Después de la audiencia clave que tuvo lugar ayer en Rosario, donde fue acusado el preso Alejandro Isaías Núñez, alias “Chucky Monedita”, como uno de los presuntos instigadores de los crímenes de los taxistas Hector Figueroa (43 años) y Diego Celentano (38) y la balacera contra la comisaría 15ª, la investigación ahora se propone avanzar con quienes planificaron los otros atentados y homicidios.
Durante la exposición de los fiscales Adrián Spelta, Patricio Saldutti y Franco Carbone se mencionó la posibilidad de que el capo narco Esteban Lindor Alvarado y Claudio Javier “Morocho” Mansilla hayan dado órdenes desde el penal de Ezeiza para perpetrar algunos de los delitos, sin embargo, por ahora no fueron imputados.
La situación no pasó desapercibida para el Estado provincial, ya que algunas de esas directivas habrían sido impartidas por videollamada, desde un celular, por parte de esos internos, que supuestamente estaban en un lugar de aislamiento del complejo federal.
Investigadores que participaron en las tareas llevadas adelante hace más de un mes conocían que Mansilla y Alvarado estaban “casi celda de por medio” en Ezeiza, donde ambos cumplen penas a prisión perpetua, en el caso del “Morocho” por un doble crimen y en el caso de Alvarado, una prisión perpetua por múltiples delitos.
Una de las posibles conjeturas por las que Alvarado o Mansilla lograron ingresar y usar un teléfono es –además de la posible connivencia del Servicio Penitenciario Federal– porque existen “dificultades técnicas” de los inhibidores de señal del predio penitenciario. En ese marco, desde el Estado santafesino se ve con buenos ojos la chance de que el gobierno nacional pueda trasladar a ambos jefes de organizaciones criminales a otras cárceles, como el penale de Rawson, a donde fueron enviados ya varias figuras de la violencia nacional.
Por su parte, el gobierno provincial ya recibió el acta de la audiencia de este martes, donde consta que los fiscales afirmaron que “Chucky Monedita” ordenó a su pareja Brenda Natalí Pared –que tenía prisión domiciliaria con tobillera electrónica por una causa narco–, su única visita autorizada en el pabellón 28 de alto perfil de la cárcel de Piñero, que cometiera los homicidios de dos taxistas y un atentado que tenía que estar dirigido hacia un camión recolector de residuos, una farmacia o una comisaría.
Un presunto integrante de su estructura, Matías “Matute” M. -de 17 años- fue sindicado como quien finalmente baleó la seccional 15ª en una moto que posteriormente fue incautada en un allanamiento.
Con ese documento judicial, “Monedita” no podrá recibir más visitas y su pareja Brenda Pared fue trasladada a un régimen de alto perfil en el complejo penitenciario para mujeres, situado en la zona oeste de la ciudad.
Las medidas que se aplican ahora con “Chucky Monedita” están orientadas a “bloquearlo” y “aislarlo” del contacto con su círculo y con su banda. “No vemos otra opción. En la audiencia quedó claro que un chico de 17 años como ‘Matute’ logró mayor peso en la organización y eso les preocupa a los presos porque empiezan a ver que otros integrantes logran mayor autonomía y pierden peso”, admitió una fuente en diálogo con Infobae.
Con respecto al menor no punible que está sindicado como presunto autor material del crimen del playero Bruno Bussanich, del taxista Héctor Raúl Figueroa y posiblemente partícipe en el del taxista Diego Celentano, se encuentra bajo resguardo. Sus declaraciones informativas ante el Juzgado de Menores fueron, según los indicios que ventilaron los fiscales este martes, importantísimas para acreditar algunas hipótesis que barajaban en la causa.
Quienes intervienen en el caso no desconocen la sólida evidencia judicial que se tiene contra el adolescente por los asesinatos. Agregan que también quedó expuesto en el expediente que tuvo presión por parte de adultos que integran la organización para que mate a Bussanich, cobre los 400 mil pesos y los entregue a otro miembro de la banda para saldar una deuda por la pérdida de una moto. “Eso no le quita responsabilidad en absoluto. Como castigarlo con esta legislación no es una opción, hay que buscar que no vuelva a hacer daño”, indicó una fuente provincial a este medio.
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