El cura Carlos Eduardo José, de 62 años, fue absuelto este martes en el juicio al que llegó acusado de haber abusado sexualmente de una alumna del colegio parroquial que dirigía en la localidad bonaerense de Caseros, entre sus 12 y sus 21 años, mientras otras dos víctimas aguardan la decisión de la Suprema Corte bonaerense para poder impulsar sus propios procesos.
Tras la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 de San Martín, integrado por los jueces Raúl Luchelli Ramos, Mónica María Carreira y Carolina Martínez, se registraron incidentes entre los familiares de las víctimas y quienes se acercaron hasta los tribunales para respaldar al cura.
Carlos Eduardo José dirigía el Colegio San José Obrero, en la zona de Caseros. Tras la denuncia de Mailín Gabbo, se encontraba con prisión preventiva desde 2017, acusado de “abuso sexual gravemente ultrajante”. Aunque el sacerdote nunca negó los hechos, los miembros del Tribunal consideraron que la causa prescribió.
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“Los jueces son cómplices, cubren a un pedófilo, que va a salir y va a volver a abusar de alguna nena. De mí abusó 15 años pero no me importa, a mí no me va a volver a abusar, pero hay otras nenas en peligro”, dijo Mailín entre lágrimas y con bronca desde la puerta de los Tribunales.
“Que te paren arriba de su pene, que te toquen, que te besen sin que vos quieras, es abuso”, insistió la joven, quien estaba acompañada de otras víctimas del cura y a las que no les tomaron la denuncia de abuso, también porque ya había prescripto el hecho.
Héctor Silveyra, abogado de la víctima, calificó como vergonzoso el fallo del Tribunal y adelantó que apelarán la decisión. “Nunca negó los hechos, pero acá es tierra de nadie. Se amparan detrás de la prescripción. Lo de la Iglesia es una vergüenza, mandaron a sus laicos, todos pagos, como fuerza de choque. No puedo creer que festejen esta injusticia”, enfatizó el letrado.
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Gobbo necesitó muchos años de terapia psicológica para asumir lo que había vivido con el cura y animarse a denunciarlo. Incluso, contó su madre, tuvo que abandonar la facultad. Es que, además, el cura es allegado a su familia. Por eso, fue su mamá la que hizo la denuncia en la Justicia.
Tras conocer la denuncia, allá por 2017, el sacerdote le escribió una carta a la mamá de Mailín. “Les aseguro que nunca tuve mala intención. Quizás demasiado cariñoso, como ella también era cariñosa conmigo. Nunca estuve a solas con ella, en la parroquia siempre con algún animador o catequistas y otros chicos. Cuando salía con ustedes vos estabas presente. Quizás pude ser imprudente jugando con ella, pero nunca con mala intención”, escribió.
Otros tribunales ya habían señalado que esos hechos habían prescripto en el caso de las otras víctimas. Doce de trece hechos denunciados por Mailín fueron considerados de la misma manera, pero uno llegó a juicio, tras una decisión de la Sala III de San Martín, lo que se definió en el proceso de hoy. “Los jueces consideraron que el hecho es previo a la Ley Piazza y a la Ley 27206, tampoco consideraron tratados internacionales con jerarquía constitucional que protegen a las víctimas para que sean oídas”, asegura Alejandro Stipancic, abogado por las víctimas junto a Silveira. “Es un fallo vergonzoso y un día de luto para las víctimas. Deja al resto de las víctimas que esperan en la Corte provincial en una posición deplorable. Tampoco se entiende por qué se decide esto en esta instancia. Vamos a recurrir el fallo”, continuó.
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