El Gobierno nacional resolvió frenar el tratamiento en el Senado de los pliegos de los jueces Alejandro Javier Catania y Juan Pedro Galván Greenway, ambos postulados para integrar la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, después de que sus nombres quedaran bajo revisión política por intervenciones judiciales relacionadas con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino.
Fuentes oficiales confirmaron a Infobae que la Casa Rosada no prevé por ahora retirar formalmente las postulaciones, como se había especulado recientemente, sino que optó por postergar su tratamiento parlamentario hasta que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico resuelva la apelación presentada por Tapia y Toviggino en la causa donde ambos fueron procesados por apropiación indebida de aportes y tributos y asociación ilícita.
El Gobierno decidió suspender el avance legislativo sobre los pliegos de Catania y Galván Greenway, quienes actualmente integran juzgados con intervenciones en expedientes vinculados a la conducción de la AFA, hasta que se resuelva la situación judicial de Tapia y Toviggino, según informaron fuentes del oficialismo.
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La definición tiene impacto político y judicial, dado que los dos magistrados postulados ocupan actualmente juzgados con antecedentes en causas sensibles para el fútbol argentino. En la Casa Rosada evalúan que avanzar con los ascensos podría generar cuestionamientos en medio de investigaciones que afectan a la cúpula de la AFA.
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico cuenta actualmente con una integración mínima: solo el juez Roberto Hornos y la jueza Carolina Robiglio conforman las Salas A y B, respectivamente, mientras los demás cargos permanecen vacantes. Este tribunal será el encargado de definir la apelación presentada por Tapia y Toviggino en el expediente que investiga presuntas irregularidades tributarias y previsionales.
En el oficialismo existe la decisión de aguardar esa resolución antes de habilitar cualquier avance legislativo. Los expedientes se encuentran formalmente en el Senado y forman parte del paquete de nombramientos judiciales impulsado por el Ministerio de Justicia, encabezado por Juan Bautista Mahiques.
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Se trata del Expediente PE. 35/26, mensaje N° 46/26, que solicita acuerdo para designar vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, Sala B, al doctor Alejandro Javier Catania, conforme mensaje N° 99/26. El Expediente PE. 37/26, mensaje N° 48/26, solicita acuerdo para designar vocal de la misma Cámara, Sala A, al doctor Juan Pedro Galván Greenway, también conforme mensaje N° 99/26.
Ambos candidatos ya atravesaron la audiencia pública ante la Comisión de Acuerdos del Senado el pasado 6 de mayo, en el marco del procedimiento constitucional para la cobertura de vacantes judiciales.
No obstante, fuentes parlamentarias de la comisión indicaron a Infobae que no existe una definición política sobre el futuro de ambos pliegos y, por el momento, no hay fecha prevista para su tratamiento en el recinto.
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La situación de Galván Greenway quedó especialmente expuesta por su intervención en una resolución favorable a Tapia en una causa sobre supuestas irregularidades en el manejo institucional de la AFA. Este antecedente provocó cuestionamientos internos en el oficialismo y observaciones políticas en sectores parlamentarios.
En el caso de Catania, las objeciones se centran en antecedentes de actuación judicial y vínculos políticos que volvieron a ser analizados en el contexto del avance de investigaciones sobre la estructura financiera de la AFA y las denuncias presentadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
La decisión de congelar los ascensos coincide con el endurecimiento de la estrategia oficial respecto al fútbol argentino. En las últimas semanas, el Gobierno designó veedores en la AFA y la Superliga, mientras distintos expedientes judiciales pasaron a fueros federales y penales económicos.
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Entre estos procesos se destaca la causa que tramita en el juzgado penal económico a cargo de Diego Amarante, donde Tapia y Toviggino fueron procesados por apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social. Recientemente, una ampliación de denuncia presentada por ARCA incorporó sospechas de asociación ilícita fiscal y facturación apócrifa.
Este expediente se convirtió en uno de los focos judiciales más sensibles para la cúpula de la AFA y es seguido de cerca por el Gobierno, sectores del Poder Judicial y el Congreso.
En este contexto, la Casa Rosada busca evitar que los ascensos de magistrados relacionados con decisiones judiciales favorables a la cúpula de la AFA queden expuestos políticamente antes de la resolución de la Cámara sobre un caso de alto impacto institucional y mediático.
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Fuentes oficiales insistieron ante Infobae en que la decisión “no implica bajar los pliegos”, sino administrar los tiempos políticos y parlamentarios hasta que exista una definición judicial sobre la apelación pendiente.