Un funcionario del Senado fue acusado de abusar de una niña

H. -una inicial de fantasía empleada para proteger su identidad- había cambiado a mediados del año pasado. Su madre notaba fuertes conatos de angustia, llantos disparados por trivialidades, cierta sobreexcitación seguida de pozos de angustia. Otros adultos cerca de la niña habían notado los cambios también, posibles síntomas de algo mayor, más grave. Poco después, a fines de octubre, la madre de H. consultó a una psicóloga: la menor comenzaría un tratamiento. Semanas después, H. miró fijo a su madre y le hizo una pregunta sumamente incómoda: "Mamá, ¿Hugo es un violador de partes íntimas? ¿Sí o no?" "Hugo" no era otro que Hugo Washington Jara, de 47 años de edad, oriundo de Santa Cruz, la pareja de su madre durante los últimos años, con quien convivían en una casa de la zona oeste.

Jara había cambiado también. El santacruceño se había vuelto mucho más temperamental e irascible tras enterarse de que H. comenzaba a visitar a una psicóloga. Tiempo después, Jara recibió una nota de parte de su pareja: "Hugo, mi hija está pasando una situación muy delicada. Voy a acompañarla a ella en este momento. Voy a dejar de ir a la oficina y necesitamos tomar distancia de vos. No me llames ni me escribas, por favor respetalo."

La evaluación de la psicóloga fue clave. No se trataba solo de cambios emocionales bruscos, H. había comenzado a orinarse encima. Para la analista, la sospecha era clara: H. sería una víctima de abuso sexual. No había otro sospechoso que Jara mismo. La madre de la menor denunció a su pareja ante la Justicia en marzo de este año, un expediente que recayó en la UFI Nº2 de La Matanza especializada en delitos de violencia de género, a cargo de la doctora Analía Córdoba.

Tiempo después, el nombre de Jara llegaba a la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Senado, con un sumario administrativo. El Senado, con un documento firmado y sellado, disponía la "desafectación provisoria" de Jara de su cargo. El santacruceño había llegado a la cámara alta en junio de 2008; mediante el decreto DP-649/08 se le asignó el rol de jefe de departamento parlamentario de la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Jara tuvo un benefactor político célebre. Luego de su designación, el ex senador del FPV Nicolás Fernández solicitó en mayo de 2010 un cambio para su coprovinciano: solicitó que pase de ser jefe de departamento parlamentario de la Comisión a ser el secretario administrativo y técnico. Fernández fue un histórico del ex oficialismo y ex compañero de banca de Cristina Kirchner, con quien tenía un estrecho vínculo, hasta que fue expulsado por varias diferencias y desgastes. Fue procesado el año pasado por el juez en lo penal económico Rafael Caputo, acusado del delito de contrabando de divisas luego de que la PSA lo encontrara en Ezeiza intentando viajar con casi 30 mil dólares en efectivo en la cartera de su mujer.

La denuncia que la madre de H. presentó ante la Justicia de La Matanza, un relato en primera persona a cuyos contenidos accedió Infobae, apunta: "La psicóloga nos confirma que mi hija ha sufrido abusos, que lo dijo con todos los síntomas, con los juegos, con las preguntas, con sus miedos… Me aconsejó que frente a la angustia de mi hija hay que actuar".

H. y su madre dejaron la casa en la que convivían con Jara. Sin embargo, según apunta la mujer en la denuncia, irse de la casa no fue el fin de los problemas: "Hasta hoy he sufrido persecuciones por parte del imputado, en más de tres oportunidades lo he visto escondido y como en todas esas veces me encontraba con mi hija no tengo manera de protegerme… En algún momento pidió a través de una abogada formalizar un convenio pero como se rechazó se puso más complicado en su comportamiento. También tengo una carta manuscrita que le hizo llegar a mi hija, pese a que sabe lo que sucedió, que me tiene muy asustada". La madre de H. pidió formalmente medidas perimetrales contra su ex.

Fuentes judiciales en La Matanza indican que la causa en contra de Jara está en movimiento. El jueves 9 de este mes, H. asistió a una pericia psicológica. Al ver a un perito de parte designado por Jara, la menor "se cerró y se negó a hablar", apunta una voz con conocimiento directo del expediente. La pericia no se llevó a cabo y debió ser reagendada.