Emtrasur anunció que se reserva el ejercicio de las acciones judiciales tras el decomiso del avión venezolano-iraní en Argentina

La empresa venezolana rechazó y condenó la decisión de la justicia argentina, adoptada en respuesta a la solicitud formulada por una corte de EEUU, que pidió la confiscación de la aeronave

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Una vista de la aeronave Boeing 747 registrada con el número YV3531 de la aerolínea venezolana Emtrasur Cargo, en el aeropuerto internacional de Córdoba, Ambrosio Taravella, en Córdoba, Argentina, 6 de junio de 2022. Foto tomada el 6 de junio de 2022. REUTERS/Sebastián Borsero SIN REVENTA . SIN ARCHIVOS.
Una vista de la aeronave Boeing 747 registrada con el número YV3531 de la aerolínea venezolana Emtrasur Cargo, en el aeropuerto internacional de Córdoba, Ambrosio Taravella, en Córdoba, Argentina, 6 de junio de 2022. Foto tomada el 6 de junio de 2022. REUTERS/Sebastián Borsero SIN REVENTA . SIN ARCHIVOS.

La aerolínea venezolana Empresa de Transporte de Aerocargo del Sur (Emtrasur), filial de la estatal Conviasa, anunció este jueves que “se reserva el ejercicio de las acciones judiciales” tras el decomiso del avión venezolano-iraní retenido en Buenos Aires desde junio de 2022 y solicitado por Estados Unidos.

“Emtrasur S.A, se reserva el ejercicio de las acciones judiciales por daños al patrimonio de la empresa, violación de los derechos humanos y del convenio sobre la Aviación Civil Internacional”, dijo la empresa en un comunicado difundido por autoridades venezolanas en X (antes Twitter).

La filial rechazó y condenó la decisión del juez federal argentino Federico Villena, adoptada en respuesta a la solicitud formulada en octubre de 2022 por la Corte del Distrito de Columbia (Estados Unidos), que pidió a las autoridades argentinas la confiscación del avión, objeto de investigación por posibles vínculos con el terrorismo internacional.

Con la decisión “arbitraria” y el “secuestro de la aeronave”, prosigue el escrito, “el Gobierno argentino no solo violó los derechos humanos, también el debido proceso en el cumplimiento de regulaciones internacionales”.

Además, aseguró que fallos anteriores demuestran “la legítima titularidad de la aeronave, la legalidad de la carga verificada y corroborada por la autoridad aduanera argentina”.

Finalmente, exhortó a las autoridades aeronáuticas internacionales a “no otorgar autorización de sobrevuelo ni escala técnica” de este avión, pues esto los haría “participes del robo de este bien legítimo” de la empresa de transporte de carga aérea venezolana.

Decenas de personas se manifiestan pidiendo la recuperación del avión venezolano-iraní que se encuentra retenido en Argentina, en una fotografía de archivo. EFE/ Miguel Gutiérrez
Decenas de personas se manifiestan pidiendo la recuperación del avión venezolano-iraní que se encuentra retenido en Argentina, en una fotografía de archivo. EFE/ Miguel Gutiérrez

La aeronave, un Boeing 747 Dreamliner de carga, fue propiedad de la empresa iraní Mahan Air y actualmente pertenece a Emtrasur, empresa sancionada por el Departamento del Tesoro de EEUU, igual que Conviasa.

La tripulación, conformada por cinco iraníes y catorce venezolanos, fue retenida inicialmente y puesta en libertad después por el juez Villena por falta de evidencia.

La decisión de decomisar y entregar a EEUU el avión fue adoptada con base en un dictamen de la fiscal argentina Cecilia Incardona y del director general de Cooperación Regional e Internacional de la Procuración General, Diego Solernó, quienes estimaron la procedencia de la petición de decomiso.

Ambos funcionarios tomaron en consideración un tratado suscrito por Argentina y EEUU con el que ambos países “se comprometieron a brindarse asistencia mutua”, lo que incluye la “cooperación en la ejecución de solicitudes de registro, embargo y secuestro”.

El miércoles, el régimen de Nicolás Maduro, a través de su canciller, Yvan Gil, rechazó la decisión de la justicia argentina del decomiso definitivo del avión iraní de Emtrasur.

“La República Bolivariana de Venezuela rechaza y condena de manera categórica la decisión, a todas luces, servil a intereses imperiales, tomada por el juez federal argentino Federico Villena, que intenta consumar el robo de la aeronave venezolana perteneciente a la compañía Transporte Cargo del Sur (EMTRASUR), secuestrada desde el mes de junio de 2022 en la República Argentina”, escribió Gil en su cuenta de X (antes Twitter).

Lo que dice la Justicia argentina

“La aerolínea iraní Mahan Air, también conocida como Mahan Airlines y Mahan Airways (Mahan Air), hizo una transferencia del Boeing a la aerolínea venezolana Empresa de Transporte Aérocargo del Sur, S. A. (EMTRASUR) y, después, EMTRASUR reexportó el Boeing a destinos que incluyen Irán y Rusia, todo ello en violación de la ley estadounidense, específicamente la Ley de Reforma del Control de las Exportaciones (en adelante ECRA, por sus siglas en inglés) de 2018, sección 4801 y siguientes del título 50 del Código de los Estados Unidos”, decía el pedido de colaboración que llegó a la Argentina a mediados del año pasado.

Otro argumento expuesto por la justicia estadounidense es una Orden de Denegación Temporal (TDO) emitida por el Departamento de Comercio de ese país por la que se denegaban los privilegios de exportación de Mahan Air. “La TDO prohibía ampliamente a Mahan Air y/o a otras personas o empresas que actuaran para o en nombre de Mahan Air, directa o indirectamente, participar en cualquier transacción de exportación o comprar o vender cualquier artículo exportado o que fuera a ser exportado desde Estados Unidos y que estuviera sujeto a las EAR, como las aeronaves fabricadas en Estados Unidos”, detalla el pedido de colaboración.

Esa TDO es de 2018 pero se renovó varias veces. La última renovación fue el 13 de mayo de 2022.

La semana pasada, la fiscal Incardona avaló el decomiso del avión iraní-venezolano, lo que le permitiría su traslado definitivo a Estados Unidos. “Resulta importante subrayar que nos encontramos frente a un proceso de cooperación internacional, en el que no caben planteos respecto del fondo de la cuestión, los cuales deben formularse ante la autoridad judicial competente en el país requirente”, sostuvo.

(Con información de EFE)

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