizar el traslado de San Miguel y su ex pareja, Alejandro González, quienes debían comparecer ante el tribunal. “Por ende, causa imputable al Estado, obvio responsable del retardo procesal”, señaló.
“La doctora Rocío San Miguel y Alejandro González no demandan otra cosa que el respeto a sus derechos humanos, el cumplimiento de la garantía del debido proceso, la posibilidad de designar a un abogado de su confianza que les defienda. No han perpetrado ilícito penal alguno”, añadió González Taguaruco.
Es importante mencionar que San Miguel fue detenida el 9 de febrero de 2024 en el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, cuando se disponía a viajar junto a su hija.
La Fiscalía General del régimen la acusa de estar vinculada con una “trama conspirativa” que buscaba “atentar” contra el dictador Nicolás Maduro y altos funcionarios del gobierno.
El fiscal general de la dictadura, Tarek William Saab, aseguró que la activista habría “entregado información” sobre sistemas de defensa militar a un embajador de la Unión Europea y a otras tres legaciones diplomáticas, sin especificar cuáles.
Por su parte, la abogada Theresly Malavé solicitó el martes una “medida humanitaria” para que San Miguel, quien sufrió una fractura en el hombro derecho hace seis meses, pueda ser operada por médicos de su confianza y cumplir con el postoperatorio en libertad.
“Ella tiene que ser operada ni siquiera por un traumatólogo, sino por un especialista en hombro, y el éxito de esa operación es el postoperatorio (...) en familia”, explicó Malavé.
Según la defensora, en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) en Caracas, donde San Miguel está recluida, “no existen las condiciones” adecuadas para su recuperación.
Malavé advirtió que la fractura, detectada cuatro meses después de ocurrida durante una jornada médica, ha causado “inmovilidad del brazo, porque afecta directamente a los tendones”.
Desde su detención, según la abogada, solo su hija pudo verla, mientras que ni sus abogados privados ni la defensa pública asignada han tenido acceso a ella.
Quién es Rocío San Miguel
Rocío Del Carmen San Miguel Sosa, nacida en Caracas el 6 de mayo de 1966, es una abogada y activista de derechos humanos reconocida por su labor en la supervisión de asuntos de seguridad, defensa y Fuerza Armada Nacional en Venezuela.
San Miguel es la presidenta de Control Ciudadano, una organización no gubernamental sin fines de lucro fundada el 16 de marzo de 2005, cuyo objetivo es promover la contraloría ciudadana en temas militares y de seguridad.
San Miguel inició su carrera en el sector público en el año 2000, desempeñándose en el Ministerio de Infraestructura de Venezuela. Posteriormente, se especializó en defensa y seguridad nacional, ocupando cargos como investigadora en el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa de la Nación, asesora en el Consejo Nacional de Fronteras y consultora jurídica. También ejerció como docente en instituciones militares de educación superior.
Su salida del ministerio por motivos políticos marcó el inicio de su labor como activista, fundando Control Ciudadano para monitorear el cumplimiento de compromisos internacionales como el Estatuto de Roma y las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Esta labor la llevó a enfrentar hostigamientos y campañas de difamación por parte del régimen venezolano. En marzo de 2014, el dictador Nicolás Maduro la acusó públicamente de ser una “espía” y de participar en intentos de golpe de Estado.
El 18 de enero de 2012, la CIDH le otorgó medidas cautelares de protección, reconociendo los riesgos que enfrentaba por su activismo. Sin embargo, el hostigamiento no se limitó a ella: en junio de 2012, su hermano José Manuel San Miguel fue objeto de un allanamiento por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).
A pesar de estas amenazas, San Miguel continuó su labor denunciando violaciones a los derechos humanos en Venezuela, lo que la convirtió en una de las voces más críticas contra el régimen chavista.
(Con información de EFE)
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