El Ministerio de Justicia volvió a postergar la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). La decisión alcanza a las cámaras federales de apelaciones porteñas en lo penal y en lo penal económico.
La medida se hizo efectiva mediante la publicación de la resolución 186/2026 en el Boletín Oficial. De acuerdo con la medida anterior, el código tenía que implementarse el próximo 10 de noviembre. Sin embargo, la nueva fecha de aplicación será el 15 de febrero de 2027.
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La decisión responde a una serie de dificultades técnicas, materiales y organizacionales identificadas en el proceso de transición.
Estas dificultades han afectado la capacidad de la Justicia Federal penal y penal económica para adecuarse al nuevo modelo, que ya rige en múltiples provincias y distritos federales del país. El Ministerio de Justicia comunicó que la medida otorga un margen adicional para culminar obras de infraestructura, ampliar recursos humanos especializados y asegurar una migración ordenada hacia el sistema acusatorio.
El Código Procesal Penal Federal (T.O. 2019) establece un cambio de paradigma en el proceso penal, al introducir el sistema acusatorio y fortalecer la oralidad y la celeridad de los juicios.
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Según lo informado por el Ministerio de Justicia, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires concentra cerca del 15% de la dotación de magistrados del Ministerio Público Fiscal y casi el 19,2% de los jueces federales del país.
El distrito de la Capital Federal no solo concentra la mayor parte de las causas penales federales complejas, sino que también alberga infraestructuras estratégicas como el Puerto Nuevo y el Aeroparque Jorge Newbery. Esto implica un volumen elevado de conflictos de competencia y una alta densidad de investigaciones vinculadas a delitos económicos, corrupción, lavado de activos, narcotráfico y trata de personas.
La migración al sistema acusatorio enfrenta, además, el reto de administrar un considerable número de causas que aún tramitan bajo el sistema mixto, lo que exige una reorganización profunda de recursos humanos, tecnológicos y edilicios. A pesar de las inversiones ya realizadas en equipamiento informático, salas de audiencias y programas de capacitación, la Procuración General de la Nación advirtió que persisten “asimetrías operativas” y una “insuficiencia crítica de espacios físicos” para el funcionamiento pleno del nuevo modelo.
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En respuesta a estos desafíos, el Ministerio de Justicia sostuvo que la medida busca asegurar que la implementación del sistema acusatorio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se produzca bajo condiciones óptimas, capaces de garantizar la sostenibilidad institucional y la eficacia del proceso penal federal.
El nuevo sistema rige actualmente en nueve distritos federales, que incluyen provincias como Chaco, Formosa, Corrientes, Salta, Jujuy, Santa Fe, Mendoza, San Juan, San Luis, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, y La Pampa, así como partes de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, todavía resta implementarse en otros nueve distritos, entre ellos Córdoba, La Rioja, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Entre Ríos, Misiones y sectores de la provincia de Buenos Aires.
El Ministerio de Justicia subrayó que la implementación del sistema acusatorio constituye una política de Estado que involucra la cooperación activa de los tres poderes y diversas agencias. En ese sentido, se destacó la labor de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Consejo de la Magistratura, la Cámara Federal de Casación Penal, la Procuración General de la Nación y la Defensoría General de la Nación.
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El aplazamiento decidido por el Ministerio de Justicia permitirá continuar con las actividades institucionales preparatorias y concluir las inversiones en infraestructura y recursos humanos para la transición.
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