Cinco de los diez imputados por presuntas irregularidades en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) han iniciado acercamientos con el Ministerio Público para negociar un acuerdo de penal abreviado y admitir culpabilidad, según informó Listín Diario.
Las negociaciones se producen mientras el órgano persecutor prepara una nueva fase de la pesquisa, denominada “Senasa 2.0”, de acuerdo con una fuente ligada a la investigación citada por el medio, que atribuyó las gestiones a la “solidez de las pruebas” reunidas.
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La acusación sostiene que la estructura habría operado entre 2020 y 2025, y que el monto de la estafa al Estado dominicano supera los 19,000 millones de pesos (aproximadamente USD 320 millones), cifra superior a los 15,000 millones señalados inicialmente. Las autoridades consideran que la investigación continúa y que podrían sumarse nuevos implicados a la causa.
Está prevista una revisión obligatoria de la medida de coerción para el 30 de julio. En esa fecha, el juez de control de las investigaciones, Deybi Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, conocerá el caso de los imputados que permanecen en prisión preventiva en la cárcel de Las Parras. Esta audiencia podría definir la situación procesal de quienes todavía cumplen la medida más restrictiva.
Entre los imputados figuran el exdirector ejecutivo Santiago Marcelo Hazim Albainy, junto a Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones y Francisco Iván Minaya Pérez. El grupo incluye a exfuncionarios y a antiguos suplidores de la ARS estatal. Todos enfrentan cargos por delitos cometidos en el marco del funcionamiento de la entidad.
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El expediente atribuye a los acusados los cargos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
Dentro del grupo de acusados también aparecen Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo. De acuerdo con Listín Diario, estas tres personas admitieron ante el tribunal haber pagado sobornos a Hazim y a otros funcionarios de SeNaSa. Por su colaboración con la justicia, recibieron arresto domiciliario en lugar de prisión preventiva, condición que se mantiene hasta el avance del proceso.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), dirigida por la procuradora de corte Mirna Ortiz, ha confirmado que las investigaciones alcanzan a otros actores vinculados al presente del organismo. La institución sostiene que las pesquisas avanzan y que la causa podría ampliarse si surgen más evidencias contra otros involucrados.
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La fuente citada por el medio señaló que la solidez de las pruebas reunidas hasta el momento ha sido determinante para que varios imputados consideren la admisión de culpabilidad como una salida procesal ante la gravedad de las acusaciones.
La revisión de la medida de coerción para los imputados aún bajo prisión preventiva será conducida por el juez Deybi Timoteo Peguero en el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional. El Ministerio Público mantiene activa la investigación y no descarta la incorporación de nuevos nombres a la lista de acusados, en función de los resultados que arroje la fase denominada “Senasa 2.0”.
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