La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió este martes un contundente informe donde señala que la reelección de Nicolás Maduro, quien planea asumir su tercer mandato presidencial el viernes 10 de enero, “no goza de legitimidad democrática”, en medio de una creciente crisis política en Venezuela.
El informe de la CIDH, reportado por el diario El País, documenta graves violaciones a los derechos humanos durante y después del proceso electoral.
“La represión del Estado incluyó prácticas de terrorismo de Estado dirigidas especialmente a infundir terror en la ciudadanía y silenciar voces disidentes”, señala el documento, que detalla una serie de violaciones incluyendo “ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas de corta duración, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles inhumanos y degradantes”.
La CIDH, un organismo de la Organización de Estado Amerícenos (OEA), concluyó que el régimen venezolano “ejecutó una estrategia planificada dirigida a impedir la participación política de la oposición, obstaculizar el desarrollo de una contienda libre, justa y competitiva, y reprimir las protestas sociales provocadas por la opacidad electoral y las denuncias de fraude”.
Anticipándose a posibles irregularidades, el informe recuerda que la oposición logró recopilar más del 80% de las actas digitalizadas a nivel nacional. Según estas actas, el candidato opositor Edmundo González Urrutia habría obtenido el 67% de los votos.
Por el contrario, casi seis meses después de las elecciones del 28 de julio, el Consejo Nacional Electoral (CNE) aún no ha publicado los resultados oficiales, manteniendo su página web fuera de servicio bajo el alegato de un supuesto ataque informático.
Esto llevó a “proclamar ganador a Nicolás Maduro sin ningún tipo de transparencia”, según el documento citado por El País.
La tensión política se ha intensificado en los últimos días. González, quien se encuentra actualmente en Washington tras reunirse con el presidente Joe Biden, expresó su intención de regresar a Venezuela para defender los resultados que lo dan como ganador. El candidato opositor se exilió en España en septiembre debido a continuas amenazas de encarcelamiento, la última ayer.
La CIDH es categórica al señalar que “la crisis política y derechos humanos en Venezuela es el resultado de la cooptación total de las instituciones estatales por parte de un régimen que busca sobre todo mantenerse ilegítimamente en el poder”.
Esto facilitó “el establecimiento de un régimen de facto”, agregó, advirtiendo que las circunstancias que rodearon la elección “implican una alteración grave del orden constitucional”.
La situación ha provocado una ola de protestas. María Corina Machado, líder opositora que se mantiene en la clandestinidad, ha convocado a manifestaciones para el 9 de enero, un día antes de la programada toma de posesión de Maduro. En respuesta, el régimen ha incrementado la presencia militar y policial en las calles.
El ministro del Interior y número 2 del régimen, Diosdado Cabello, informó ayer que más de 125 ciudadanos extranjeros permanecen detenidos por supuesta participación en “planes de desestabilización”. Aunque el gobierno ha liberado a cientos de los más de 2,000 presos políticos detenidos desde el 28 de julio, incluidos menores de edad, las detenciones y la persecución continúan, según el informe.
Las conclusiones de la CIDH se suman a las preocupaciones expresadas por el Centro Carter y el Panel de Expertos de las Naciones Unidas, quienes actuaron como observadores electorales y determinaron que las elecciones no cumplieron con estándares democráticos.
La CIDH pidió formalmente autorización para visitar Venezuela y verificar la situación, instando a la comunidad internacional a “mantenerse vigilante frente a nuevas escaladas represivas y activar todos los canales diplomáticos e institucionales para el regreso de la democracia”.