Tras negarle la prisión domiciliaria, solicitaron el traslado de la contadora de La Plata a una unidad federal

El futuro inmediato de Natalia Romina Foresio podría definirse en las próximas horas, ya que, mientras permanece detenida en la comisaría primera de La Plata bajo custodia de la Policía bonaerense, las autoridades comenzaron a evaluar su posible traslado a una cárcel federal.

El juzgado, a cargo de Ernesto Kreplak, envió un oficio para consultar la disponibilidad de plazas en alguna de las unidades penitenciarias federales. En caso de que recibiera el visto bueno, se podría concretar el cambio de lugar de detención en cualquier momento.

Cabe recordar que el lunes pasado, la defensa de la contadora solicitó la prisión domiciliaria. Sin embargo, el juez federal Kreplak rechazó este pedido al alegar la existencia de riesgos procesales que, a criterio del magistrado, no permiten conceder el beneficio.

Según informó el medio local El Día, uno de los aspectos centrales de la decisión es que, para Kreplak, habría riesgo de fuga. En este punto, destacó la capacidad económica de Foresio, probada a través del hallazgo de sumas millonarias durante los allanamientos realizados en el marco de la causa.

El tribunal interpretó que el caudal de recursos representaría una alerta objetiva, ya que le permitiría a la imputada eludir controles estatales y facilitar una eventual fuga.

La causa, que investiga una presunta estructura criminal de gran escala, se encuentra en plena etapa de instrucción, con medidas de prueba aún pendientes. Por lo tanto, liberar a Foresio bajo arresto domiciliario podría derivar en la destrucción de pruebas, alteración de evidencias o presión sobre testigos.

La defensa de la mujer, representada por los abogados Alfredo Gascón y Miguel Molina, había fundamentado su pedido en el delicado estado de salud del esposo de la acusada, Luis Mauricio Cortazzo.

Los letrados argumentaron que Cortazzo padece hipoacusia severa y trastornos cognitivos derivados de una enfermedad neurodegenerativa progresiva, lo que requeriría la presencia permanente de Foresio en el domicilio familiar.

Sin embargo, el juez Kreplak desestimó este planteo al señalar que los certificados médicos aportados no acreditarían que la detenida sea la única persona capaz de brindar el cuidado necesario. El expediente consignó que la pareja tiene dos hijos mayores de edad que conviven con su padre y pueden asumir las tareas de asistencia cotidiana.

El fallo destaca que tanto Foresio como su esposo fueron procesados por el mismo hecho penal, lo que, según el juez, desaconseja la cohabitación en el marco de una causa de tal magnitud. A su vez, advirtió que, en caso de compartir el mismo domicilio, podrían coordinar acciones para entorpecer la investigación o alterar pruebas relevantes para el proceso.

La defensa insistió en que la contadora debería acceder a la prisión domiciliaria y, como el juez Ernesto Kreplak rechazó esta solicitud, y la causa se encaminaría a una instancia de Cámara.

En este sentido, argumentaron que no existirían pruebas concretas que respalden los peligros procesales mencionados por la fiscalía. Los abogados sostuvieron que su clienta carecería de recursos económicos para sostener una eventual fuga y que los fundamentos para mantenerla detenida resultarían dogmáticos y genéricos.

Ahora, la estrategia de los abogados apuntaría a que la Cámara revise la decisión, en busca de revertir la negativa y lograr que Foresio cumpla la detención en su domicilio. Mientras tanto, la situación de la contadora permanece en suspenso, a la espera de una resolución sobre su lugar de alojamiento.

La contadora, que fue detenida el jueves 29 de mayo, fue acusada de presuntamente haber facilitado la creación de facturas falsas y reales para inflar gastos y créditos fiscales de empresas, principalmente ligadas al rubro de la construcción. Todos estos hechos habrían sido registrados entre 2020 y 2024.

De acuerdo con las autoridades, las maniobras fraudulentas habrían impactado en tributos como el IVA y el Impuesto a las Ganancias, y habrían constituido así una evasión fiscal a gran escala.

En el caso, además, habría grupos empresarios dedicados a la obra pública bajo sospecha. Según los investigadores, estos habrían utilizado el esquema para incrementar el costo de licitaciones, lo que conllevaría una posible defraudación a la administración pública.

A través de un comunicado, las autoridades subrayaron la amplitud de la operación y su dispersión territorial en ciudades como Mar del Plata, Trelew, Esquel, Rawson y Córdoba. Por ello, no se descartaría la participación de otros integrantes que pudieran haber colaborado en la logística y coordinación de tareas de las actividades delictivas.

Los operativos se llevaron a cabo en domicilios de la capital bonaerense y de la Ciudad de Buenos Aires. Como resultado, se secuestraron documentos contables, archivos digitales y una gran suma de dinero en diversas divisas. Se encontraron $199.492.700, USD 357.153, 1.090.180 de pesos uruguayos, 13.070 euros, 5.171 reales y 3.100 libras esterlinas.