El Gobierno cerró una nueva paritaria para los trabajadores de la administración pública nacional con una mejora acumulada del 6,64% para el período junio-agosto y un bono remunerativo de $50.000 el mes próximo, pero el incremento otorgado volvió a dividir a los sindicatos: la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) lo aceptó y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) rechazó al considerar que consolida la pérdida salarial en el sector público.
Según datos difundidos por ATE, en el período paritario anterior los aumentos sumaron 21%, mientras que la inflación acumulada en el mismo lapso fue del 33,2%. Para el gremio, que dirige Rodolfo Aguiar, esa brecha de 12,2 puntos explica su rechazo a una oferta del Gobierno que, además, no incluye mecanismos de recuperación ni actualización automática frente a los precios.
El flamante aumento, que corresponde a la apertura del período paritario junio de 2026-mayo de 2027, consiste en un 2,4% desde el 1° de junio, un 2,2% a partir del 1° de julio y un 1,9% desde el 1° de agosto, además del pago por única vez de $50.000 este último mes.
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UPCN, que lidera el dialoguista Andrés Rodríguez, resolvió aceptar la oferta y firmar el acuerdo salarial. De esa forma, el aumento acumulado del 6,64% quedó formalmente homologado para el próximo trimestre y pasa a ser la referencia para los trabajadores estatales alcanzados por el convenio nacional.
Desde el oficialismo sostienen que el esquema busca acompañar la evolución de los precios en un escenario de desaceleración de la inflación mensual respecto de los niveles de los primeros meses de la gestión libertaria.
Por su parte, ATE rechazó de plano la propuesta oficial y cuestionó tanto los porcentajes como la falta de una recomposición por la pérdida acumulada del poder adquisitivo. “No estamos dispuestos a negociar ningún ajuste”, expresó Aguiar tras la reunión paritaria. Y agregó que la oferta “es insuficiente, perjudica a los trabajadores y quita derechos a todo el pueblo”.
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Según Aguiar, la propuesta tampoco incluye mecanismos automáticos de actualización frente a la inflación. “El Gobierno viola la buena fe que debe existir en las negociaciones y que está garantizada por la ley”, dijo.
Antes de la audiencia, el gremio había reclamado una suma fija de $400.000 para todos los trabajadores estatales, aumentos por encima de la inflación y una cláusula de actualización automática para resguardar los ingresos ante la suba de precios.
“Es imperiosa la necesidad de que se otorgue una suma fija para recomponer rápidamente los ingresos más bajos de la administración, ya que la pérdida de poder adquisitivo de los sueldos públicos no tiene precedentes cercanos”, había señalado Aguiar.
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ATE sostuvo que ninguna de sus demandas encontró una respuesta positiva. Entre esos planteos, el sindicato incluyó la reapertura de todos los convenios colectivos del sector público, la reactivación del Fondo Permanente de Capacitación y Recalificación Laboral (FOPECAP), la derogación de la Ley 27.802 de Modernización Laboral y el cese de los despidos en el Estado.
Para el sindicato, la discusión salarial actual no puede separarse del deterioro de los ingresos. Según ATE, la pérdida de poder adquisitivo durante la gestión de Javier Milei supera el 40%. “Desde que asumió hasta ahora, Milei le confiscó 12 millones de pesos en promedio a cada uno de los estatales”, afirmó Aguiar.
El dirigente también sostuvo que la nueva oferta salarial “coloca cada vez más lejos la posibilidad de lograr un entendimiento” y advirtió que la decisión oficial “acelera la conflictividad en el Estado”.
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