El acceso a un techo digno y propio se ha consolidado como un desafío social en todo el mundo. Según el “Anuario de la vivienda de América Latina y el Caribe 2025”, publicado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), República Dominicana enfrenta un déficit habitacional que afecta a cerca de 1.4 millones de unidades, lo que representa el 39.3% del total de los hogares.
Esta problemática estructural también se ve reflejada en los datos de la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (Enhogar) 2024, también retomados por CAF, descartando que un 48. 9% de las familias no tienen casa propia en Dominicana.
Como resultado de esto, el mercado inmobiliario se ha volcado hacia el arrendamiento: el 42.5% de las viviendas ocupadas en el país caribeño se encuentran en alquiler, evidenciando la dificultad de amplios sectores para transitar hacia la propiedad definitiva.
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El muro de la informalidad y el ahorro
El informe del CAF identifica que, a pesar de la solidez del sistema financiero, con una morosidad hipotecaria de apenas el 0.62% y una cartera de crédito de USD 6,266 millones, el acceso al financiamiento sigue siendo difícil. Una barrera es la informalidad laboral, que se sitúa en un 54.8%.
Para más de la mitad de la fuerza laboral, las condiciones exigidas por la banca para otorgar un préstamo son un obstáculo. Sin un historial crediticio formal y con la necesidad de aportar ahorros significativos para la cuota inicial, el trabajador informal queda atrapado en el mercado de alquiler, sin posibilidades reales de capitalizar su inversión mensual en un patrimonio propio.
El CAF menciona que, según la información de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), el sector habitacional de la República Dominicana presenta un déficit total de 1.46 millones de unidades, equivalente a cerca del 40% de los hogares.
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Este se compone de un déficit cuantitativo de 391,623 viviendas (10,5%) y un déficit cualitativo de 1,073,372 viviendas (28,8%). El país registra aproximadamente 3.7 millones de hogares con un promedio de 2.9 integrantes.
Las recomendaciones
Para democratizar el acceso a la vivienda, el informe del CAF propone una serie de alternativas que buscan romper el ciclo de exclusión financiera y precariedad:
- Diversificación del financiamiento: Impulsar mecanismos alternativos mediante microfinanzas y cooperativas que permitan a trabajadores informales acceder a créditos para compra o mejora de vivienda.
- Fortalecimiento de garantías: Generar mecanismos de garantía estatal para cubrir posibles impagos de los sectores de menores ingresos, incrementando así la confianza del sector financiero privado.
- Enfoque en la vivienda existente: Priorizar programas de mejoramiento habitacional y resiliencia ante el cambio climático, en lugar de centrarse únicamente en la construcción de unidades nuevas.
- Sostenibilidad: En materia de inclusión y sostenibilidad, es prioritario superar las brechas de pobreza y desigualdad mediante el diseño de mecanismos que garanticen a las poblaciones vulnerables el acceso a beneficios estatales y una mejor calidad de vida. Asimismo, se debe avanzar en la sostenibilidad impulsando el ahorro de agua y energía en el hogar, con el respaldo del sector financiero para ejecutar proyectos amigables con el medio ambiente.