Investigan a una mujer por el robó de las claves bancarias de los abuelos de su novio: pidió préstamos millonarios

La fiscalía de la localidad de Sarmiento, en Chubut, sostuvo que la acusada utilizó los datos personales de las víctimas para realizar la apertura fraudulenta del home banking. En qué usó el dinero

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La acusada realizó la primera transferencia de $1.000.000 y la segunda, hecha minutos más tarde, de $1.462.500. Luego pidió un crédito a nombre del abuelo por $640.000: el dinero era para operar a la hija de una de las denunciantes, una mujer discapacitada (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Justicia de la localidad de Sarmiento, en la provincia de Chubut, formalizó una investigación contra una mujer de 35 años, identificada públicamente como C.F.S.A., acusada de utilizar datos personales y biométricos de los abuelos de su novio para crear accesos de home banking en Banco Nación.

De esta forma, la presunta estafadora solicitó préstamos y transfirió el dinero a su billetera virtual. Según la fiscalía, el perjuicio económico supera los $3.102.500.

Según el Ministerio Público Fiscal de Chubut, $2.462.500 habrían sido transferidos desde un préstamo tomado a nombre de la abuela de su novio y otros $640.000 desde un crédito gestionado con los datos del abuelo. La investigación sostiene además que el banco informó a una de las denunciantes que debía afrontar 48 cuotas del préstamo otorgado en su nombre.

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Cómo se habría gestado el plan

De acuerdo con la reconstrucción difundida por el Ministerio Público Fiscal, la acusada primero se ganó la confianza de las víctimas, ambas integrantes de su familia política. Después creó, desde su teléfono celular, un servicio digital del banco con información personal y biométrica de los damnificados.

La procuradora Marisol Sandoval y la funcionaria Tamara Bernardi representaron a la fiscalía en la audiencia realizada en la sala n°1 de la Oficina Judicial de Sarmiento. La imputada fue asistida por la abogada particular Claudia Isabel Jones.

La audiencia se realizó en la sala n°1 de la Oficina Judicial de Sarmiento (Oficina Fiscal de Sarmiento)

Bernardi expuso que el primer hecho se registró el 30 de octubre de 2024 a las 17:28, cuando la acusada realizó dos movimientos para enviar a su billetera virtual el dinero de un préstamo solicitado a nombre de la abuela de su pareja. La primera transferencia fue de $1.000.000 y la segunda, hecha minutos más tarde, de $1.462.500.

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La fiscalía sostuvo además que parte de ese dinero fue usada para pagar servicios de telefonía y realizar compras. En el segundo episodio, la acusación indicó que la mujer repitió el mismo mecanismo con el abuelo de su pareja, obtuvo un crédito por $640.000 y transfirió de inmediato esos fondos a la misma billetera virtual.

Para la fiscalía, la maniobra consistió en una presunta estafa basada en la apertura fraudulenta del home banking, la solicitud de créditos sin consentimiento y el desvío del dinero a cuentas bajo su control.

La estafa afectó también a una discapacitada

Según la acusación, hubo además una tercera damnificada indirecta: la hija de una de las denunciantes, representada legalmente por su madre porque es una persona con discapacidad. De acuerdo con las averiguaciones expuestas en la audiencia, el dinero robado por la maniobra estaba reservado para una cirugía en las piernas, por lo que la familia no pudo disponer de sus ahorros.

Para las investigadoras, la mujer manipuló informáticamente el sistema bancario de Banco Nación para que las operaciones aparecieran como realizadas por la titular de la cuenta, cuando en realidad las habría ejecutado la imputada. Esa es la base de la calificación legal presentada por la fiscalía en la apertura de la investigación preparatoria de juicio.

La estafa ocurrió hacia fines de 2024 y recién ahora se formalizó la investigación judicial (Imagen Ilustrativa Infobae)

La defensa no formuló objeciones a la formalización y propuso analizar una salida alternativa del conflicto. Según el organismo judicial y la publicación local, Jones planteó que su asistida está en condiciones de ofrecer una reparación económica en un solo pago a favor de los damnificados.

El juez Ariel Quiroga hizo lugar al pedido fiscal, formalizó la investigación preparatoria de juicio en relación con los hechos expuestos y fijó un plazo de seis meses para que el Ministerio Público Fiscal concluya la pesquisa.

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