Asociaciones civiles denunciaron que la nueva ley de Lobby restringirá la participación ciudadana

Diferentes organizaciones de la sociedad civil participaron este miércoles de un plenario de comisiones en la Cámara de Diputados para proponer cambios al proyecto de ley de Lobby que impulsa el Gobierno. Si bien todos reconocieron la importancia de regular la gestión de intereses, a lo largo de la jornada se repitieron las críticas a la redacción del texto.

“Un régimen excesivamente punitivo podría generar efectos no deseados desalentando la participación legítima de las empresas, organizaciones de la sociedad civil u otros actores en los procesos de elaboración de políticas públicas”, resumió Alejandro Díaz, CEO de AmCham.

La iniciativa, denominada Ley de Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses, crea un Registro Público de Gestores de Intereses de acceso gratuito y digital, en el que deberán inscribirse de forma previa todas las personas —humanas o jurídicas— que pretendan influir en la elaboración de leyes, actos administrativos, contrataciones públicas, subsidios, habilitaciones o designaciones. Ningún funcionario podrá reunirse con un gestor que no acredite inscripción vigente, y cada contacto deberá quedar registrado dentro de los cinco días hábiles de producido.

Además, el proyecto incorpora un capítulo específico para la gestión de intereses extranjeros, con obligaciones reforzadas para quienes representen a Estados, gobiernos, partidos políticos, empresas estatales o personas jurídicas constituidas en el exterior. Ocultar ese carácter es considerado infracción grave, y actuar clandestinamente en nombre de un principal extranjero en asuntos de defensa nacional, seguridad interior, inteligencia, relaciones exteriores, infraestructuras críticas o recursos naturales puede derivar en prisión de hasta tres años.

El régimen sancionatorio combina las vías administrativa y penal. En el plano administrativo, las multas van de 5 a 500 salarios mínimos vitales y móviles, con un agravante de hasta 2.000 salarios en casos de falsedad o reincidencia, más la posibilidad de suspensión en el registro por hasta 12 meses o inhabilitación definitiva. En el plano penal, gestionar sin inscripción o falsear información con aptitud para afectar un proceso decisorio público conlleva prisión de seis meses a dos años, mientras que la obstrucción dolosa de la fiscalización se sanciona con multa e inhabilitación especial de uno a cuatro años.

Ante la consulta de Infobae, desde el oficialismo reconocieron que seguramente acepten modificaciones, principalmente en la parte de las sanciones penales. “Vamos a hacer todo para poder dictaminar la semana que viene”, aseguraron. Por su lado, algunos espacios de la oposición, como Unión por la Patria o la Coalición Cívica, presentarán sus propios dictámenes.

En la previa del plenario de comisiones, organizaciones Amnistía Internacional, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Democracia en Red Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Fundación Protestante Hora de Obrar, Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), Fundar, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Fundación Huésped, Poder Ciudadano y Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) difundieron un documento conjunto con sus cuestionamientos al proyecto.

“El proyecto de ley impacta de forma directa sobre el derecho constitucional a peticionar ante las autoridades”, plantearon en el documento titulado “Participación vigilada”.

En términos concretos, señalaron que la definición de “gestión de intereses” es extraordinariamente amplia. Por lo que actividades normales en una democracia (como reunirse con legisladores, impulsar reformas o participar del debate público) quedan sujetas a “supervisión estatal permanente sin importar el sujeto que las impulse”.

En ese sentido, explicaron que la participación social en la construcción de políticas públicas es una forma muy valiosa de democratización del Estado. “Los procesos de toma de decisión incorporan perspectivas, saberes y demandas que de otro modo quedarían ausentes. Al equiparar esa participación con el lobby comercial y someterla a idénticos mecanismos de registro, control y sanción, el proyecto convierte en sospechosa una práctica que es, en sí misma, parte de la vida democrática”, advirtieron.

Pablo Secchi, Director de Poder Ciudadano, cuestionó que el proyecto meta “en la misma bolsa” al que se reúne con un funcionario para que una ley lo beneficie y al que pide una audiencia pública para mejorar una ley de acceso a la información pública.

“A nadie hay que pedirle permiso para ejercer la participación ciudadana. Susana Trimarco, que perdió a su hija Marita Verón; Juan Carlos Blumberg, cuyo hijo murió tras un secuestro; o María Luján Rey, que buscó a su hijo entre los escombros de la tragedia de Once, según este proyecto son gestores de intereses, deberían pedir permiso para intentar influir en políticas públicas, deberían registrarse como una tabacalera”, detalló.

Y agregó: “Una ley que equipara a Susana Trimarco con un lobbista corporativo, no es una ley de transparencia, porque si todos somos lobbistas, nadie lo es”.

En la misma línea, Alejandra García, presidenta del Colegio Público de Abogados de la Capital, destacó que Argentina necesita una ley de lobby desde hace tiempo, pero aclaró que la ley “tiene que servir para transparentar el ejercicio del poder, no para intimidar a quienes lo cuestionan; para desalentar la corrupción, no para criminalizar la participación democrática; para regular la actividad del lobbista profesional, no para colocar bajo riesgo de sanciones penales a los abogados que defienden a sus clientes, al académico que opina sobre una norma o al colegio que defiende a sus representados” y llamó no aprobar el proyecto si mantiene su redacción actual.

“Desde ACIJ, creemos que debe mirarse con fuerte sospecha y debe rechazarse toda iniciativa, que, aún cuando se trata de temas como el lobby, cuya regulación es legítima, debido a su redacción es posible de ser utilizada de manera parcial y arbitraria por cualquier autoridad de turno, ahora o en el futuro”, dijo Eduardo Ferreyra, Codirector Ejecutivo de ACIJ.

Otros puntos cuestionados por las asociaciones civiles

• Se exige la inscripción previa en un registro público para cualquier gestión de intereses, especialmente si hay financiamiento o representación de “intereses extranjeros”. Esto puede resultar en barreras burocráticas significativas para organizaciones pequeñas y limita la libertad de asociación y la participación política.
• El proyecto asocia a organizaciones que reciben fondos internacionales con la representación de intereses extranjeros, permitiendo al Estado calificarlas como “gestoras de interés extranjero” incluso sin vínculo directo. Esto facilita procesos de estigmatización y presión política sobre actores críticos del gobierno.
• La autoridad de aplicación designada carece de independencia y dispone de amplias facultades discrecionales para reglamentar, fiscalizar y sancionar, lo que habilita riesgos de aplicación selectiva y arbitraria de la ley contra voces disidentes.
• Se establecen sanciones administrativas y penales severas, incluyendo multas de hasta 2.000 salarios mínimos, suspensión e inhabilitación definitiva. Estas sanciones pueden ser insignificantes para grandes empresas pero impagables para organizaciones sin fines de lucro.
• La redacción ambigua de las excepciones (como para actividades periodísticas) y la falta de diferenciación entre tipos de gestión de intereses pueden afectar la labor periodística, el acceso a la información y el periodismo de investigación.