El caso Onco14 podría sumar más imputados conforme avance la investigación, según advirtió Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca). La funcionaria indicó que el Ministerio Público mantiene abiertas las indagatorias y que no se descarta la incorporación de nuevas personas al expediente, de acuerdo con lo publicado por Diario Libre.
Durante la audiencia de medida de coerción, Ortiz informó que el tribunal acogió en su totalidad la solicitud presentada por el órgano acusador. La procuradora expresó que “seguiremos investigando, habrá más imputados y el caso promete mucho”, lo que perfila una causa aún en desarrollo y con posibilidades de ampliarse en el corto plazo.
En la misma audiencia, Ortiz aclaró que hasta el momento el Ministerio Público no ha suscrito acuerdos con los imputados. Detalló que la variación de la medida de coerción para Dilcia Isabel Vargas Sánchez se debió a que la acusada admitió su responsabilidad y mostró disposición a asumir las consecuencias legales.
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Esta actitud, según el tribunal, disminuyó el riesgo de fuga y justificó la decisión de aplicar una medida menos gravosa.
Decisiones judiciales y acusaciones del Ministerio Público
La jueza Stephanie Santiago Reyes impuso 18 meses de prisión preventiva a Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, y a su esposa Luisa Yasiris Guzmán, quienes están acusados de estafar al Estado mediante el Seguro Nacional de Salud (Senasa).
La magistrada también declaró el proceso como caso complejo, lo que amplía los plazos para la investigación y el desarrollo del expediente.
Según la acusación del Ministerio Público, una presunta estructura habría operado desde el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC).
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El objetivo de esta red, de acuerdo con las autoridades, era desviar recursos públicos destinados a pacientes con cáncer. Esto habría afectado tanto al Estado, a Senasa como a personas del régimen subsidiado, de acuerdo con el informe presentado por el órgano acusador.
En el caso de Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exvicepresidenta del patronato, la jueza dispuso arresto domiciliario. Esta decisión se tomó después de que el Ministerio Público variara su solicitud debido a la colaboración brindada por la imputada durante la investigación.
Según explicó la fiscal Mirna Ortiz, el tribunal consideró que la medida de coerción estuvo respaldada por pruebas suficientes, incluidas pericias. Ortiz añadió que “el tribunal ha reconocido que la solicitud de medida de coerción es bastante robusta y que el Ministerio Público ha aportado pruebas más que suficientes para establecer el vínculo de los imputados con los hechos, incluyendo evidencias de carácter pericial”.
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Este detalle fue destacado nuevamente por Diario Libre en su cobertura.
El tribunal determinó que Lora Cruceta y Guzmán cumplirán la prisión preventiva en los centros de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres y Rafey Mujeres, respectivamente. Por su parte, Vargas Sánchez deberá permanecer bajo arresto domiciliario mientras avanza el proceso judicial.
El expediente detalla diversas maniobras que, según la acusación, formaban parte del esquema fraudulento. Entre ellas se describen cambios irregulares en indicaciones médicas para facturar procedimientos o medicamentos, doble facturación de tratamientos a Senasa, entrega de dosis incompletas que eran cobradas como completas, venta de medicamentos donados y uso de sellos médicos presuntamente falsificados.
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Las autoridades no descartan que puedan aparecer nuevos elementos que den lugar a adicionales acusaciones en el futuro. El caso Onco14 continúa bajo seguimiento del ámbito judicial y del Ministerio Público, con la expectativa de determinar las responsabilidades vinculadas a la presunta red de corrupción.