La ONU advirtió que el riesgo de desintegración del Estado de derecho en Venezuela es muy alto

La Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela de la ONU advirtió este viernes que el riesgo de desintegración del Estado de derecho en el país es muy alto, especialmente en el contexto de represión post electoral, desatado el 28 de julio.

El organismo de Naciones Unidas, que se encarga de hacer un seguimiento minucioso de la situación allí, presentó un nuevo informe en el que constató recientes abusos en materia humanitaria -entre los que se evidenciaron detenciones arbitrarias, torturas y violencia sexual- y mencionó que se trata de una continuación de las violaciones que, ya en el pasado, había definido como crímenes de lesa humanidad. El estudio se centró en el marco de las elecciones que se celebraron el pasado 28 de julio y que concluyeron con un nuevo fraude por parte de Nicolás Maduro.

Marta Valiñas, la presidenta de la Misión, puntualizó que durante la campaña electoral, entre el 4 y el 24 de julio, los expertos documentaron hasta 121 detenciones de civiles por el simple hecho de haber prestado algún servicio en los actos de Edmundo González Urrutia y María Corina Machado. En todos los casos, se trató de arrestos arbitrarios y algunos estuvieron también “seguidos de actos de tortura y de desapariciones forzadas de corta duración”.

A estas acciones se sumaron las advertencias del régimen, por un “baño de sangre” en caso de que ganara la oposición, algo que terminó viéndose en los días posteriores al domingo de las elecciones. Entre el 29 y el 31 del mismo mes se produjeron 915 protestas pacíficas en todo el país, en las que miles de venezolanos salieron a las calles a exigir el respeto de su voluntad.

Sin embargo, estas personas fueron detenidas y/o reprimidas por los aparatos de seguridad del régimen, quienes emplearon una fuerza excesiva y acabaron con la vida de 25 personas. Con la excepción de una, las restantes 24 -constataron los expertos- fallecieron por disparos de armas de fuego.

“La Misión no tiene aún evidencia suficiente para atribuir autoría en estos casos pero en varios se ha documentado la presencia de efectivos de la Guardia Nacional o de la Policía Nacional haciendo uso de sus armas de fuego para reprimir las protestas”, indica el informe que hace referencia también al empleo de “una serie de métodos de tortura” durante las represiones y detenciones, como “puñetazos, golpes con planchas de madera o con bates envueltos en espuma, descargas eléctricas y asfixia con bolsas de plástico”.

El documento también alertó sobre la detención de 158 niños en el marco de estas protestas y su posterior acusación por delitos de “terrorismo” e “incitación al odio”.

“Estas violaciones son el resultado de un plan diseñado anticipadamente y ejecutado a través de diferentes modalidades de represión: un plan para desalentar, silenciar y anular a la oposición política y las voces críticas del Gobierno del Presidente Maduro o a quienes reclaman transparencia de los resultados electorales”, resumió Valiñas, a la par que destacó la importancia de que la comunidad internacional no permanezca indistinta ante estas acciones.

El mundo “enfrenta una gran responsabilidad de detener esta persecución, de que las violaciones y delitos que se han cometido y que continúan cometiéndose no queden impunes y de dar aliento a las víctimas, asegurando que podrán obtener justicia”, señaló la jurista.

En ese sentido, durante la reunión ante el Consejo de Derechos Humanos, en Ginebra, Ecuador tomó la palabra en nombre de Argentina, Chile, Canadá, Paraguay, Guatemala y Uruguay, criticó la “falta de independencia del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Supremo de Justicia” al avalar el fraude chavista, e insistió en su pedido por el cese de la violencia.

Desde Venezuela, la condena no tardó en llegar. Su embajador ante la ONU, Alexander Yáñez, rechazó las denuncias en contra de su país y aseguró que la ola de violencia desatada el 28 de julio es responsabilidad de la “derecha fascista de Venezuela”, que “empleó bandas criminales para atacar personas y quemar y destruir instituciones públicas”.

“No fueron protestas pacíficas”, insistió el funcionario en su defensa.

(Con información de EFE)