Edgardo Kueider y su exsecretaria, Iara Guinsel, recibieron una condena por tentativa de contrabando y ahora están bajo investigación por lavado de activos.
En foco está la adquisición de departamentos de lujo. En ese expediente solicitaron reemplazar la detención domiciliaria que cumplen por una “caución juratoria”. El instituto legal es equivalente a la “libertad bajo palabra” en el sistema procesal de Paraguay y de otros países de tradición jurídica hispana.
Se constituye como un compromiso formal o promesa bajo juramento prestado ante el juez. En el acto, el imputado asume la obligación de someterse al procedimiento judicial. También debe presentarse cada vez que sea requerido y cumplir con las medidas impuestas.
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El planteo fue rechazado. El juez interviniente, Humberto Otazú, consideró en una resolución del 18 de agosto pasado que las circunstancias que llevaron a imponer el arresto domiciliario “no se han modificado”. El magistrado evaluó como inviable la solicitud en razón de que Kueider y Guinsel son ciudadanos extranjeros “sin arraigo suficiente dentro del país”.
Cuál es la situación
Aunque la decisión lo hubiese favorecido, Kueider no habría podido caminar con libertad por las calles de Luque, la localidad lindera a Asunción donde ahora tiene residencia. Es que el exsenador por Entre Ríos soporta tres órdenes de detención domiciliaria en Paraguay. Además de la que se le dictó en la causa por lavado, tiene otra en el expediente de extradición y una más a consecuencia de la condena por contrabando.
En 2025, la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, solicitó al Paraguay que extradite al exlegislador nacional. La magistrada lo investiga por enriquecimiento ilícito, lavado de activos y otros delitos. La Fiscalía del vecino país dio luz verde al pedido. Sin embargo, impuso la condición de que, antes de ser remitido a la Argentina, debe cerrar cuentas con la justicia paraguaya.
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Como Kueider no se allanó al pedido de Arroyo Salgado, se inició un proceso judicial de extradición, conforme al tratado entre ambos países.
En ese momento, el exsenador tenía abierta la causa por contrabando en grado de tentativa. El expediente armado por los USD 200 mil que intentó ingresar sin declarar a Paraguay llegó a juicio en junio. A mediados de julio recibió una condena de dos años. La sentencia fue recurrida y ahora la Sala Primera del Tribunal de Apelación Especializado deberá revisarla.
Cuando este juicio estaba por comenzar, Kueider y Guinsel fueron procesados por lavado de activos.
Departamentos y cocheras
Según la acusación de las fiscales Luz Guerrero y Verónica Valdéz, existen indicios de que los imputados ingresaron fondos ilícitos al sistema financiero comercial legal de Paraguay. Con estos recursos se habrían adquirido seis departamentos y sus respectivas cocheras. Las propiedades están en un edificio de lujo en el centro de Asunción.
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El complejo se llama Innova Las Mercedes. Se encuentra en la avenida General Santos esquina Marco de Brix. Uno de los departamentos es la unidad “G” en el séptimo piso, de 2 dormitorios y 2 baños. Se suman dos más en el sexto nivel (“C” y “D”) y otros tantos en el segundo (“B” y “C”). El último está en el primer piso “B”. Estos cinco cuentan con un dormitorio y un baño. Las cocheras se localizan en el segundo subsuelo.
La investigación fiscal evaluó que para adquirir estas unidades, Kueider apeló a la mascarada de una sociedad anónima paraguaya: Golsur. La firma está a nombre de dos ciudadanos del vecino país: Amado Andrés Torales Benegas y José Fernando Cousirat. Ambos adquirieron la empresa meses antes de que el exsenador caiga detenido. Y le dieron a Guinsel un poder plenipotenciario para manejar la firma.
La Justicia ordenó el embargo de esos bienes. En Paraguay, el lavado de activos tiene una pena en expectativa que va desde los 5 a los 10 años de prisión.
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