El asfalto de la calle Puerto Rico, en el sector Alma Rosa I de Santo Domingo Este, guarda desde el pasado miércoles 13 de mayo, una mancha imborrable de impotencia. No es solo la sangre de Esmeralda Moronta de los Santos, una madre y repostera de 36 años, lo que allí quedó esparcido, sino la evidencia de un sistema de protección que, una vez más, llegó tarde.
La difusión de un video de cámaras de seguridad en las últimas horas ha puesto rostro y movimiento al terror que Esmeralda vivió en sus últimos segundos de vida, transformando un dato estadístico en una tragedia nacional que clama por respuestas.
Las imágenes, que han circulado con la rapidez del fuego en las redes sociales dominicanas, son una secuencia de terror puro. El material gráfico inicia con la figura de Esmeralda corriendo desesperada por huir de su expareja, Omar Tejeda Guzmán, de 48 años.
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Su lenguaje corporal en el video es el de un cazador decidido. No hay duda en sus movimientos mientras empuña un arma de fuego calibre 9 milímetros. Los disparos que siguieron silenciaron los sueños de una mujer que solo horas antes creía haber dado el paso correcto para salvar su vida.
La paradoja de la denuncia: El lugar “seguro”
Lo que convierte el asesinato de Esmeralda en un caso de especial crueldad institucional es el origen de su última caminata. La joven no venía de una fiesta, ni de su trabajo en la pastelería; venía de la Unidad Integral de Atención a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales. Irónicamente, el lugar donde fue interceptada se encuentra en la misma calle Puerto Rico donde está ubicada la fiscalía.
La joven madre había acudido esa mañana acompañada de una amiga. Tenía miedo, y tenía razones de sobra para tenerlo. Tras terminar una relación de apenas dos meses con Guzmán, el hombre había transformado su vida en un infierno de vigilancia tecnológica y acoso psicológico.
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Según relataron sus familiares, el agresor utilizaba un dispositivo GPS para monitorear cada movimiento de la joven, acusándola constantemente de tener una nueva pareja. Ella fue a buscar una orden de alejamiento, una barrera de papel que resultó insuficiente ante un hombre armado y decidido.
Durante el velatorio en la Funeraria Municipal Los Girasoles, el dolor se transformó en denuncia pública. Estefanía Moronta, hermana de la víctima, se convirtió en la voz de una familia destrozada pero lúcida. Su reclamo, dirigido directamente a las autoridades dominicanas, resuena como una bofetada a la burocracia estatal.
La hermana de la occisa puso el dedo sobre la llaga al cuestionar la falta de acompañamiento post-denuncia. Para la familia Moronta, el protocolo falló en el momento exacto en que Esmeralda cruzó la puerta de la fiscalía hacia la calle, quedando a merced de un hombre que la esperaba afuera, probablemente sabiendo que ella había ido a denunciarlo.
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El estrépito social provocado por las declaraciones de la familia obligaron a una respuesta inmediata del más alto nivel. La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, no solo lamentó el hecho, sino que tomó una postura crítica hacia sus propias dependencias.
Reynoso ha ordenado una investigación exhaustiva para determinar si la Unidad de Atención a la Violencia de Género de Santo Domingo Este cumplió con los protocolos mínimos de seguridad. La pregunta que la magistrada busca responder es sencilla pero devastadora: ¿Por qué Esmeralda salió sola de la unidad si el nivel de riesgo era tal que su agresor la esperaba a pocos metros?. La investigación promete rigor, pero para los dos hijos menores de edad que deja Esmeralda, cualquier conclusión llegará con un retraso irreparable.
Este viernes, mientras el sol de la mañana caía sobre el cementerio donde fueron enterrados sus restos, la comunidad de Alma Rosa I y los familiares de Esmeralda no solo despidieron a una vecina querida. Despidieron a una mujer de 33 años cuyos “sueños, deseos y anhelos” fueron truncados por su verdugo, quién después de asesinarla, él se quitó la vida.
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