El presidente Luis Abinader anunció este lunes la suspensión inmediata de cualquier actividad relacionada con el proyecto minero Romero en la provincia de San Juan de la Maguana, subrayando que cuando la ciudadanía expresa inquietudes y preocupaciones, el deber es actuar con prudencia y transparencia. Así explicó la decisión de paralizar este proyecto, cuyos antecedentes, tal como recordó el mandatario, no son recientes y su origen se remonta a concesiones de exploración otorgadas durante el año 2005 y reiteradas en 2010.
Durante su mensaje, Abinader enfatizó que el motivo principal para la suspensión radica en la Ley 64-00 de Medio Ambiente, y advirtió: Si la población rechaza de manera masiva un proyecto de esa categoría, no es viable continuarlo. Precisó que, bajo su administración, la iniciativa solo ha estado en fase de evaluación ambiental sin que exista autorización alguna para su explotación. Reiteró también: Mi compromiso es con el país, con su gente y con su futuro.
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La reciente intervención de la Policía Nacional dominicana con gases lacrimógenos y uso de agua a presión para dispersar a una multitud en la provincia de San Juan marca un nuevo episodio en el prolongado conflicto por la posible explotación minera de oro en la localidad de Romero. El enfrentamiento, que ocurrió el domingo 3 de mayo, se produce en medio de una creciente preocupación social por el impacto ambiental y económico que podría acarrear la actividad minera sobre los recursos hídricos y la seguridad alimentaria nacional.
Según información citada por el medio local Diario Libre, hubo cuatro agentes lesionados —tres policías, incluidas dos mujeres, y un capitán del Ejército— tras el lanzamiento de piedras por parte de un grupo al final de la marcha. De acuerdo con el comunicado oficial de la Policía Nacional, el operativo desplegado en los alrededores de la presa de Sabaneta se limitó al empleo de medios no letales y no registró uso de armas de fuego, aunque sí daños materiales en vehículos policiales.
La manifestación incorporó consignas como “Agua sí, oro no” y “No queremos oro, queremos vida” y fue interrumpida precisamente a pocos kilómetros de la presa, en el trayecto hacia el área actualmente afectada por la exploración minera de la empresa canadiense GoldQuest. Testigos citados por la agencia internacional de noticias EFE describieron la movilización como masiva y con participación de distintas organizaciones civiles, portando banderas nacionales y pancartas, además de registrar disparos al aire en medio del clima de tensión.
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San Juan: una provincia productora clave y centro del debate ambiental
La preocupación de los manifestantes se fundamenta en el papel estratégico de San Juan para la agricultura dominicana; la provincia aporta aproximadamente 60 % de las habichuelas y 15 % del arroz que consume República Dominicana, un dato subrayado por el senador de San Juan Félix Bautista a la agencia EFE. Bautista, junto con otros legisladores y grupos ambientalistas y comunitarios, ha frenado la aprobación de permisos de explotación minera y recurrió a sus redes sociales para denunciar la disolución violenta de la protesta, calificando la acción policial como “inaceptable”.
El conflicto tiene raíces de larga data. Hace casi una década, el Estado dominicano otorgó permisos de exploración a GoldQuest, pero hasta la fecha el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales no ha habilitado la explotación de los yacimientos. Como resultado, la labor de GoldQuest se mantiene limitada a actividades de prospección, bajo una concesión oficial que, según reiteró el Gobierno dominicano a EFE, no incluye la extracción de oro.
Posturas de la empresa y de la Iglesia
GoldQuest sostiene que si se le autorizara la explotación, el método de extracción se basaría en técnicas subterráneas —y no a cielo abierto— para obtener oro, plata y zinc. Esta modalidad contrasta con la mina de Pueblo Viejo en Sánchez Ramírez, gestionada por Barrick Gold, multinacional canadiense al frente de una de las explotaciones más grandes del mundo, frecuente referencia en el debate público dominicano sobre los riesgos de la minería a gran escala. La agencia EFE resalta que el temor al impacto ambiental se intensifica por los antecedentes y la magnitud de proyectos previos, así como la participación activa de la Iglesia católica, que sumó su rechazo a la extracción de recursos minerales del subsuelo en Romero.
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