Hablar no debería ser un privilegio. Sin embargo, muchas personas sobrevivientes necesitan décadas para poder contar lo que vivieron durante la infancia. El silencio impuesto por los agresores, la desprotección y la prescripción penal de este delito exponen una contradicción profunda entre los derechos que una democracia reconoce y aquellos que efectivamente garantiza.
El 1 de noviembre, en Olivos, durante el encuentro de sobrevivientes de violencia sexual en la infancia “En nuestras palabras II”, organizado por ARALMA, hubo personas que no pudieron aparecer en las fotografías. Podían compartir sus historias, con resguardos, vergüenza y tristeza, porque estábamos en un espacio de extremo cuidado, pero hacer pública su identidad suponía exponerse a represalias familiares, consecuencias laborales o al temor de que esa exposición fuera utilizada en sus procesos judiciales. Una vida capturada por un crimen vivido durante la infancia.
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Habían pasado años desde las agresiones, en algunos casos más de la mitad de la vida, y todavía necesitaban protegerse de las consecuencias de contar lo que habían vivido. La violencia había terminado para algunos; el peligro de hablar, todavía no.
Entiendo que debe ser difícil imaginar para alguien que no fue víctima de este crimen y que nunca tuvo que esconderse de una cámara, pero muchos sobrevivientes deben vivir así.
Y con sobrevivientes me refiero a las personas que fueron víctimas y tuvieron el privilegio de hablar y pedir ayuda, en algún momento de sus vidas.
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Estos dos días 18 y 19 de noviembre, dedicados a la prevención de la violencia sexual contra la infancia, esa escena obliga a detenerse en una exigencia que se repite con demasiada facilidad: “Hay que hablar”, como si encontrar palabras fuera suficiente. No lo es.
Demasiadas veces no hay casas seguras, recursos para sostener una denuncia, espacios de atención y asesoramiento, y familias dispuestas a acompañar, y tampoco una justicia que asegure que no revictimiza. Todavía hay muchas víctimas que temen denunciar.
Algunas deben pasar las fiestas familiares con los agresores, otros los tienen como vecinos y algunos deben presenciar que estén en programas de televisión, o recibiendo premios y honores o vitoreados en caravanas espirituales, escoltados con el dinero de los contribuyentes. Dinero que no se utiliza en campañas de prevención ni acompañamiento.
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Hablar debería ser un derecho de todas las víctimas, y hoy es un privilegio. También debería serlo tener asistencia médica y psicológica. Las secuelas de la violencia sexual padecida en la infancia son tan enormes que requieren en muchos casos tratamientos para toda la vida.
Da escalofríos pensar que un derecho fundamental como poder hablar, dependa de condiciones que tantas personas no encuentran. Eso muestra la real dimensión política del problema.
La posibilidad de comunicar tampoco puede quedar limitada a un relato verbal. Los bebés y los niños pequeños dependen especialmente de la capacidad de los adultos para advertir su sufrimiento y buscar una evaluación adecuada. Algunas personas con discapacidad necesitan sistemas de comunicación alternativa y otros apoyos.
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Yo trabajo en mi consultorio con pictogramas especialmente elaborados para malos tratos y agresiones sexuales, que he elaborado a lo largo de estos años para niños y niñas pequeños que no tienen todavía el lenguaje para poder comunicar la atrocidad que padecen, o niños migrantes, de comunidades indígenas o con discapacidad que tienen otras formas de expresarse y necesitan otro tipo de soportes.
A esas dificultades se agrega el prejuicio de considerar que un diagnóstico invalida lo que una persona expresa. En el cuarto episodio del podcast La Voz de la Infancia, conducido por la periodista Agustina Bordigoni para ARALMA, la activista Gabriela Bruno propone revisar dónde se ubica el problema: “Evaluemos el grado de inaccesibilidad”, dice.
Bruno señala, además, una dificultad decisiva: quien ejerce la violencia puede ser la misma persona que ayuda a vestirse, trasladarse, alimentarse o comunicarse. Poder pedir ayuda requiere entonces medios accesibles, privacidad y la garantía de que los apoyos necesarios continuarán sin depender del posible agresor.
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Para niñas, niños y adolescentes de pueblos originarios, las barreras exceden el idioma. En el mismo episodio, Tuju Gea Zamora, mujer wichí, médica y referente de Na’Nechepa, relata que en las comisarías locales muchas veces preguntan si quien denuncia es indígena y, ante una respuesta afirmativa, no toman la denuncia. Hay familias que deben regresar una y otra vez y buscar acompañamiento para conseguir que las escuchen. A las dificultades para contar la violencia se suma el racismo de las instituciones que deberían protegerlas.
Hablar en la propia lengua, contar con intérpretes y recibir un trato que respete la pertenencia cultural son condiciones del acceso a la justicia. Cuando denunciar exige además viajar, dejar de trabajar, conseguir alojamiento o afrontar conflictos con personas de las que depende la subsistencia, el derecho queda sujeto a recursos que no todos tienen.
Eso discutimos el lunes 2 de noviembre en el Colegio de Abogados de San Isidro en el encuentro “Persistencia y continuidad de la violencia sexual: desafíos para la justicia, la protección y la recuperación”, una mesa de articulación intersectorial latinoamericana organizada por ARALMA junto con el Instituto de los Derechos de las Mujeres del Colegio de Abogados de San Isidro. La cobertura la hizo Infobae.
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Con los sindicatos CGT, ADUBA y FEDUN se puso a consideración la posibilidad de impulsar licencias vinculadas con estas situaciones y con las necesidades de cuidado de quienes las atraviesan y acompañan. Es un aspecto que rara vez forma parte de la agenda cuando se habla de violencia sexual contra la infancia, y que alcanza tanto a la persona que la atravesó como a su familia y a quienes la acompañan. Sostener una denuncia, un proceso judicial o un tratamiento exige tiempo, y ese tiempo muchas veces no está contemplado en el ámbito laboral de quienes cuidan y respaldan a la víctima.
Repetimos y repetimos: se habla cuando se puede, como se puede y si se puede.
A veces durante la infancia; otras, muchos años después. Hay quienes lidian con recuerdos fragmentarios, quienes nunca olvidaron lo ocurrido y quienes crecieron naturalizando prácticas a las que fueron sometidos desde muy pequeños. Recordar, comprender que se padeció un crimen, metabolizarlo, contárselo a alguien y denunciarlo son procesos diferentes.
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La mayoría de las veces están separados por extensos años. Se debe a complejos procesos mentales que salvaron al sujeto infantil, lo ayudaron a sobrevivir a la brutalidad del ataque contra su cuerpo y su mente.
Cada sobreviviente tiene un tiempo propio. En los grupos de apoyo, en las terapias individuales y grupales de nuestra asociación, muchas personas cuentan que cuando intentaron hablar fueron desmentidas, castigadas o devueltas al cuidado de su agresor. Otras todavía no encuentran condiciones para hacerlo, para contárselo a su familia, a un amigo o hasta su propia pareja.
Para un niño o una niña, reconocer la violencia supone reconocer que alguien de quien depende está dañándolo. Esa persona puede ser, al mismo tiempo, alguien a quien quiere, necesita y teme.
Comprenderlo exige un trabajo psíquico doloroso, que también atraviesa la vida de muchos sobrevivientes adultos: saber lo que ocurrió no significa haber podido integrarlo a la propia historia ni dejar de padecer sus efectos.
El agresor utiliza la vulnerabilidad y la indefensión para imponer el silencio a través de secretos, confundir en la trama del afecto, someterlo y amenazarlo con destruirlo, y destruir a la familia. No solo se vive con pavor cada agresión, sino lo que vendrá. Es un miedo también a futuro.
El método de los pederastas es hacerle creer a la víctima que provocó lo ocurrido o que será responsable de lo que suceda si lo cuenta. Así, quien padeció la violencia queda también a cargo de ocultarla.
Por eso el crimen no es solo contra la integridad sexual, lo que se ataca, en pleno desarrollo, es toda la integridad: psíquica, emocional, social, religiosa y la capacidad de construir un futuro.
Las agresiones sexuales no solo laceran el presente de cada niño sino que pueden hipotecar su vida. Vivir con miedo, con furia, con enfermedades es parte de las secuelas que se pueden prolongar a lo largo de cada vida.
Este dispositivo hace que estemos frente a un crimen especialísimo, comparable a los crímenes de tortura. El Comité contra la Tortura sostiene que el Estado es responsable cuando, sabiendo o debiendo saber que particulares cometen estos actos, no los previene, investiga ni sanciona.
A nivel global, una de cada cinco mujeres y uno de cada siete varones han sido violentados sexualmente antes de los 18 años.
El Comité de los Derechos del Niño ha sido explícito: cualquier forma de violencia sexual contra menores de edad constituye un trato cruel, inhumano o degradante —y, en muchos casos, tortura— por la vulnerabilidad extrema de las víctimas y la intencionalidad del agresor, como expliqué en la columna del año pasado.
Esta es una deuda del Estado con los ciudadanos que han sobrevivido al crimen más atroz que pueda vivirse durante la infancia. Esa deuda tiene un nombre: la prescripción de los delitos contra la integridad sexual.
Quedar a cargo de ocultar un crimen del que se fue víctima, es algo que no ocurre en casi ningún otro tipo de crimen. Sobre ese silencio actúa la prescripción penal, que puede extinguir la posibilidad de perseguir un delito por el transcurso del tiempo.
La prescripción se fundamenta en la seguridad jurídica, la necesidad de limitar en el tiempo la persecución penal y las dificultades probatorias que puede traer el paso de los años. Ese fundamento debe revisarse cuando el tiempo transcurrido sin denunciar fue producido por las amenazas, la dependencia y el silenciamiento impuestos por el agresor y las secuelas psicológicas que deja este crimen. Las mismas que hoy pueden probarlo sobradamente gracias a la psicología.
Extinguir la posibilidad de juzgarlo, no solo revictimiza, convierte el sometimiento en una ventaja para el agresor. Eso es lo que hoy nuestro código penal sostiene.
La ley argentina 27.206 reconoció parte del problema: suspendió la prescripción durante la minoría de edad y hasta que, alcanzada la adultez, la víctima denuncie por sí misma o ratifique la denuncia realizada por sus representantes. Ese avance no equivale a la imprescriptibilidad.
También puede beneficiarlo el tiempo durante el cual consigue eludir a la justicia. El caso que dio origen al reclamo de la llamada Ley Segovia lo muestra: Alberto Martín Del Valle, acusado de violencia sexual contra una niña de once años, permaneció prófugo durante más de catorce años. Después de su captura, un juez declaró prescripta la acción penal y lo sobreseyó; esa resolución fue apelada. La fuga del acusado terminó siendo tiempo computado a su favor.
En estos días la discusión volvió al Congreso. La Comisión de Legislación Penal de Diputados comenzó a abordar distintos proyectos y la senadora Patricia Bullrich presentó una iniciativa sobre imprescriptibilidad.
Las propuestas tienen diferencias que deben discutirse con participación de sobrevivientes y especialistas.
Nuestro proyecto “Sin plazo para la verdad”, elaborado por sobrevivientes y especialistas de extensa y comprobada trayectoria e impulsado por ARALMA junto con organizaciones y profesionales, interpela una contradicción de la respuesta judicial: el agresor puede imponer silencio mediante amenazas, manipulación o dependencia durante la niñez, cuando la vulnerabilidad es mayor, y luego beneficiarse del tiempo que ese sometimiento le permitió ganar. La ley no puede convertir en una causa de impunidad el silencio que forma parte de la violencia ejercida. Eso hay que resolverlo.
Hoy la psicología tiene cómo acreditar el daño y su compatibilidad con lo relatado. No reconocerlo es cuidar la integridad de los agresores y olvidar a las víctimas.
La imprescriptibilidad mantiene abierta la posibilidad de investigar y juzgar. No establece culpabilidades, no reemplaza las pruebas ni elimina las garantías del proceso. Tampoco libera al Estado de actuar con rapidez: respetar los tiempos de las víctimas y exigir diligencia a la justicia son obligaciones que deben cumplirse juntas.
La justicia es reparatoria. Los juicios por la verdad no lo son, porque ofrecen una solución cosmética, como conté en la columna mencionada. “Cuando los delitos prescriben y el Estado ofrece —solo a veces— ese procedimiento como un premio consuelo, el mensaje hacia las y los sobrevivientes es brutal: la verdad la estamos diciendo nosotras y nosotros, no necesitamos un trámite vacío que no protege, no sanciona y no repara. El pederasta queda libre, sin restricciones y en condiciones de volver a agredir”.
Un sobreviviente, cuyo caso prescribió para la acción penal, explicaba que el haber podido hacer la denuncia la había ayudado a develar, con papel en mano, delante de la familia. Porque otra cuestión que tiene este crimen es que la víctima debe probar que lo fue.
No solo inmediatamente después del hecho, en los pocos casos que eso ocurre, sino muchísimos años después. Se le exigen pruebas, constantemente. Su palabra carece de valor no solo en ámbitos judiciales sin perspectiva en infancia y conocimiento de este crimen, sino al interior de las familias y las instituciones que deciden mirar para otro lado y así encubrir a los agresores.
Por eso pedir que se alce la voz por pura abreacción del afecto, sin ofrecer garantías deja sobre la víctima una responsabilidad que corresponde al Estado.
En los entornos digitales, el sometimiento encuentra nuevas formas de prolongarse. Por eso la prevención requiere actuar sobre quienes agreden y sobre las condiciones que permiten hacerlo: encubrimiento, desprotección, barreras de acceso y circuitos que reproducen y comercializan el daño. Es decir, exige presupuesto, responsabilidad empresarial y legislación eficaz.
Todo esto compromete a la democracia: una democracia que reconoce derechos debe garantizar las condiciones para ejercerlos, y eso incluye el tiempo, el dinero y el acompañamiento que hoy se dejan librados a cada familia.
La infancia integra la comunidad democrática desde el presente. Su ciudadanía no comienza cuando alcanza la edad para votar ni su dignidad depende de que pueda defenderse sola.
Una democracia que reconoce derechos debe garantizar las condiciones para ejercerlos, especialmente cuando hacerlo supone enfrentarse a alguien que tiene poder sobre la propia vida.
En ese sentido, la violencia sexual contra bebés, niñas, niños y adolescentes debe ser pensada también como un delito contra la democracia: ataca la libertad, la igualdad y la condición de sujeto de quienes la integran desde sus primeros días, y compromete su derecho a construir un proyecto de vida propio.
En Olivos hubo sobrevivientes que pudieron hablar y expresarse de diversas maneras en un espacio cerrado y protegido. No son libres de hablar públicamente del crimen del que fueron víctimas, ni pueden aparecer en una fotografía. Eso no es libertad, eso no es democracia.
Una democracia no puede pedirle a las víctimas que hablen y concederle al agresor, mediante la prescripción, la última palabra sobre el silencio que impuso, porque esa justamente es su estratagema.
Cerramos nuestro encuentro con una frase que nos identifica y nos da fuerza para exigir nuestra participación en cada decisión que se tome, en cualquier lugar del mundo, sobre la violencia sexual contra la infancia:
Al silencio no volvemos nunca más.
Sonia Almada es Lic. en Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Magíster Internacional en Derechos Humanos para la mujer y el niño, violencia de género e intrafamiliar (UNESCO). Se especializó en infancias y juventudes en Latinoamérica (CLACSO). Fundó en 2003 la asociación civil Aralma que impulsa acciones para la erradicación de todo tipo de violencias hacia infancias y juventudes y familias. Es autora de tres libros: La niña deshilachada, Me gusta como soy, La niña del campanario y Huérfanos atravesados por el femicidio.
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