A un mes de la desaparición de Cecilia Strzyzowski, Amnistía Internacional Argentina lanzó una campaña global con el objetivo de impulsar a sus seguidores y activistas a firmar una carta dirigida al equipo especial de fiscales que investigan el caso para exigir una investigación “efectiva, imparcial e independiente, oportuna y con perspectiva de género” que permita establecer la verdad sobre el posible femicidio de la joven de 28 años.
En el texto de acción urgente, es decir, la carta que los activistas de Amnistía Internacional envían al Equipo Fiscal Especial, se le exige al Estado provincial que la investigación se realice de conformidad con los estándares legales que buscan atender todas las formas de violencia contra las mujeres; se garantice el deber de diligencia reforzada y se lleve a cabo una investigación urgente, exhaustiva, eficaz, independiente, imparcial, oportuna y con perspectiva de género para esclarecer los hechos y condenar a los responsables.
Finalmente, se pide a la Justicia que garantice la participación de los familiares de la víctima en la búsqueda y en todas las fases del proceso penal.
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“El mundo está mirando lo que sucede en el caso de Cecilia. En un contexto en donde los imputados tienen un fuerte vínculo con el poder político es imperioso que el Estado garantice una investigación efectiva, imparcial, independiente, oportuna y con perspectiva de género para echar luz sobre lo ocurrido y que las víctimas puedan acceder a una reparación efectiva”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Cecilia fue vista por última vez el viernes 2 de junio en Resistencia, Chaco, junto a su pareja, César Sena, hijo de los poderosos dirigentes políticos Emerenciano Sena y Marcela Acuña, que fueron precandidatos en las recientes elecciones provinciales.
Su desaparición está siendo investigada como un femicidio después de que se encontraran posibles restos óseos humanos, restos de sangre y prendas de ropa en dos propiedades pertenecientes a la familia de Sena, según el informe de los peritos del Instituto Médico Legal del Poder Judicial del Chaco, y de que el crimen habría ocurrido por razones de género. César Sena y sus padres se encuentran en prisión preventiva, al igual que otras cuatro personas en carácter de colaboradores en el encubrimiento.
En Argentina, explican desde Amnistía Internacional, existe un patrón de impunidad sistemática en la persecución y procesamiento judicial de los casos de violencia contra las mujeres, ya que la mayoría de éstos carecen de investigación, sanción y reparación efectivas. Ante esta realidad, es fundamental que el Poder Judicial adopte todos los recursos a su alcance para romper el ciclo de impunidad, garantizar la protección de la vida de las mujeres y niñas y asegurar que los casos de violencia de género sean abordados conforme a los estándares de derechos humanos.
En la misma línea, indican, debe haber mecanismos de protección apropiados y accesibles para prevenir nuevos y potenciales casos de violencia de género, y las víctimas deben poder acceder a una reparación efectiva.
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Es que, solo en 2022, en nuestro país se registró un caso de femicidio cada 35 horas. 167 de las 252 muertes se produjeron en contextos de violencia en el ámbito doméstico. La provincia de Chaco es la segunda con mayor tasa de femicidios, según datos del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia argentina.
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