La postergación del proceso judicial contra los propietarios de la discoteca Jet Set en Santo Domingo mantiene en vilo a las familias de las 236 víctimas que dejó el colapso del techo el 8 de abril de 2025.
El tribunal decidió reanudar la audiencia preliminar el 27 de abril, luego de una sesión que se extendió durante más de siete horas.
Durante la audiencia, el juez Reymundo Mejía Zorrilla rechazó la solicitud para reproducir testimonios de testigos. El magistrado argumentó que la fase preliminar no permite interrogatorios ni contra interrogatorios, por lo que advirtió a los presentes que se abstuvieran de recurrir a ese mecanismo, considerado extemporáneo en este contexto.
Según informó EFE, el hecho ocurrió mientras el merenguero Rubby Pérez animaba una fiesta en el local. Tanto el artista como uno de sus músicos perdieron la vida. Entre las víctimas también estaban figuras públicas como el exlanzador de Grandes Ligas Octavio Dotel, la gobernadora de Montecristi Nelsy Cruz, el diseñador de modas Martín Polanco y empleados del establecimiento.
El Ministerio Público sostiene que los dueños de la discoteca, Antonio y Maribel Espaillat, realizaron modificaciones estructurales sin informar a las autoridades competentes. Los fiscales alegan que "no hay registros de inspecciones de los procesos de remodelación“, lo que consideran una infracción legal y una muestra de negligencia.
La acusación contra los propietarios recalca que ignoraron advertencias internas sobre el mal estado del techo, priorizando el ahorro económico pese a los riesgos. Este señalamiento ha sido uno de los puntos centrales en la búsqueda de responsabilidades por parte de los familiares de las víctimas.
En la audiencia, algunos abogados de querellantes pidieron desistir de ciertas acciones judiciales, mientras que el juez recordó que la etapa preliminar solamente evalúa si existen pruebas suficientes para llevar el caso a juicio oral.
El derrumbe conmocionó a la sociedad dominicana. La discoteca Jet Set era uno de los centros de ocio más concurridos de la capital y la magnitud de la tragedia no tiene precedentes en el país.
La investigación reveló que la emergencia afectó a personas de distintos estratos sociales, evidenciando el alcance del suceso. La comunidad artística, deportistas y autoridades locales se contaron entre los fallecidos, lo que incrementó el impacto mediático y social.
El caso Jet Set ha generado un debate nacional sobre la seguridad en locales de entretenimiento y la responsabilidad de las autoridades para supervisar obras en edificaciones públicas. La audiencia del próximo 27 de abril será clave para determinar si los acusados enfrentan juicio oral y público.
Ya ha pasado más de un año de la tragedia en el Jet Set
Transcurridos más de 12 meses desde el colapso, el impacto social y legal del accidente continúa siendo profundo en la sociedad dominicana. La madrugada de la tragedia estuvo marcada por la desesperación de familiares y amigos que acudieron al lugar en busca de noticias, mientras los equipos de rescate trabajaban entre los escombros para socorrer a los heridos y recuperar cuerpos.
En el plano judicial, la Fiscalía imputó a Antonio y Maribel Espaillat por homicidio involuntario y negligencia. Tras una breve prisión preventiva, enfrentan la causa bajo prohibición de salida del país, a la espera de si serán llevados a juicio. En el último año, cerca del 70 % de los familiares de víctimas y heridos ha aceptado acuerdos de compensación económica, aunque una parte significativa continúa con demandas civiles y penales.
La legislación dominicana establece una pena máxima de dos años de prisión para este tipo de delitos, situación que ha generado críticas entre los afectados, quienes consideran insuficiente la condena frente a la magnitud de la pérdida. Por otro lado, las demandas civiles podrían resultar en indemnizaciones millonarias para quienes no llegaron a acuerdos extrajudiciales.