Estados Unidos advirtió nuevamente al régimen de Venezuela que está listo para restablecer las sanciones que había aliviado meses atrás, si éste no da señales de progreso en torno a todas las condiciones acordadas en Barbados.
Entre las pautas establecidas en el pacto de octubre, Caracas se había comprometido a dar una respuesta a los candidatos inhabilitados para competir en las elecciones presidenciales de 2024 -otorgando a estas un marco de legalidad- así como a la liberación de los injustamente detenidos. La fecha límite para estos anuncios era este jueves 30 de noviembre.
En ese sentido, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, celebró que la víspera el oficialismo anunciara un acuerdo con la Plataforma Unitaria -y gracias a la mediación de Noruega- para el establecimiento de un mecanismo para la reconsideración de las candidaturas de estos actores políticos, entre ellos la ganadora de las primarias opositoras, María Corina Machado.
Puntualmente, el régimen accedió a recibir apelaciones de los inhabilitados hasta el 15 de diciembre en el Máximo Tribunal para reevaluar sus casos. “Es una buena noticia”, declaró Kirby al respecto aunque reconoció que es el segundo punto el que mantiene a la Administración de Joe Biden “profundamente preocupada”.
Estados Unidos esperaba poder garantizar la libertad de los cientos de presos políticos en el país centroamericano, así como la de tres estadounidenses “detenidos injustamente”. Sin embargo, ante la falta de avances en este terreno, el portavoz dijo que “vamos a seguir participando activamente aquí en esfuerzos diplomáticos sobre estas cuestiones particulares” y, en caso de que no se consiga una respuesta favorable, “estamos preparados para tomar medidas en los próximos días para suspender ciertos alivios de sanciones”.
En un intento por mejorar levemente las relaciones diplomáticas y a cambio de señales concretas de Maduro de una apertura al régimen democrático que desde hace décadas está ausente en el país, Biden propuso el cese de algunas sanciones que mantenía sobre Caracas.
La más significativa fue la que abarcó una decisión de la gestión de Donald Trump y que permitió por seis meses transacciones estadounidenses con el sector del petróleo y el gas de Caracas, así como operaciones de la empresa estatal minera de oro Minerven. También eliminó una prohibición a la negociación de bonos soberanos venezolanos en el mercado secundario.
No obstante, la vuelta atrás sobre estas disposiciones marcaría un cambio importante sobre este nuevo enfoque propuesto por Biden.
Kirby se refirió, a su vez, a otro aspecto fundamental de la política venezolana actual: la disputa territorial sobre Guyana. A tan sólo un día de que el oficialismo celebre un referéndum en el que consultará a la población sobre su opinión respecto al derecho de pertenencia del territorio del Esequibo, y en medio de rumores de una fuerte presencia militar en la frontera, el estadounidense insistió en la necesidad de resolver la disputa por la vía pacífica.
“Hemos sido claros en nuestro apoyo a una resolución pacífica. El laudo arbitral de 1899 que determina la frontera entre Guyana y Venezuela debe respetarse a menos que las partes alcancen un nuevo acuerdo o el Tribunal Internacional de Justicia decida lo contrario”, señaló.
Venezuela reclama esta porción de tierra, que representa el 70% de Guyana y cuenta con grandes reservas de petróleo en alta mar. Desde su perspectiva, el laudo arbitral de 1899 quedó anulado dado que “afectó fraudulentamente 159.500 kilómetros cuadrados del territorio”.
(Con información de EFE y Reuters)
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