La increíble coincidencia de los planes militares y la violencia del ERP en 1973 para evitar la vuelta de Perón

Al retornar de Paraguay como candidato presidencial, elegido por Perón en el Hotel Guaraní de Asunción, Héctor Cámpora inauguró unas oficinas en Oro y Santa Fe y el 20 de enero de 1973, el candidato se reunió en el Hotel Crillón con todos los candidatos a gobernadores, vicegobernadores, senadores y diputados nacionales para dar a conocer las Pautas Programáticas. El domingo 21 realizó su primer acto público en San Andrés de Giles, su ciudad natal, con una concurrencia de 30.000 personas, una cantidad no observada en los otros actos proselitistas. La alegría de la multitud duró poco. Apenas unas horas más tarde, el lunes 22, un comando terrorista asesinó a Julián Moreno, secretario adjunto de la UOM de Avellaneda. También murió su chofer Argentino Deheza, quien había cumplido idénticas funciones para el asesinado Augusto Timoteo Vandor. Para algunos habían operado las FAR, organización que todavía no se había unido a Montoneros; para otros Descamisados, una orga que estaba en proceso de asimilación a Montoneros. A los fines prácticos, eran sutilezas de lo mismo.

Desde Madrid, “fuentes justicialistas” consideraron “ilógico” que la muerte de los dos sindicalistas hubiera sido realizada por “un grupo de acción directa peronista” y lo consideraron una “provocación”. Se equivocaban en Madrid, no era una “provocación” sino el “escalón” de un proyecto subversivo que no querían ver. Para ser piadosos y sin temor a equivocarse, puede decirse que el jefe del justicialismo intentó con los muchachos un matrimonio de compromiso, y muchos buenos amigos de Perón lo sabían. Por ejemplo, su ex canciller Hipólito Paz, intentó explicar esa unión afirmando en sus Memorias: “Pienso que Perón creía en ese momento que la subversión era un arma contra el gobierno antiperonista. Se equivocaba, pero lo comprendió después. Los subversivos ensayaban lo que había de ser un gran objetivo: la lucha contra Perón y el peronismo y su aniquilamiento.”

Y, como el Tuco Paz, además, era un caballero, lo miró a los ojos en su última entrevista en Madrid y le dijo: “Creo que debo prevenirlo, General: su sentimiento íntimo para con nosotros es la aversión o el desprecio. Nos juzgan burgueses miopes y están persuadidos que nos van a usar para tirarnos después como ropa vieja. No se fíe de ellos. Algunos de ellos son dobles agentes, no lo dude.” Por lo menos había uno que no bailaba alegremente sobre la cubierta del Titanic.

El 23 otro grupo comando, sin especificar, asesinó a tiros al suboficial principal Claro Oscar Maidana, perteneciente al servicio de seguridad de la residencia presidencial. Estos siniestros hechos, a los que sucedieron varios más, provocaron largas reuniones de mandos militares y un manifiesto clima crítico hacia la conducción de Alejandro Lanusse. Entonces algunos medios dejaron trascender de fuentes bien informadas momentos de esas reuniones, sosteniendo que el jefe del Estado “habría señalado que sus características actuales no conforman las aspiraciones mínimas que motivaron la decisión de convocar al país a elegir sus autoridades constitucionales” y que criticó a aquellos que adoptaban una “posición cómoda” frente al peligro de la guerrilla. Así fue como el teniente general Alejandro Agustín Lanusse caracterizó, según La Opinión del 25 de enero, “como un verdadero genocidio político la eventualidad de que el país desemboque finalmente en los desbordes de una fuerza que se considera mayoritaria y cuyos propios dirigentes están sometidos al terror de organizaciones que actúan dentro de ese mismo movimiento.” Todo era cuestión de esperar al 25 de mayo de 1973, día de la transferencia del gobierno.

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Palabras y conceptos como estos, Lanusse los recibía a diario. Figuran en su archivo personal. Algunos imaginaron parar el proceso de normalización institucional pero ya no podían. La gestión del régimen castrense (desde 1966 hasta ese momento) era tan mala que no había espacio para más proyectos dilatorios. En ese momento el sindicalista José Ignacio Rucci advirtió que “los intentos de Lanusse de chantajear con su amenaza de renuncia no surtirán efecto, porque la mayoría de las Fuerzas Armadas es partidaria de llevar el proceso electoral hasta sus últimas consecuencias.” Perón fue más contundente cuando le dijo al periodista Gino Nebiolo del diario católico Avvenire, el 23 de enero de 1973: “Si hay elecciones en marzo, las ganaremos. Si la dictadura las impidiera o las manipulara, no dudaré en llevar al pueblo al poder.”

Días más tarde (2 de febrero), el presidente de facto recibía un trabajo de asesoramiento que llevaba como título: “Gana Cámpora y de acuerdo a lo prometido, las FFAA deben entregarle el Gobierno (no el Poder).” Inmediatamente se aclaraba que la no entrega del poder había sido “manifestado repetidas veces al país que se aseguraría que no habría retorno al pasado, ni salto al vacío y que el próximo gobierno sería de transición”. Se proponía un “Pacto de Garantías”, conocido como “los 5 puntos” que nadie tomó en cuenta.

En el caso de una respuesta negativa por parte del peronismo se aconsejaban “posibles MODOS DE ACCIÓN para llegar al acto electoral con el condicionamiento que se impuso al mismo al convocarse al país al proceso de institucionalización”. Entre otras herramientas se consideraba “provocar la abstención del Frente de Liberación Nacional, intensificando el proceso (judicial) a Perón. Aperturas de causas cerradas, campaña psicológica por todos los medios de difusión deteriorando su persona y la de sus allegados. Negociar con España volverle a su “status” anterior e inclusive, arreglar, si vuelve a salir nuevamente que no pueda volver a residir (disuasivo) no darle pasaporte. Impedir los vuelos a Madrid investigando con qué fondos se financian. “Imponerle al Frente que acepte fórmula extrapartidaria para la Presidencia a propuesta de la Junta Militar (una terna)”.

El mismo día y con la misma máquina, otro trabajo del mismo organismo propone “fundamentos de la necesidad de la permanencia del Teniente General Alejandro A. Lanusse en el poder” que podría emparentase con otro trabajo del 5 de febrero de 1973 cuyo título plantea un gran interrogante: “¿Qué consecuencias traería aparejadas la proscripción del Partido Justicialista? Diferencias entre candidatos y partido”. Estos trabajos eran de implementación imposible. Primero, Lanusse había manifestado públicamente en julio de 1972 que no sería candidato y no seguiría en el poder. Segundo, las FFAA no secundarían masivamente tales propuestas y tercero las reacciones civiles serían incontenibles. La Argentina había entrado en un túnel cuya salida era impredecible.

Como Lanusse no concretó el Gran Acuerdo Nacional y Perón no se encontró con la Junta de Comandantes en su primer retorno del 17 de noviembre de 1972, desde el gobierno militar comenzó a deslizarse la posibilidad de que las agrupaciones acuerden un acta de garantías sobre determinados temas puntuales: Legislación penal para acotar la actividad subversiva; no a una amnistía generalizada y el futuro del Poder Judicial, eran algunos que interesaban a las FFAA. El líder radical Ricardo Balbín dijo respecto de una amnistía que había que analizar “caso por caso” y se pronunció por la “inamovilidad del Poder Judicial y vigencia del acuerdo del Senado.” Perón, desde Madrid, dejó trascender que no estaba dispuesto a firmar ningún pacto de garantías, ni acta institucional, con el actual gobierno militar. Todo hacía prever que iba a ganar el Frente Justicialista de Liberación (FREJULI) y que “la Revolución Argentina había pasado para nada” era una idea generalizada. En medio de la contienda electoral, las organizaciones armadas redoblaron sus operaciones: asesinatos, robos, secuestros, atentados y extorsiones servían para nutrir una gimnasia que les permitiera asegurarse un lugar de privilegio en el futuro reparto del poder. Para no dejar nada flotando en el vacío, el martes 6 de febrero, la Junta Militar prohibió el regreso de Perón a la Argentina “hasta tanto asuman el poder las autoridades que el pueblo elija en las próximas elecciones”. Se reitera: la campaña electoral y algunos sectores militares todavía consideraban la posibilidad de detener el proceso. Así lo prueba un informe de la SIDE del 12 de febrero de 1973, en el que se analiza el cuadro de las organizaciones terroristas. Tras un listado de las más importantes organizaciones armadas, la Secretaria de Inteligencia advertía que “con o sin elecciones, las mencionadas fuerzas subversivas –que en un momento dado podrían movilizar no menos de treinta mil hombres equipados del más moderno armamento automático y otros elementos muy avanzados para el combate—desatarán inexorablemente la escalada guerrillera.”

En los medios, febrero comenzó con el tratamiento de una proyectada “Acta Institucional” más conocida como “los cinco puntos”. El borrador del texto había sido preparado por el Estado Mayor Conjunto, a cargo del brigadier Osvaldo Cacciatore. El miércoles 7 de febrero por la mañana, Lanusse citó a los generales en actividad y los presionó para firmar “el compromiso que asume el Ejército” con el país. Dos generales de brigada solicitaron 48 horas para analizar si lo firmaban o no. Uno fue el general Horacio Aníbal Rivera, ex jefe de la Casa Militar del presidente Roberto Marcelo Levingston y en ese momento director de Producción de Fabricaciones Militares, quien lo firmó al día siguiente. El otro, Ibérico Saint Jean lo rechazó y pidió su retiro el mismo miércoles por la noche. Con sus “cinco puntos” Lanusse intentó mantener la influencia de las FFAA en el poder, porque entendía que el próximo gobierno sería de “transición”. Tenía razón en cuanto a la “transición” pero ya no estaba en condiciones de imponerla. Apenas tenía margen para conducir una retirada ordenada de los militares. El documento fue observado por las fuerzas políticas como condicionante para el futuro gobierno constitucional y luego del 11 de marzo pasó al olvido. Desde Salta, Cámpora respondió, el 17 de febrero, con justeza, y no menos confusión, que “nosotros tenemos una Constitución y a ella nos sometemos, para no confundirnos le preguntaremos al pueblo cuál Constitución prefiere”.

Desde Madrid, Perón ordenó al sindicalismo “ganar la calle”, en un mensaje grabado para “los trabajadores argentinos”, que trajo en esas horas el jefe de la CGT, José Ignacio Rucci. Además, como una forma de enrarecer más el panorama político y abaratar la candidatura de Balbín, desde Madrid algunos personeros del viejo líder dejaron trascender que habría un pacto de gobernabilidad con el radicalismo. El dirigente radical Juan Carlos Pugliese, el 13 de febrero, salió a aclarar que el único acuerdo consistía en que “el que gana las elecciones gobierna, y el que pierde ayuda.” Y, para alejar suspicacias, el radicalismo se negó a participar de una nueva asamblea multipartidaria convocada por el FREJULI en el restaurante “Nino”, donde se analizaría la eventual proscripción de la fórmula Cámpora-Solano Lima.

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El miércoles 14 la violencia volvió a mostrar su peor cara cuando al finalizar un acto en Chivilcoy, presidido por Rucci, en apoyo a Victorio Calabró, candidato a vicegobernador en la provincia de Buenos Aires, se escucharon unos disparos de armas de fuego cuando los choferes y ayudantes de los dirigentes sindicales se dirigían a sus automóviles. En la refriega murió Osvaldo Bianculli, el secretario privado de José Ignacio Rucci y fue herido el obrero metalúrgico Horacio Ledesma. Era otra advertencia: en su discurso Rucci habló de “pacificación nacional” y desde las filas de la Juventud Peronista le respondieron con el “duro, duro, no va a quedar ninguno.”

El jueves 15, el FREJULI realizó un impresionante acto de campaña en la cancha de Atlanta, donde la JP mostró nuevamente su poder de movilización. De los más de 30.000 asistentes la mayoría no pasaban de 25 años. Las crónicas de esos días remarcan la escasa participación del sindicalismo y los pocos jefes de las 62 Organizaciones que se atrevieron a concurrir (como Lorenzo Miguel) fueron insultados al notarse sus presencias. Los muchachos de la Tendencia Revolucionaria se dedicaron a gritar consignas de apoyo a las formaciones especiales y la patria socialista. Como todos querían figurar, la tribuna principal se desplomó y Cámpora hablo cerca de la medianoche. Observando la presencia militante, exultante, gritó: ¡La dictadura podría ahorrase la elección!

Contemporáneamente, el 14 de enero de 1973, Roberto Mario Santucho, el jefe del PRT-ERP, encabezaba en Córdoba una reunión clandestina con el fin de elaborar la política de la organización frente al proceso electoral. La conclusión era clara y definitiva: acribillar la salida electoral y continuar la guerra contra las FFAA. En su marco de alianzas no participarían ni Montoneros ni las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) más cercanas el peronismo. Así por lo menos se lo dijeron durante una reunión celebrada a fines de enero.

Frente a este panorama, a principios de febrero, Santucho comenzó a diseñar con Juan Ledesma (alias Capitán “Pedro”) el asalto al Batallón de Comunicaciones 141 de Córdoba. “Pedro” estuvo al frente de la Compañía Decididos de Córdoba y entre tantas acciones militares, participo en el copamiento de la Guarnición Azul (enero de 1974); intervino en la planificación del ataque al Batallón Depósito de Arsenales 121 y tras ascender a jefe del Estado Mayor del ERP planifico el asalto al Batallón Depósito de Arsenales 601 en Monte Chingolo (diciembre de 1975). El domingo 18 de febrero, a las 3.30, un comando de cuarenta miembros del PRT-ERP irrumpió en el Batallón de Comunicaciones 141, en Córdoba, contando con la complicidad del conscripto Félix Roque Jiménez (declarado días más tarde “traidor a la Patria”), y robó una cantidad importante de armas. Según relató el general de división Alcides López Aufranc, jefe del Estado Mayor del Ejército, la organización político-militar se había alzado con 63 subfusiles PAM-1, 11 PAM-2, 107 pistolas 11.25, 4 subfusiles Halcón MP.45 , 1 subfusil Halcón ML-63 9×19 mm, 1 curioso rifle Winchester .44, una escopeta lanzagases, 2 revólveres 32 especial, 1 pistola Beretta 9×19 mm, municiones y otros enseres de uso militar. Según el matutino La Opinión el hecho fue un incidente más dentro de los últimos “cincuenta días en los que hubo doce secuestros que demandaron rescates por una suma de 2.500 millones” de la época. Para Alejandro Lanusse fue el hecho “más grave desde que yo ejerzo la Presidencia; más grave que la muerte de un General o el asesinato de un Almirante y de los asesinatos de tantos servidores públicos…” (La Opinión, 21 de febrero de 1973). Dos días antes el mandatario de facto, al poner en funciones al nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto, vicealmirante Carlos Álvarez, reafirmó su compromiso de institucionalizar el país. Se aproximaba el vendaval que atravesaría la Argentina en la década del setenta.

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