Allanaron la casa de un policía federal en una causa por tráfico de material de explotación sexual de menores

En el marco de una operación internacional contra la explotación sexual infantil, la Justicia allanó este martes una vivienda en Morón, donde reside un agente de la Policía Federal. Las investigaciones señalaron que desde ese domicilio se había compartido material de abuso en redes sociales, aunque aún no se ha determinado quién fue el responsable.

Según pudo saber Infobae, al momento del procedimiento se encontraban en el lugar el oficial, su hermano y la madre de ambos. Ninguno fue detenido. No obstante, el efectivo policial fue notificado sobre su posible vinculación con el caso, dado que es el titular de la conexión a internet.

De acuerdo con las primeras investigaciones, las imágenes compartidas no habrían sido producidas en esa vivienda. Durante la inspección, las autoridades secuestraron dos notebooks, que serán sometidas a peritajes. En el caso interviene la Unidad Funcional de Instrucción N°5 de Morón, a cargo de los fiscales Claudio Oviedo y Marisa Monti, quienes aguardan los resultados de las pericias.

El procedimiento fue parte de un operativo que se extiende más allá de las fronteras bajo el nombre “Aliados por la Infancia IV”, con el fin de desbaratar redes de transmisión y producción de material de abuso sexual infantil. En total, hubo 70 allanamientos simultáneos en seis países: 48 fueron en territorio argentino y resultaron en la detención de seis sospechosos.

Se realizaron intervenciones en las provincias de Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán, además de Buenos Aires. También en Capital Federal, bajo la coordinación de la Unidad Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas (UFEDyCI), que conduce la fiscal Daniela Dupuy, y la Fiscalía PCyF Nº17 de la Ciudad, a cargo de Tomás Vaccarezza.

La investigación, además, involucró objetivos ubicados en Panamá, República Dominicana, Perú, Puerto Rico y Costa Rica. El despliegue involucró a diversas fuerzas de seguridad y fiscalías, supervisadas por entes de investigación especializados en ciberdelitos y trata de personas.

La operación se apoya en tecnologías avanzadas como las plataformas Internet Crimes Against Children Child On-line Protection System (ICACCOPS) y Sistema de Protección de la Infancia (CPS), dos sistemas estadounidenses que permiten rastrear a usuarios de redes P2P involucrados en la distribución de material ilegal. También contó con reportes vitales de la ONG National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) para identificar direcciones IP vinculadas al tráfico de este tipo de contenido, facilitando la identificación de los responsables.

En el ámbito bonaerense, además del allanamiento en Morón, las autoridades registraron otros cinco domicilios en Hurlingham, Ezeiza, Quilmes, Mar del Plata y Necochea. Los procedimientos fueron dirigidos por el Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Pornografía Infantil y Grooming, a cargo de Eleonora Weingast, que se encuentra en la órbita de la Secretaría de Política Criminal de la Procuración General.

En los seis operativos, se detuvieron a dos personas, mientras que otras tres fueron imputadas. Y se incautaron siete notebooks, cinco PC, nueve teléfonos celulares, 15 dispositivos de almacenamiento y un arma de fuego.

Participaron en los allanamientos efectivos y expertos de la Dirección de Investigaciones en Cibercrimen, Superintendencia de Investigaciones en Delitos Complejos y Crimen Organizado de Policía Bonaerense; la Estación de Policía de Seguridad Departamental Berazategui; la Policía Federal Delegación Necochea; la DUOF Mar del Plata y la División de Delitos Cibernéticos contra la Niñez y Adolescencia de la PFA; el Escuadrón de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Buenos Aires” de Gendarmería Nacional y la División Investigaciones de Ciberdelitos de Prefectura Naval Argentina. También, peritos de la Policía Judicial de la Procuración General y del MPF bonaerense.