Luego de una semana agitada por las polémicas en torno a Manuel Adorni, el Gobierno busca pasar rápidamente de página y se prepara para comenzar el debate en el Congreso de las primeras reformas, varias de las cuales sufrieron cambios de último minuto, mientras avanza en las negociaciones con las provincias para conseguir los votos necesarios para aprobarlas.
Hace algunas semanas, el propio jefe de Gabinete anticipó, a través de un mensaje que publicó en las redes sociales, la lista de proyectos que enviaría el Poder Ejecutivo en esta etapa inicial, aunque en estos días algunos se modificaron, otros se quitaron y hibo también agregados.
Una de las iniciativas que estaba previsto que se tratara ahora y finalmente se va a demorar -una vez más- es el nuevo Código Penal, el cual se viene trabajando incluso desde administraciones anteriores.
Si bien el ex ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, había dejado un texto listo con más de 900 artículos, su sucesor, Juan Bautista Mahiques, decidió revisarlo antes de avanzar.
El funcionario entrante les pidió recomendaciones a los principales actores del mundo judicial y, durante una reunión en la Quinta de Olivos con el presidente Javier Milei, se decidió volver a redactarlo para que quede más corto, entre otras mejoras que se harían.
En cambio, el oficialismo mandará a la Cámara de Diputados un paquete de medidas orientadas a endurecer las penas para determinados delitos y crear nuevas tipificaciones para cuestiones cotidianas y que el mandatario nacional entiende que son más urgentes.
Entre las novedades hay sanciones para ilícitos migratorios, estafas piramidales, viuda negra, salideras y entraderas, motochorro, daño animal, armas en las cárceles, picadas, casos de incumplimiento de deberes alimentarios, trapitos, grooming y abuso sexual infantil.
Por su parte, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, logró sumar al temario de estas sesiones ordinarias la demorada “Ley de Hojarasca”, que también se venía anunciando desde hace tiempo.
Con este proyecto, el Gobierno buscará derogar cerca de 70 normas que considera obsoletas, ya sea porque fueron superadas por otras más modernas; porque remiten a procesos inexistentes u organismos disueltos; porque eliminarlas implica un avance en el proceso de desburocratización; porque afectan libertades individuales, o porque quedaron sin efecto por el avance de la tecnología, economía o paso del tiempo.
Entre las leyes que dejarían de regir si se sanciona esta iniciativa está, por ejemplo, una de 1864 que inhabilita por 10 años a cualquier autoridad que haga azotar a una persona u otra de 1965 que obligaba al Poder Ejecutivo a comprar solamente autos nacionales para la flota oficial.
El miércoles, luego de la conferencia de prensa que brindó para intentar acallar las críticas en su contra, Adorni recibió a Sturzenegger para terminar de definir los detalles del texto que un día después fue firmado por el Presidente.
Entre las medidas que estaban en la lista original y que permanecerán sin cambios -al menos por ahora- está la de propiedad privada, que incluye asuntos como expropiaciones, venta de tierras, incendios forestales y la regularización dominial para la integración socio urbana.
Esta iniciativa entrará por el Senado y es por eso que el jefe de Gabinete también se reunió en la Casa Rosada con Patricia Bullrich, que encabeza el bloque de La Libertad Avanza en ese recinto.
Además, el Ejecutivo pretende sancionar las modificaciones a las leyes de glaciares (que ya tiene media sanción), de discapacidad y de financiamiento universitario.
Para avanzar con todas estas medidas, las autoridades nacionales saben que necesitan el respaldo de las provincias y es por esta razón que el ministro del Interior, Diego Santilli, retomó sus recorridas por el país.
Hace dos semanas se reunió con los mandatarios de San Juan, Claudio Poggi, y Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, y el viernes último viajó a Mendoza para encontrarse con Alfredo Cornejo.
Si bien comenzó por los dirigentes aliados o más cercanos a la Casa Rosada, el objetivo del funcionario es visitar a casi todos los gobernadores, con excepción de aquellos opositores duros, como Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa) o Ricardo Quintela (La Rioja).
En este sentido, en el oficialismo quieren acelerar las negociaciones para evitar que toda conversación comience a ser opacada por la campaña electoral de cara al 2027, que calculan que empezará a fines de este mismo año.
“Muchos gobernadores van a desdoblar y eso está bien, están cuidando su territorio, es lógico que lo hagan. Nosotros no vamos a adelantar los comicios”, advirtió un integrante de la mesa política libertaria.