La insólita elección “a la gorra” de Bignone como presidente y su decisión de entregar el poder que nadie escuchó

El título de la tapa del diario Clarín del viernes de 18 de junio de 1982 informaba: “Cayó Galtieri” y seguidamente adelantaba que “el general Nicolaides asume hoy como comandante en jefe del Ejército. El ministro Alfredo Saint Jean sería presidente interino. Leopoldo Galtieri apenas había durado seis meses en el poder y la crisis había estallado tras la rendición militar del 14 de junio en Puerto Argentino. Antes de abandonar la Casa de Gobierno, el 17 por la noche, Galtieri comentó a tres periodistas: “Me voy porque el Ejército no me dio el respaldo político para continuar como comandante y presidente de la Nación”. “Las Fuerzas Armadas no merecen este destino [...] el país no merece este gobierno [...] el gobierno debe irse ya, debe cesar la usurpación del poder y hoy mismo se debe poner en marcha un período de transición civil hacia la democracia”, dijo Raúl Ricardo Alfonsín.

En esos momentos el brigadier Lami Dozo habló con su par de la Armada Jorge Anaya:

--“Negro”, que se vaya Galtieri es un problema del Ejército, pero que deje la Presidencia de la Nación es un problema de la Junta Militar.

-- Anaya: Va a ser un problema bárbaro.

“No sabemos qué ocurrirá ahora, tras este vuelco de la situación. Y lo más grave es que resulta imposible saberlo”, escribió en La Prensa del 18 de junio Jesús Iglesias Rouco, uno de los fogoneros de la aventura de Malvinas. En esa mañana lluviosa, bajo un galpón del Regimiento Patricios, el nuevo teniente general Cristino Nicolaides asumió como jefe del Ejército y por la tarde, en el edificio del Congreso, lo hizo como miembro de la Junta Militar. El nuevo jefe del Ejército había recibido las palmas de general de manos de Isabel Perón en 1975. Era el cuarto comandante del Ejército desde 1976 y la calle estaba plagada de rumores. Sólo así se puede entender la tapa de Crónica que dio el nombre de Basilio Lami Dozo como futuro presidente, con retención de la comandancia de la Fuerza Aérea. La “noticia” del día fue que la Selección argentina había goleado a Hungría 4 a 1, con un “Maradona que se ‘comió’ la cancha”, según tituló “Crónica”.

Mientras se sucedían las horas, Lami Dozo recibió un llamado de Nicolaides:

Nicolaides: ¿Me invitás con un café?

Lami Dozo: Te espero en el edificio Cóndor.

Una vez que estuvieron frente a frente, Nicolaides no perdió tiempo:

-- Nicolaides: Nosotros queremos que sea (Reynaldo) Bignone.

-- Lami Dozo: No puede ser, le falta condiciones de mando y tiene el problema de su hijo.

-- Nicolaides: Mire brigadier, el Proceso comenzó con un general del Ejército de Presidente y debe terminar con un general del Ejército.

El teniente general Cristino Nicolaides había hecho votar a los altos mandos del Ejército sobre quién debía ser el próximo presidente de la Nación. Antes dio una lista de los generales “presidenciables”: Reynaldo Benito Bignone, Antonio Domingo Bussi, José Rogelio Villarreal, Eduardo Crespi y el “pelusa” Carlos A. Martínez. No había una urna en la que cada uno debía depositar su preferencia anotada en un papelito. Entonces tomó su gorra e hizo que cada uno depositara su voto. Todos se miraron las caras sin decir nada. Estaban sentados alrededor de la “mesa grande” donde se reunían los generales de división en el tercer piso del edificio Libertador y terminada la recolección de los votos dijo que iba a su despacho a hacer el “escrutinio”. Al poco rato volvió y dijo que por “unanimidad” había sido electo Bignone, “por lo tanto lo he llamado y ya viene en camino a participar de la reunión”.

-- ¿Dígame general, usted votó por Bignone?, le pregunté años más tarde al general Reston.

-- No.

-- Entonces no hubo “unanimidad”.

Al mejor estilo del ex presidente conservador Ramón S. Castillo, en diciembre de 1941, Nicolaides pareció decir: “Sí, por unanimidad… de uno. O sea yo que soy quien decide.”

La Fuerza Aérea no acepto la decisión del Ejército y la Junta Militar se partió. El día que asumió Bignone, Lami Dozo no asistió y el 17 de agosto, Arturo Basilio Lami Dozo dejó la comandancia en jefe de la Fuerza Aérea. Apenas estuvo nueve meses en el cargo, Malvinas lo arrastró. El sábado 19 de junio, la nueva Junta Militar se reunió en el Edificio Libertador. Según relató Jorge Isaac Anaya al autor, en una minuta dictada el 18 de marzo de 2007: “Galtieri fue obligado a renunciar, el nuevo gobierno allí nacido (Nicolaides, Anaya, Lami Dozo) se convocó a una reunión para aprobar el Estatuto de los Partidos Políticos”, pero “esta reunión se suspendió”. En las horas previas a la reunión de la Junta, “Nicolaides pidió que se firmase el cese de hostilidades, a lo cual Anaya se negó (condición que ponía Gran Bretaña para liberar a los detenidos), porque su hijo ‘no se lo iba a perdonar si lo hacía’” (un hijo de Anaya estaba preso en las Malvinas).

Más tarde, “la nueva Junta encara la designación del nuevo Presidente de la Nación, lo cual según los estatutos del Proceso, debía ser resuelto por unanimidad. Entonces, Nicolaides propone al general (RE) Bignone. El brigadier Basilio Lami Dozo se propone a sí mismo y Anaya a Nicanor Costa Méndez. Pero como los estatutos especificaban que tenía que ser un jefe de las Fuerzas Armadas, la propuesta de Anaya no fue aceptada, pese a que sugirió que el Estatuto fuera modificado en ese sentido. Luego, Lami Dozo expresó: Acá se rompió el Proceso y avisó que retiraba al personal de la Fuerza Aérea afectado a la función pública. El martes 22 de junio, a las 17.45, la sociedad se enteró que había sido designado Bignone a través de un comunicado del comando en jefe del Ejército y no de la Junta Militar. A pesar de la negativa de la Armada y la Fuerza Aérea, fue impuesto para asumir el 1° de julio hasta el 29 de marzo de 1984, día en que terminaba el mandato de Galtieri. El matutino La Nación del día siguiente tituló: “El país será institucionalizado durante los primeros meses de 1984. Hoy se iniciará una consulta con los sectores representativos de la vida nacional.” El título de su editorial era una señal de los tiempos: “El fin del Proceso”.

La noticia fue tomada con escepticismo por la mayoría del arco político y cuatro de los partidos de la Multipartidaria (radicales, desarrollistas, intransigentes y demócrata cristianos) emitieron una declaración reclamando el retorno a la plena y urgente vigencia de la Constitución, afirmando que “la Nación asiste defraudada y absorta al espectáculo que se brinda desde los estrados del poder”. El peronismo institucionalmente no la firmó, aunque Antonio Cafiero habló de “vacío de poder” y dio “el Proceso por agotado y ya mismo debe ser dado por concluido”.

El jueves 24, Bignone se reunió con los presidentes de trece partidos políticos (los conservadores populares no asistieron) en el Salón de Lectura del Senado. “No vine a solicitar apoyo; vine a hablar muy claro, y me agradaría realmente que ustedes pulsen la opinión de los señores dirigentes”, negando todo su pasado, dijo que no es “videlista, ni violista, ni nada”. A diferencia de otros candidatos, él era la nada.

Todos hablaron. Desde la otra punta del arco político, Emilio Hardoy dijo durante un acto del Encuentro Nacional Republicano: “Ahora están reunidos con Bignone los que llevaron al país al borde de la disolución nacional.” Raúl Alfonsín (que no asistió al encuentro) manifestó que “después de proclamar durante dos meses la unidad de los argentinos, las Fuerzas Armadas se dividen incapaces de asumir solidariamente la responsabilidad de todos estos años. Es demasiado para esperar pasivamente las elecciones.”

El 1° de julio, en la Casa de Gobierno, no en el edificio del Congreso como había ocurrido con los anteriores mandatarios del Proceso, asumió el general de división (RE) Reynaldo Benito Bignone, el último presidente del régimen militar. Salvo el ministro del Interior, Llamil Reston, todos los ministros fueron civiles. Bignone recibió la herencia del Proceso sin beneficio de inventario.

Tras la caída de Puerto Argentino, buscó ser Presidente y, además, había sido dentro del régimen un protagonista más que importante: secretario general del Ejército y comandante de Institutos Militares hasta que pasó a retiro en diciembre de 1981. Debió enfrentar la hora del “destape”, cuando la sociedad, tras las revelaciones largamente acalladas en los medios de comunicación, comenzó a tomar conciencia de cómo se había terminado con el fenómeno terrorista en la Argentina.

Su gobierno parecía un barco averiado cuyo único puerto de destino era la democratización. La navegación hacia su destino no estuvo exenta de frentes de tormenta e intentos de cambios de rumbo. Hay que reconocer que Reynaldo Benito Bignone estuvo expuesto a varios golpes de estado dentro del propio régimen militar.

El jueves 4 de noviembre de 1982, casi cuatro meses más tarde de la caída de Puerto Argentino/Stanley, bajo la conducción del canciller Juan Ramón Aguirre Lanari, la Argentina y Latinoamérica lograron imponer por 90 votos a favor, 12 en contra y 52 abstenciones, la resolución 37/9 pedía a los gobiernos del Reino Unido y Gran Bretaña a “que reanuden negociaciones para encontrar, tan pronto como sea posible, una solución pacífica a la disputa de soberanía relativa a la cuestión de las islas Malvinas”. Y pedía al secretario general de la ONU que inicie “una nueva misión de buenos oficios para asistir a las partes”. En los considerando se recordaban las resoluciones 502 y 505 del Consejo de Seguridad y se tomaba en cuenta “la existencia de una cesación de facto de hostilidades en el Atlántico Sur y la expresa intención de las partes de no renovarlas.” La Comunidad Económica Europea se abstuvo y Japón, EE.UU. y España cerraron filas con Latinoamérica.

El 4 de marzo de 1983, Reynaldo Benito Bignone anunció elecciones y la entrega del poder el 30 de enero de 1984. La dirigencia política no aceptó ese plazo: “Como anestesiado por los siete años de gobierno militar” (el país) “escuchó sin estridencias” el anuncio presidencial. Pocas veces un mensaje de tanta trascendencia debe haber pasado por tamaña indiferencia frente a la opinión pública”, se escribió en Clarín del 5 de febrero de 1983. Luego, el 28 de abril de 1983, la Junta Militar dio a conocer a través de la cadena oficial lo que denominó el “documento final” sobre la lucha que se había librado contra “la agresión terrorista”, convocada “por el gobierno constitucional” (Isabel Perón), reconociendo que se había incurrido en errores que “pudieron traspasar los límites de los derechos humanos fundamentales y que quedan sujetos al ‘juicio de Dios’ en cada conciencia y a la comprensión de los hombres”. El documento fue rechazado por la mayor parte del arco político y social. La comisión ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina, además de reconocer el estado de “gravísima situación creada por la subversión, que llevaba a la desintegración misma de nuestro ser nacional […] debemos lamentar que esta defensa no siempre se ajustara a elementales criterios éticos individuales y sociales”. Señaló, además, que se requería del poder militar “el reconocimiento de los yerros, su detestación y la búsqueda de caminos posibles de reparación”.

Las elecciones nacionales y la entrega del poder tuvieron que adelantarse porque el régimen militar estaba terminado, aunque para algunos costó meses aceptarlo. Hasta la asunción de Raúl Alfonsín, el 10 de diciembre de 1983, existieron distintas manifestaciones que hicieron presagiar la interrupción de la salida constitucional. Pero no había espacio para más experiencias. Hacía tiempo que la hora del tiempo castrense había finalizado. Sólo era cuestión de reconocerlo.