El Gobierno de República Dominicana anunció que los precios de los combustibles permanecerán congelados durante tres meses, siempre que el precio internacional del barril de petróleo no supere los $95.00 dólares. La decisión, presentada por el ministro de Hacienda y Economía, Majín Díaz, forma parte de un paquete de medidas para contener los efectos de la crisis internacional y proteger el poder adquisitivo de los hogares.
Durante una conferencia de prensa celebrada el 11 de junio de 2026, Majín Díaz explicó que la política de subsidios a los combustibles ha conseguido limitar el impacto inflacionario en la economía local. La nueva medida implica que, tras un ajuste menor, el gobierno mantendrá los precios sin cambios por un trimestre, en la medida que el mercado mundial del petróleo no traspase el umbral fijado.
El ministro advirtió que, si el precio internacional sube más allá de los 95 dólares, la política de subsidios sería insostenible para las finanzas públicas. Actualmente, el subsidio estatal ha reducido el impacto del alza internacional, asegurando que “de no haber sido por esta política, la inflación rondaría el 8%, en vez del 5% actual”. Esta decisión busca dar previsibilidad y alivio a las familias dominicanas ante la volatilidad de los mercados energéticos.
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Junto al congelamiento de los combustibles, el Ministerio de Hacienda y Economía presentó un plan de reforma tributaria orientado a crear un marco fiscal más sólido y justo. Según la exposición de Díaz, el proyecto será sometido al Congreso Nacional e incluye incentivos para la inversión, simplificación de trámites fiscales y nuevas herramientas para combatir la evasión y la informalidad.
El funcionario aseguró que la propuesta no afecta el ITBIS general, los productos de primera necesidad ni implica aumentos para las Mipymes o la clase media. El plan prevé un aumento temporal de la tasa del impuesto sobre la renta empresarial al 30% durante tres años, solo para grandes compañías con ingresos superiores a mil millones de pesos anuales.
Además, se actualiza el mínimo exento del impuesto sobre la renta personal, lo que dejará fuera del alcance impositivo al 85% de los asalariados del país. También se eleva la deducción por gastos educativos y se amplían los beneficios para familias con hijos con discapacidad.
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Consenso técnico y próxima discusión en el Congreso
Durante la conferencia, Majín Díaz enfatizó la importancia de focalizar los subsidios para que los recursos lleguen a quienes realmente lo necesitan. Para ello, el Ministerio trabaja junto al Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN) y el programa Supérate en una depuración de los padrones, buscando eliminar beneficiarios que ya no califican y sumar a quienes sí cumplen los criterios. La expectativa es lograr un ahorro adicional de hasta diez mil millones de pesos mediante la optimización de estos programas sociales.
El plan fue elaborado con la colaboración de los equipos técnicos del Ministerio de Hacienda, la administración tributaria, el Banco Central y representantes de los principales gremios empresariales. Según el ministro, la mayoría de las grandes empresas valora la estabilidad económica del país y está dispuesta a asumir el sacrificio temporal que implica el ajuste tributario.
La propuesta será enviada al Congreso Nacional en los próximos días para su discusión y aprobación. El Gobierno insistió en que toda recaudación adicional estará sujeta a mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, permitiendo a la ciudadanía monitorear el uso de los fondos recaudados.
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La serie de medidas anunciadas por el Ministerio de Hacienda y Economía busca preservar la estabilidad macroeconómica, proteger a los sectores más vulnerables y sostener el crecimiento económico en un contexto internacional marcado por la volatilidad de los mercados y la crisis energética global.